martes, 23 de junio de 2020
Contracolumna • LA CACOCRACIA DE OBRADOR Y UN PAÍS ASESINO • AMLO, DIABLO GUARDIÁN DE LAS ELECCIONES
Más allá del decreto y del Cuarto Transitorio: la seguridad interior
Carlos
Ramírez
Cuando el
presidente Felipe Calderón decidió
enviar a las fuerzas armadas en apoyo de la seguridad pública en diciembre de
2006 por el alto grado de violencia
criminal, su argumentación fue la facultad
constitucional de la seguridad interior. Desde entonces se sigue debatiendo la participación castrense
en seguridad pública sin atender el
enfoque de seguridad interior.
En el fondo los
debates son procedimentales, de
derechos humanos, de daños colaterales; hasta ahora no ha habido ninguna queja de que las fuerzas armadas hayan atacado de manera intencionada a
movimientos sociales de protesta. La Ley de Seguridad Interior de 2017 fue bloqueada en la Suprema Corte en 2018,
pero sin entrarle al punto central:
el papel de las fuerzas armadas en la estabilidad social, política y económica
del Estado ante los ataques de los
grupos criminales nacionales y locales a la seguridad interior.
Más que acercarse las policías civiles a las
doctrinas militares por el contacto cotidiano en operativos, el fenómeno ha
sido al revés: los militares han
tenido que asumir los valores
civiles de la seguridad; imperio de la ley, respeto a los derechos humanos,
tribunales civiles en casos de exceso de fuerza y acatamiento de la existencia y movilidad de los movimientos de
protestas sociales civiles.
El decreto del 11 de mayo que autoriza a
las fuerzas armadas a apoyar labores de seguridad, el Cuatro Transitorio
constitucional que lo permite y el incumplimiento del Séptimo Transitorio
que obliga a gobernadores y alcaldes a profesionalizar sus cuerpos de
seguridad, aunado al activismo
impune de los cárteles del crimen
organizado --El Marro, El Mencho y Ovidio--, crean las condiciones de una nueva fase de crisis
de la seguridad interior porque el Estado ha dejado de funcionar en las zonas dominadas por esos grupos.
Y, de paso, hay
ya presiones de seguridad nacional
por la ofensiva de las agencias de seguridad de los Estados Unidos en su país y
en México en contra de esos tres
líderes criminales, en tanto que el presidente Trump ha ordenado perseguirlos en México.
Por lo tanto,
el escenario estratégico, de
seguridad interior y nacional y de presiones internacionales obliga a la revisión del decreto en
función de las doctrinas de seguridad del Estado y de la sociedad. Los
militares no han llegado a la
seguridad pública con la consigna de
matar, sino a cumplir con su función de garantizar
la soberanía, la independencia y la seguridad del Estado, de la sociedad, del
desarrollo económico ante el fracaso de las policías civiles.
Lo interesante del caso es que políticos,
partidos, oposición, legisladores, abogados y hasta ministros de la Corte
siguen preguntándose qué rayos es la seguridad interior que avala
la participación de las fuerzas aradas en situaciones de emergencia del Estado,
la sociedad y el desarrollo, cuando viene desde la Constitución de Cádiz de
1812. Durante catorce años se ha debatido el papel de los militares en seguridad pública, excluyendo la seguridad interior. Ahora parece que nos enfilamos al mismo debate inútil de la militarización
de la seguridad pública cuando leyes, reglamentos, vigilancias y protocolos son
civiles, aunque sean operados por
militares.
Y queda al
final de cuentas la percepción de
que las fuerzas armadas son la garantía
de defensa de la libertad, la soberanía y la estabilidad para el desarrollo y
no han abusado de su fuerza y que los casos excepcionales han sido investigados
y castigados por tribunales civiles.
El problema de
fondo parte de premisas equivocadas:
el problema no son los militares,
sino los funcionarios, policías, organizaciones sociales --todas ellas civiles-- que no han podido con el
problema de la seguridad y que su ineficacia ha llevado a la decisión de convocar a las fuerzas armadas a
defender al Estado y a la sociedad del avance impune de los criminales, con el apoyo de las corrupciones civiles en
seguridad y política.
Si las fuerzas
armadas son la última línea de
defensa del Estado, la soberanía y la sociedad, entonces quitarlos de labores en la que han fracasado políticos,
gobernantes, ministros y abogados significaría cederles la plaza a los delincuentes. Si gobernadores y alcaldes se
niegan a profesionalizar sus
policías y con ello impulsar al alza los delitos de furo común, entonces quién defenderá a la sociedad.
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Política para dummies: La política es la continuación de la guerra por otros
medios, con el permiso de Clausewitz para una lectura de su tesis.
@carlosramirezh
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El Marro y el Estado no-fallido; siguen El Mencho y Ovidio
Carlos Ramírez
La aprehensión de familiares cercanos a
José Antonio Yépez Ortiz El Marro,
jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima
dedicado al huachicoleo, el cerco al propio capo y los dos videos llorando
sus desventuras y amenazando con incendiar
el infierno han mostrado que el Estado tiene todavía la fuerza para imponer su hegemonía sobre el crimen organizado.
En todo caso,
el fondo del caso de El Marro tiene que ver más con una
estrategia no conocida de persecución, arresto y desmantelamiento de cárteles y de las presiones
estadunidenses. Si se sabe leer con
cuidado el escenario estratégico, el Estado va tras Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho,
jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación,
y tras de Ovidio Guzmán López, uno
de los hijos de El Chapo Guzmán que encaró el poder el Estado para librarse
de arresto con fines de extradición en octubre pasado.
Esos tres cárteles rebasaron sus tareas de tráfico
de drogas y buscaron asentarse en
estados territoriales de la soberanía del Estado para convertirse en mini Estados en funciones criminales.
La expansión violenta del CJNG en varias zonas de la república
adelantaron los indicios de desplazar
al Estado constitucional y crear espacios segregacionistas.
En estos tres cárteles no aparece ningún pensamiento estratégico guerrillero, es decir, un
modelo de asentamiento político o de
beligerancia, sino tan sólo la conquista
de territorios para traficar droga y controlar micro economías. El lenguaje de odio de El Marro en los videos de respuesta al
arresto de familiares de su primer círculo evidenció sólo a un individuo
violento y desesperado, pero sin
enfoques estratégicos. Buena parte de la violencia criminal en Guanajuato procedía de los conflictos y avances de
El Marro y de la consolidación de una
sociedad sólo de violencia.
El Mencho y Ovidio andan en las mismas condiciones: son jefes
escaladores por circunstancias, saben manejar sicarios y no miden los efectos de la violencia. Los videos del CJNG han sido analizados sólo en función
de un desafío de fuerza contra el
Estado por invadir territorios institucionales y por hacer acopio de armas
mayores a las policías, pero menores
a las militares.
Ninguno de los
tres capos ha ofrecido una idea clara
de una estrategia de sustitución del
Estado, sólo con algunas zonas donde vigilan, reparten beneficios y ponen a la
sociedad a su servicio con salarios
atractivos. Su lenguaje de violencia es preocupante
porque El Marro ha acudido ya a
acciones típicas del terrorismo,
como los coches-bomba. Y Ovidio amenazó al poder militar del Estado con estallar camiones-bomba en zonas
habitacionales castrenses para evitar su arresto.
La orden de
arresto con fines de extradición contra Ovidio sigue vigente y la crisis de octubre fue producto de una estrategia
fallida de seguridad del gobierno federal. El mensaje ya fue enviado en declaraciones oficiales y las fuerzas de
seguridad están operando escenarios de inteligencia
para localizarlo, arrestarlo y neutralizar la violencia de venganza.
El caso de El Mencho carece de información confiable. Lo único cierto es que de seguir
vivo estaría en las mismas circunstancias de El Chapo después de su segunda fuga de 2015: a salto de mata, sin capacidad para dirigir operaciones drogas,
desconfiando de todos por las recompensas y con reacomodos de liderazgos en su cartel. Tras de su tercera captura en
2016, El Chapo fue extraditado a los
Estados Unidos y sentenciado a cárcel de por vida.
La captura de los familiares de El Marro, el arrinconamiento del capo para una inminente captura y las
amenazas de violencia como venganza van a poner a prueba la fuerza del Estado y sus instituciones de seguridad. En
los hechos, El Marro no es un delincuente menor y sus
reacciones violentas atentan contra el Estado y sus tareas de mantener la
seguridad y la paz, pero tampoco
constituye una figura amedrentadora del Estado. En el caso de El Mencho involucran niveles de
seguridad nacional porque la DEA tiene abierta
la Operación Python contra el CJNG en los EE UU y en México, lo que escala áreas de
seguridad del Estado.
A los cárteles se les dio la oportunidad de ocultarse y de
desactivar la violencia de sus actividades delictivas, pero ahora están
comenzando a encontrarse con el
Estado como la institución garante de la seguridad.
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Política para dummies: La política es el juego de estrategias, no el choque
de batallones.
@carlosramirezh
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