JOSÉ MARTÍNEZ M.
El campeón de la austeridad republicana, dice estar dispuesto a someter a los trabajadores del gobierno a una “pobreza franciscana” mientras le entrega dinero a manos llenas a sus amigos de La Jornada que ahora se han convertido en aliados de Televisa y Tv Azteca como defensores del presidente.
Obrador actúa al revés de Robin Hood: le quita dinero a los pobres para dárselo a sus aliados para que lo llenen de halagos en su periódico favorito.
El presidente Obrador debería ser sujeto de juicio político por transgredir la ley de la publicidad oficial al utilizar el dinero público de manera discrecional para premiar y castigar a la prensa, en lugar de fortalecer la pluralidad democrática con la participación decidida de los medios, tal y como lo señala la Ley General de Comunicación Social.
VER DETALLES del gasto oficial en publicidad en el siguiente enlace
https://www.animalpolitico.com/…/gobierno-amlo-gasto-publi…/
No solamente el presidente desconoce las leyes que regulan esa materia sino que además incurre en una escandalosa violación a la Constitución.
Obrador le ha dado a La Jornada un manejo especial como si se tratara de una paraestatal del gobierno al inyectarle recursos públicos como si fueran subsidios.
El trato discrecional con el periódico La Jornada huele más a un contubernio que a un acuerdo comercial que contrasta con el manejo perverso con el resto de la prensa. La Jornada, es el medio con más publicidad oficial en el sexenio de la cuarta transformación, al concentrar la quinta parte del gasto público en materia de publicidad.
El tema de la publicidad fue uno de los 100 compromisos que estableció en el discurso de su toma de posesión. A la hora de la verdad incumplió además de incurrir en un conflicto de interés.
A lo largo de 2019, La Jornada recibió el equivalente a 700 mil pesos diarios durante el primer año de gobierno del presidente Obrador. En ese período sumó más de 251 millones de pesos tan solo del gobierno federal. Antes, el gobierno “neoliberal” de Peña Nieto favoreció a La Jornada con 530 millones de pesos de publicidad durante ese sexenio.
Acostumbrado a disponer del dinero público de manera cerril, Obrador está expuesto al escrutinio de las leyes y deberá ajustarse a ellas. El hecho de ser presidente no le otorga ningún derecho a imponerse como el rey de los presupuestos y actuar con denodada impunidad. Es el primero de los servidores públicos obligado a actuar con apego a derecho en la rendición de cuentas pero de manera inversa actúa con total impunidad.
El tabasqueño por sus cojones se atribuye la calificación de decir cuál es la “buena” y la “mala” prensa.
La Auditoría Superior de la Federación está obligada como la Secretaría de la Función Pública, lo mismo que el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda a intervenir en el caso de La Jornada. Además de la participación de la Secretaría del Trabajo para dar cumplimiento a las resoluciones de la Junta de Conciliación y Arbitraje en el caso de la sentencia favorable a los trabajadores despedidos de ese periódico cuyos directivos se niegan acatar.
Así como el gobierno de Obrador ha actuado de manera deleznable en contra de las revistas Letras Libres y Nexos y los periódicos como Reforma y El Universal, La Jornada, que es alabado de manera lisonjera –como cualquier otro medio que recibe recursos oficiales– debe ser parte del escrutinio público por el simple hecho de ser empresas de interés público.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó jurisprudencia sobre el tema de la publicidad oficial conforme a la resolución basada en el Amparo Directo 1434/2013 que dio pauta a la sentencia emitida el 15 de noviembre de 2017.
En base a esta resolución la Suprema Corte ordenó al Congreso de la Unión expedir una ley para regular el gasto de la publicidad oficial.
En acatamiento a lo dispuesto por el máximo tribunal del país, el Congreso emitió la Ley General de Comunicación Social que entró en vigor mediante el decreto promulgado por el presidente Peña Nieto el 11 de mayo de 2018.
Esta Ley es de orden público e interés social, de observancia general en toda la República y reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para nadie es un secreto el favoritismo del presidente Obrador con La Jornada. En su relación con los directivos de ese periódico el tabasqueño incurre en un conflicto de interés que viola la ética de ese rotativo y además infringe la normatividad del conflicto de intereses y de la transparencia gubernamental.
El presidente está obligado a priorizar el interés público sobre sus intereses personales. Obrador es el primero en violar lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos al no informar a las autoridades competentes de su vínculo con los directivos de La Jornada, específicamente con la directora Carmen Lira con quien mantiene una relación de compadrazgo, así como los moneros que son militantes de Morena y propagandistas de su gobierno.
Pero es más grave que el presidente Obrador no acate lo dispuesto en la Ley General de Comunicación Social y todavía peor que insulte y agreda a los medios, como en el caso de Reforma a, que ha llamado “pasquín inmundo” –tan solo por denunciar la corrupción en el torno familiar del tabasqueño–.
La aplicación de la ley en materia de publicidad, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Comunicación Social es un asunto de naturaleza colectiva.
En su sentencia la Suprema Corte reconoce que la asignación opaca, discrecional y excesiva del gasto de comunicación social a los medios de comunicación es un medio de control de las líneas editoriales que constituye una forma de censura sutil o indirecta. Al mismo tiempo, amplía las posibilidades de juicio de amparo y le dota de efectividad al permitir que por esta vía se reclame la vulneración de un mandato constitucional.
El mensaje es claro: ningún órgano político ni el presidente debe estar por encima de la Constitución.
De tal suerte es que todas las autoridades, comenzando por el presidente, tienen la obligación de respetar la Constitución.
Aún peor para el gobierno del presidente Obrador. México ha suscrito tratados internacionales en materia de derecho a la libertad de expresión en el marco de su adhesión a la Organización de los Estados Americanos (OEA) cuyos lineamientos jurídicos se dan en el marco de las atribuciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En los acuerdos internacionales con la OEA en el punto 8 de los principios para la regulación de la publicidad oficial de la Organización de los Estados Americanos se establece que debe acompañarse de una definición y regulación de los mecanismos de fomento del pluralismo y de la diversidad. Se deben definir mecanismos que permitan que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de promoción del pluralismo informativo.
Los objetivos de estos apoyos deberán ser a) la promoción del pluralismo y de la diversidad cultural y lingüística, b) combatir la concentración y c) ayudar a la industria mediática.
Con las reformas constitucionales a los artículos 108 y 111, el presidente Obrador puede ser juzgado no solo por traición a la Patria, sino también por corrupción y delitos electorales.
El uso discrecional del presupuesto público para la asignación de la publicidad oficial es un delito por el cual el presidente Obrador puede ser sujeto de juicio político.
El caso de La Jornada es un ejemplo de la cloaca de la corrupción en el reparto discrecional de la publicidad.
VER TARIFAS publicitarias de
No solamente el presidente desconoce las leyes que regulan esa materia sino que además incurre en una escandalosa violación a la Constitución.
Obrador le ha dado a La Jornada un manejo especial como si se tratara de una paraestatal del gobierno al inyectarle recursos públicos como si fueran subsidios.
El trato discrecional con el periódico La Jornada huele más a un contubernio que a un acuerdo comercial que contrasta con el manejo perverso con el resto de la prensa. La Jornada, es el medio con más publicidad oficial en el sexenio de la cuarta transformación, al concentrar la quinta parte del gasto público en materia de publicidad.
El tema de la publicidad fue uno de los 100 compromisos que estableció en el discurso de su toma de posesión. A la hora de la verdad incumplió además de incurrir en un conflicto de interés.
A lo largo de 2019, La Jornada recibió el equivalente a 700 mil pesos diarios durante el primer año de gobierno del presidente Obrador. En ese período sumó más de 251 millones de pesos tan solo del gobierno federal. Antes, el gobierno “neoliberal” de Peña Nieto favoreció a La Jornada con 530 millones de pesos de publicidad durante ese sexenio.
Acostumbrado a disponer del dinero público de manera cerril, Obrador está expuesto al escrutinio de las leyes y deberá ajustarse a ellas. El hecho de ser presidente no le otorga ningún derecho a imponerse como el rey de los presupuestos y actuar con denodada impunidad. Es el primero de los servidores públicos obligado a actuar con apego a derecho en la rendición de cuentas pero de manera inversa actúa con total impunidad.
El tabasqueño por sus cojones se atribuye la calificación de decir cuál es la “buena” y la “mala” prensa.
La Auditoría Superior de la Federación está obligada como la Secretaría de la Función Pública, lo mismo que el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda a intervenir en el caso de La Jornada. Además de la participación de la Secretaría del Trabajo para dar cumplimiento a las resoluciones de la Junta de Conciliación y Arbitraje en el caso de la sentencia favorable a los trabajadores despedidos de ese periódico cuyos directivos se niegan acatar.
Así como el gobierno de Obrador ha actuado de manera deleznable en contra de las revistas Letras Libres y Nexos y los periódicos como Reforma y El Universal, La Jornada, que es alabado de manera lisonjera –como cualquier otro medio que recibe recursos oficiales– debe ser parte del escrutinio público por el simple hecho de ser empresas de interés público.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó jurisprudencia sobre el tema de la publicidad oficial conforme a la resolución basada en el Amparo Directo 1434/2013 que dio pauta a la sentencia emitida el 15 de noviembre de 2017.
En base a esta resolución la Suprema Corte ordenó al Congreso de la Unión expedir una ley para regular el gasto de la publicidad oficial.
En acatamiento a lo dispuesto por el máximo tribunal del país, el Congreso emitió la Ley General de Comunicación Social que entró en vigor mediante el decreto promulgado por el presidente Peña Nieto el 11 de mayo de 2018.
Esta Ley es de orden público e interés social, de observancia general en toda la República y reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para nadie es un secreto el favoritismo del presidente Obrador con La Jornada. En su relación con los directivos de ese periódico el tabasqueño incurre en un conflicto de interés que viola la ética de ese rotativo y además infringe la normatividad del conflicto de intereses y de la transparencia gubernamental.
El presidente está obligado a priorizar el interés público sobre sus intereses personales. Obrador es el primero en violar lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos al no informar a las autoridades competentes de su vínculo con los directivos de La Jornada, específicamente con la directora Carmen Lira con quien mantiene una relación de compadrazgo, así como los moneros que son militantes de Morena y propagandistas de su gobierno.
Pero es más grave que el presidente Obrador no acate lo dispuesto en la Ley General de Comunicación Social y todavía peor que insulte y agreda a los medios, como en el caso de Reforma a, que ha llamado “pasquín inmundo” –tan solo por denunciar la corrupción en el torno familiar del tabasqueño–.
La aplicación de la ley en materia de publicidad, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Comunicación Social es un asunto de naturaleza colectiva.
En su sentencia la Suprema Corte reconoce que la asignación opaca, discrecional y excesiva del gasto de comunicación social a los medios de comunicación es un medio de control de las líneas editoriales que constituye una forma de censura sutil o indirecta. Al mismo tiempo, amplía las posibilidades de juicio de amparo y le dota de efectividad al permitir que por esta vía se reclame la vulneración de un mandato constitucional.
El mensaje es claro: ningún órgano político ni el presidente debe estar por encima de la Constitución.
De tal suerte es que todas las autoridades, comenzando por el presidente, tienen la obligación de respetar la Constitución.
Aún peor para el gobierno del presidente Obrador. México ha suscrito tratados internacionales en materia de derecho a la libertad de expresión en el marco de su adhesión a la Organización de los Estados Americanos (OEA) cuyos lineamientos jurídicos se dan en el marco de las atribuciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En los acuerdos internacionales con la OEA en el punto 8 de los principios para la regulación de la publicidad oficial de la Organización de los Estados Americanos se establece que debe acompañarse de una definición y regulación de los mecanismos de fomento del pluralismo y de la diversidad. Se deben definir mecanismos que permitan que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de promoción del pluralismo informativo.
Los objetivos de estos apoyos deberán ser a) la promoción del pluralismo y de la diversidad cultural y lingüística, b) combatir la concentración y c) ayudar a la industria mediática.
Con las reformas constitucionales a los artículos 108 y 111, el presidente Obrador puede ser juzgado no solo por traición a la Patria, sino también por corrupción y delitos electorales.
El uso discrecional del presupuesto público para la asignación de la publicidad oficial es un delito por el cual el presidente Obrador puede ser sujeto de juicio político.
El caso de La Jornada es un ejemplo de la cloaca de la corrupción en el reparto discrecional de la publicidad.
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La Jornada:
