JOSÉ MARTÍNEZ M.
El líder aquél que mandaba al diablo a las instituciones, que se
refocilaba poniendo apodos a los expresidentes, que insultaba a los
ministros de la corte a los que llamaba “parásitos”, que ninguneaba al
Congreso a cuyos legisladores daba un trato de sirvientes, que asumía a
la prensa como sus enemigos, que menospreciaba a las mujeres y negaba la
ayuda a los niños con cáncer, ahora es el poder de los poderes, no
importa que pisotee a las leyes y maltrate la investidura presidencial
como un trapeador. Ahora, él es el inquisidor, el verdugo que decide
quiénes deben ser echados a la hoguera.
“El Estado soy yo”, como el
Rey Sol –Luis XIV de Francia– Obrador con la complicidad de la Suprema
Corte se erige como Dios en el poder.
Obrador llegó a Palacio
Nacional con la ambición de erigirse en un prócer pero en su ambición se
conduce como un charlatán, como un payaso que hace muy bien su papel,
pues lo que dice no tiene la menor importancia, como lo hizo en el foro
de las Naciones Unidas con sus payadas donde se exhibió como lo que es.
Lo malo es cuando se entromete en asuntos que no son de su incumbencia,
cuando no muestra el menor respeto por los otros poderes y las
instituciones autónomas, como auto-erigirse en el “guardián” de las
elecciones y doblegar a la Corte para saciar su venganza contra los
expresidentes.
No importa que Obrador cuente con la fidelidad de
cuatro de los once ministros que componen la cabeza del Poder Judicial.
Lo que importa es intimidar y sacar raja política.
La Suprema Corte
–desde su origen con la Constitución de 1824– ha sido parte del poder
político. Hubo un tiempo, incluso, con las reformas a la Constitución de
1857 en que el presidente de la Corte ocupaba la vicepresidencia de la
república. Lo malo ahora en nuestros tiempos, es que con Obrador la
Constitución ha dejado de ser la norma jurídica.
Está claro que no
es una decisión habitual que los ministros desafíen al presidente, por
el contrario los integrantes de la Corte generalmente toman sus
decisiones con base en cálculos políticos, como ocurrió ahora con la
declaración de constitucionalidad de la consulta para enjuiciar a los
expresidentes.
Para algunos significa que Obrador doblegó al Poder
Judicial y ahora tendrá directa e indirectamente el aval para juzgar a
sus antecesores, pues podrá justificar que no está solo en esa aventura.
Ante el acoso presidencial, la ministra Norma Piña fue contundente “mi
responsabilidad es no ceder a presiones más allá de las que derivan de
mis responsabilidades constitucionales”.
Está claro que la ley no debe ser sometida a consulta.
El jurista Diego Valadés, exprocurador general y exministro de la Corte
frente a la “constitucionalidad de la Consulta”, dice que “ahora no
todos los presuntos inocentes son iguales. En unos casos hay que
preguntárselo al pueblo, en otros no es necesario. No encuentro la base
constitucional del criterio que convierte a un instrumento político en
requisito de procedencia para la acción penal”.
En efecto, Obrador
está construyendo un régimen donde la ley se convierte en el gobierno de
las muchedumbres, donde impera la violencia y el desprecio por las
leyes. Con la aprobación de la Corte ahora los ciudadanos –en especial
las mayorías incultas– tienen el derecho hacer lo que deseen o lo que se
propongan. Ya lo vimos primero con la cancelación del aeropuerto de
Texcoco y luego con la construcción del tren maya. Todo resuelto por
consultas.
Con la llegada de Obrador al poder hemos visto cómo desde
Morena el gobierno echa mano de la movilización de las mayorías
incultas para el uso indebido de la fuerza e imponer sus proyectos. Eso
que él llama “el pueblo bueno”.
Obrador le tiene bien tomado el
pulso a la muchedumbre para imponer un estilo particular de gobernar, no
importa que el llamado del tabasqueño no sea racional, pero él sabe
apelar a los sentimientos, utilizando el miedo y el nacionalismo, el
circo, el linchamiento y la dádiva como formas de ejercer justicia y
repartir bienes.
Claro, Obrador atenta contra el Estado democrático.
Sin el menor rubor y desvergüenza ha llenado de injurias a los miembros
del Poder Judicial. Es un pleito que comenzó en el gobierno de Vicente
Fox, cuando en 2005 el tabasqueño fue sometido a un proceso de desafuero
para ser juzgado por no obedecer una orden judicial que le ordenaba
suspender la construcción de una calle en un terreno que había sido
expropiado años antes. El PRD promovió entonces un recurso ante la Corte
bajo el argumento de que el desafuero debía decidirse en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (donde el PRD era mayoría) y no en la
Cámara de Diputados. La Corte rechazó frenar el proceso de desafuero en
la Cámara de Diputados y Obrador aseguró que los ministros actuaban
políticamente.
En seguida atacó a los ministros al afirmar que daban
“un mal ejemplo” por sus altos salarios. A partir de su arribo al poder
nadie podrá ganar más que el presidente. Al final los ministros
concedieron.
En 2014, Obrador acudió a la Corte para preguntar si
era posible o no, realizar una consulta popular sobre la reforma
energética. Los ministros determinaron que en ese momento era
improcedente e inconstitucional.
Entonces Obrador los llamó “vulgares corruptos”, por “negar al pueblo su derecho a decidir”.
En diciembre de 2015, cuestionó la designación de dos nuevos ministros
(Norma Piña y Javier Laynez) a quienes calificó como “achichincles” de
Peña Nieto. Por dichos nombramientos acusó al poder judicial de no ser
independiente y ser parte de la Mafia del poder… El Poder Judicial es un
apéndice… es un poder sometido", acusó el tabasqueño.
En su pasada
campaña presidencial calificó a los ministros como "maiceados y
alcahuetes" por actuar bajo “consigna” y de “no resolver nada a favor
del pueblo”.
Ante el acoso presidencial, los ministros de la Corte
finalmente se mostraron complacientes al declarar constitucional la
consulta para juzgar a los expresidentes.
Esta decisión atenta
contra el proceso de transición democrática que viene experimentando el
país en los últimos 20 años. Es dar un paso atrás a la reforma
constitucional de 1994 cuando se determinó que la Corte se convirtiera
en el máximo intérprete de la Constitución a través de las controversias
constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y el amparo.
Hoy el presidente vuelve a ser la figura central del sistema político
al anular los pesos y contrapesos que atentan contra el espíritu del
Constituyente de 1917.
Ahora con Obrador la impartición de justicia
queda en manos de la muchedumbre. De continuar la degradación de las
instituciones y de las leyes, el siguiente paso es la tiranía.
Mientras tanto, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay seis lacayos que denigran al Poder Judicial.
