jueves, 21 de mayo de 2020

Desafío 4T: PIB con distribución de la riqueza o más neoliberalismo


Carlos Ramírez

El gran debate dentro del gobierno y entre los factores de la producción no es el coronavirus, sino el proyecto económico posneoliberal convocado sin definirlo. Ahí, en esa discusión, se está jugando su suerte el gobierno de la 4T.

El ensayo presidencial sobre una nueva política económica, el decreto sobre centralización del gasto en el ejecutivo, el decreto de re-estatización de la electricidad y la iniciativa de Morena para inspeccionar en la riqueza son algunos indicios de que el modelo de la 4T carece de un plan formal de reforma económica progresista, que anda picoteando recursos por aquí y por allá y que no está encarando un dilema sexenal: o una gran reforma económica o quedarse con un neoliberalismo vergonzante.

Las tres experiencias radicales de modificación del modelo de desarrollo y de la estructura de distribución de la riqueza --Cárdenas, Echeverría y López Portillo-- fracasaron porque no encontraron la fórmula para financiar al Estado. Aumentar el gasto es demasiado fácil, pero el resultado es lo más complicado: déficit presupuestal si se mantiene el gasto creciente o burocratización económica porque el incentivo para producir es la utilidad y no el bien común.

Ahora el PIB es el villano favorito. Sin embargo, hay dos detalles: será imposible desaparecerlo porque es una variable mundial y existen ya modelos alternativos de análisis económico. El PIB es un punto referencial. Y la felicidad o el bienestar tienen mecanismos existentes, entre ellos tres: la encuesta ingreso-gasto del INEGI que revela la distribución del ingreso nacional, las cifras sobre resultados de programas sociales del CONEVAL que exhiben porcentajes de bienestar y pobreza y las cifras oficiales de empleo formal, desempleo, informalidad e ingreso salarial. El cruce de estas variables daría una especie de índice global de felicidad/infelicidad.

Un dato que muestran las encuestas del INEGI y de CONEVAL exhiben una cifra que pudiera ser el índice de felicidad: el 20% de los mexicanos vive feliz sin carencias sociales y el 80% vive infeliz con una a cinco carencias sociales. Por tanto, el debate no debiera ser sobre las cifras y su medición, sino sobre las estrategias para combatir la desigualdad ya conocida de sobra.

El gobierno de la 4T ya ha gastado año y medio en tener al neoliberalismo en la hoguera, pero sigue sin definir la reorganización productiva y distribución de funciones económicas del Estado. La gran revolución de política económica no se localiza en el regreso del Estado según el modelo chileno de Salvador Allende o el esquema chavista de ingresos petroleros, sino en el tema fiscal con sus tres derivaciones: recursos para programas sociales, financiamiento del desarrollo y redistribución de la riqueza.

 Si la estrategia se basa sólo en gasto social para atender desigualdades, entonces tendrá el límite de los ingresos. Y sin cambiar la estructura fiscal, entonces el dinero para la producción se destinará a subsidios que se le quitarán al fomento productivo. La contrarrevolución neoliberal de. Salinas de Gortari achicó al Estado y su gasto social para potenciar la producción privada que sólo concentró más la riqueza entre los ricos. La nueva revolución posneoliberal se medirá no por el tamaño del Estado o la concentración de actividades productivas, sino por la capacidad para obtener ingresos para la pobreza y para el estímulo al desarrollo.

La pandemia trastocó el escenario sexenal: el desplome del PIB a -10%, la quiebra de millones de empresas, el desempleo y el pleito con los empresarios hizo encarecer la agenda de la reforma económica posneoliberal. Y el dilema quedó planteado: o revolucionar el modelo de desarrollo o mantener el modelo neoliberal. En economía no hay términos medios.

 

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Guerrero. De los gobernadores que están mostrando dedicación a la estrategia antivirus destaca el de Guerrero, Héctor Astudillo, porque, sobre todo, no anda promocionando fotos de iniciativas inexistentes, como el oaxaqueño José Murat Hinojosa, y sólo para ir a presumir a Palacio Nacional. Astudillo ha recorrido colonias, comunidades y hospitales para supervisar respuestas oficiales y sensibilizar a la población, sobre todo porque se trata de zonas marcadas por la desigualdad y la pobreza.

Política para dummies:  La política es la propuesta de soluciones de fondo, no el discurso sin decisiones.

 

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Si no son los militares, ¿entonces quién? Seguridad es su existencia

Carlos Ramírez

 

Las tres preguntas que se tienen que hacer sobre las acciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública en modo de seguridad interior son las que no se quieren hacer: si no son los militares, entonces quién garantizará la seguridad del Estado y la sociedad; la razón de la existencia de los militares y marinos es la seguridad y a eso irán; y cuál sería la alternativa inmediata, ya, para combatir el reflujo de las bandas criminales.

Las fuerzas armadas no pueden quedarse de florero mientras las bandas criminales salen a las calles con la impunidad de sus armas no solo a repartir despensas, sino a hacer las labores propias de su oficio; delinquir. Y como la acción de los grupos delictivos se ubican en la zona de la seguridad ciudadana, de las instituciones y de la soberanía del Estado, entonces lo más normal es que las fuerzas armadas ayuden sin salirse de la ley a la seguridad --y hay que reiterarlo hasta la saciedad-- en modo de seguridad interior.

El tránsito del modelo de policía federal agotado al nuevo de Guardia Nacional iba a ser complejo y tardado, pero todos los indicios revelaban que la policía federal estaba descompuesta desde tiempos de Genaro García Luna. Y, para ser realistas, los cinco años señalados en el decreto serán insuficientes para una profesionalización total, además de que falta la reorganización de las policías estatales y municipales, el replanteamiento del concepto de cárceles y la limpieza del poder judicial.

Las funciones legales de las fuerzas armadas en seguridad están establecidas en la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea son cinco muy claras y tres de ellas tienen que ver con la seguridad y la soberanía del Estado:

I. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación;

II. Garantizar la seguridad interior;

IV. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país.

La Ley Orgánica de la Armada de México, a su vez, otorga a los marinos facultades que tienen que ver con la seguridad del Estado.

II. Cooperar en el mantenimiento del orden constitucional del Estado Mexicano;

IX. Garantizar el cumplimiento del orden jurídico en las zonas marinas mexicanas por sí o coadyuvando con las autoridades competentes en el combate al terrorismo, contrabando, piratería en el mar, robo de embarcaciones pesqueras, artes de pesca o productos de ésta, tráfico ilegal de personas, armas, estupefacientes y psicotrópicos, en los términos de la legislación aplicable;

Por lo tanto, las labores centrales de las fuerzas armadas no se agotan en auxilio a la población civil ni en la organización de desfiles, sino que se centran en la defensa de la soberanía y la integridad del Estado y la gobernabilidad democrática. De ser jurídicamente estrictos, entonces todo régimen político está militarizado porque la defensa del Estado civil está en manos de los militares. El fundador del concepto del Estado, Thomas Hobbes, acuñó una frase que ilustra la existencia del Estado en su capacidad de defensa: los pactos sin espada no logran sobrevivir y el Estado ha sido el punto culminante del contractualismo político.

No es posible imaginar que las fuerzas armadas estén en sus cuarteles mientras los grupos delictivos hacen de las suyas y la Guardia Nacional termina su proceso de profesionalización. La seguridad pública es una parte de la seguridad nacional y con la seguridad nacional conforman el trípode de la estabilidad, soberanía y hegemonía del Estado.

Ahora se trata de que las fuerzas armadas protejan al Estado de grupos delictivos que atentan contra la sociedad y el Estado.

 

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Minería. Chihuahua está poniendo el ejemplo, por el pivote de empresas y trabajadores y el gobierno estatal, en un regreso controlado a las actividades mineras. Como uno de los estados productores de minerales más importantes del país, el acuerdo de egreso a las actividades cuidará la salud de sus operadores con compromisos directos: apego a las indicaciones de autoridades sanitarias; creación de un comité de contingencia con suficiente autonomía y recursos para tomar decisiones sustantivas sobre la operación, encargado de la implementación de los lineamientos y protocolos sanitarios y de que la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene se encuentre instalada y funcione adecuadamente.

Política para dummies: La política es el reino del realismo del poder.

 

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