Carlos Ramírez
Si la carta oficial del
presidente de la república a la Suprema Corte de Justicia para solicitar la aprobación de una pregunta orientada a
investigar delitos y penalizar de
manera legal a cinco expresidentes
de la república, la mafia de la toga
decidió convertirse en un tribunal
Robespierre de la Revolución Francesa para investigar “decisiones políticas” pasadas de “actores políticos”.
La Corte la tenía fácil: declarar la inconstitucionalidad de la pregunta presidencial o decretar su constitucionalidad y avalar el proceso.
Al final de cuentas, el presidente López Obrador dejo muy claro que quería sólo cumplir su compromiso de campaña
de juzgar a expresidentes a petición
popular y que en la consulta él como jefe del Estado iba a votar que no se juzgaran.
Pero el ministro presidente Arturo Robespierre Saldívar ser quitó la toga de gran magistrado constitucional y se puso el disfraz de ideólogo de la Cuarta Transformación
para racionalizar y razonar lo que debiera
ser la democracia participativa de la propuesta lopezobradorista, sólo que con
argumentos que nada tenían que ver
con su función de templario guardián
del santo grial de la Constitución.
La pregunta aprobada
por los once de la mafia de la toga
propone investigar “decisiones políticas”
de “actores políticos”, sin
esclarecer, ninguno de ellos, lo que se entiende por política; y por política,
de Aristóteles a Machiavelli, se tiende el ejercicio del poder como capacidad de dominación del otro. A partir de ahora, todas las “decisiones políticas” de
funcionarios públicos estarán sometidas a consultas populares para su
investigación penal, sin que medie,
como enseñan a los abogados en los primeros cursos de derecho, denuncia con
enlistado de comisión de presuntos delitos.
La maniobra del ministro Arturo Robespierre Zaldívar para atender
las peticiones presidenciales regresó
el derecho a los tiempos priístas en donde la ley se aplicaba por razones de poder, no de derecho; es decir, lo que
pudiera llamarse la Ley del Alazán
Tostado, en homenaje a Gonzalo N. Santos, el prototipo del político de pistola y puño que
consideraba que la moral era un árbol que daba moras.
Lo que viene ahora es
hacer la consulta, lograr el 40% de los votos a favor para hacerla vinculatoria
y legal y a partir de ahí integrar
los expedientes legales para discernir aquellas “decisiones políticas” que hubieran afectado la
justicia y los derechos de las “posibles
víctimas”. Y aquí está otro
desaguisado jurídico de la mafia de la
toga: no hay identificados delitos y menos víctimas, sobre todo si se
aplicara el actual catálogo de
delitos legales que reconoce el código federal de procedimientos penales. Claro,
queda como salida que una vez que se
determine que los presuntos delitos políticos no son delitos legales, entonces la Corte apruebe otra consulta para preguntarle a la
gente si se convierten en delitos las meras acusaciones políticas producto de decisiones políticas de los
actores políticos.
Por primera vez la Corte como la Catedral del Derecho y de las
Leyes aprueba una consulta para
iniciar procesos legales sobre “decisiones políticas”
que no están tipificadas de manera penal en las leyes. Si alguien quisiera jugarle una mala pasad a la mafia de la toga, podría solicitar el amparo de la ley porque nadie puede ser
perseguido ni investigado sin
definir delitos concretos que estén en el código penal.
El ministro presidente Arturo Robespierre
Zaldívar metió a la Corte en un hoyo
jurídico, constitucional y político
del tamaño del Cañón del Sumidero.
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EE. UU. 2020. De manera sorpresiva el presidente Trump anunció estar infectado
por el coronavirus. Y no queda claro
qué viene: ¿justificación de la derrota, posposición de elecciones,
victimización electoral?
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Política para dummies:
La política es la antítesis del derecho, para acabar pronto.
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