Carlos
Ramírez
En el Acuerdo
Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad de 2008, presidente de la república, gobernadores y alcaldes se
comprometieron en un plazo de seis
meses a dos años a limpiar sus
cuerpos locales de seguridad, profesionalizar a su personal y abatir las cifras de delincuencia. Hoy
la situación es peor.
Hubo entonces
compromisos estrictos asumidos por
las asociaciones de alcaldes: depurar y fortalecer las instituciones de
seguridad y procuración de justicia, programa de procedimientos policiales,
mejorar las condiciones de seguridad pública, programa para incorporar el
componente social a la estrategia de seguridad, indicadores de evaluación y
seguimiento y reasignación presupuestal para policías municipales.
Once años
después, en 2019, el secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana,
Alfonso Durazo Montaño, definió el “Modelo nacional de policía y justicia
cívica” que se ha topado con el muro
de resistencia de los intereses de gobernadores y alcaldes. El proyecto partió
de una realidad; hacia 2018 la población mantenía un 48.2% de confianza en las policías municipales y 54.3% en las policías estatales.
La desconfianza
en policías locales era parte del deteriorado
ciclo de justicia local: de 33 millones de delitos, sólo se denunciaba el
10.4%, el 6.76% derivaba en investigaciones iniciadas y había un 0.4% de acusados a disposición del
juez.
La seguridad y
justicia a nivel local fue desdeñada
en el pasado y en la actualidad son los gobernadores y alcaldes los que se resisten a profesionalizar sus cuerpos
de seguridad y justicia. Por ello ocurren hecho como la complicidad de policías estatales y municipales con el crimen
organizado, la poca capacitación para atender delitos más allá de los cívicos y
abusos de uso de la fuerza ante
manifestaciones sociales de protesta.
Hasta ahora, el
nuevo modelo policial que involucra
a cuerpos de los tres niveles de gobierno se ha centrado en supervisar el funcionamiento, pero sin
pasar antes por la reordenación de los cuerpos de seguridad, la unificación de
criterios legales, el equipamiento y, de manera principal, la capacitación de los policías para
atender los diferentes grados de la inseguridad; los delitos que afectan al ciudadano y a sus propiedades, la
violencia criminal, la impunidad, la baja confianza en la policía.
Las protestas sociales en Guadalajara y
Ciudad de México que generaron respuestas agresivas y violentas de policías sin
capacitación para enfrentar motines sociales improvisados o intencionales han
vuelto a colocar a las fuerzas locales de seguridad en el ojo de la crisis de la seguridad. Los policías usan exceso de fuerza contra ciudadanos que
protestan por asuntos sociales, pero se notan sumisas ante la penetración de bandas delictivas en
comunidades sociales que debieran de ser protegidas por los cuerpos locales de
seguridad y justicia.
El modelo
policial nacional que involucra a las policías estatales y municipales consta
del dieciocho comisiones de control,
capacitación, medición de resultados, evaluación, atención de delitos más
conflictivos y hasta de salarios policiales, pero por falta de colaboración de gobernadores y alcaldes no se han podido
aplicar con diligencia, rapidez y resultados.
Una de las
aportaciones del nuevo modelo policial ha sido cerrada a piedra y lodo por los propios policías: el desarrollo del
modelo de consejero ciudadanos de la
policía y de comités ciudadanos de seguridad, porque implicaría abrir las
instituciones policiacas y de justicia a la supervisión y participación de los
ciudadanos afectados por la inseguridad.
Si el nuevo
modelo policial se aplicara en dos
años, la calidad de la seguridad y justicia a nivel local impediría los abusos, cerraría las puertas a las bandas delictivas
y elevaría la confianza ciudadana. Pero gobernadores, alcaldes y policías
siguen rechazando esa propuesta.
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BC, sucesión. Como nada más pudo tener
dos apretados años de gobierno, al mandatario estatal Jaime Bonilla le urge
colocar a su delfín en posición
ventajosa de salida para la elección del 2021, aun violando las reglas de
equidad. Pero a su preferido Mario Jesús Escobedo Carignan se le tienen ya
expedientes de irregularidades que lindan en la corrupción, tráfico de
influencias, abuso de autoridad y hasta de soborno por parte de la gasera Blue
Propane. Como es usual, datos han sido radicados ya en la Unidad de
Inteligencia Financiera de Hacienda.
Política para dummies: La política es la sensibilidad para atender los
problemas sociales y no callarlos a toletazo limpio.
@carlosramirezh
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