martes, 23 de junio de 2020

Contracolumna • LA CACOCRACIA DE OBRADOR Y UN PAÍS ASESINO • AMLO, DIABLO GUARDIÁN DE LAS ELECCIONES




JOSÉ MARTÍNEZ M.

México es un país enardecido donde todos los días nos levantamos para contar cadáveres.
A lo largo de los años esa ha sido una rutina.
Matanza de familias completas, masacres de campesinos e inmigrantes. Secuestro y desaparición de estudiantes. Líderes sociales y ecologistas asesinados. Mujeres violentadas y desaparecidas. Periodistas ejecutados.
Lo peligroso es que hemos asumido la violencia como una segunda naturaleza. Estamos inmersos en un país con un grave problema de salud pública. Un país asesino donde nos matamos unos a otros por cualquier motivo y si no inventamos cualquier pretexto para matarnos.
Lo peor de todo ha sido la irrupción desde los escombros de un falso profeta político que vendió a millones de incautos la promesa de acabar con toda esta mierda con su “estrategia” de ‘abrazos, no balazos’.
Qué tan corresponsable es el presidente Obrador –como seguramente lo son sus antecesores– de todo este escenario macabro que nos ha marcado como un país asesino.
Cadáveres más cadáveres menos el resquebrajamiento del país abarca los últimos siete sexenios con el florecimiento de la narcopolítica. Tiempo atrás reinó la guerra sucia. La violencia era más selectiva y convergente. Un sistema político que aniquilaba a sus enemigos políticos.
Después el poder y el narco dieron paso a una nueva generación de la violencia.
Hemos transitado por varias etapas políticas pero ha seguido imperando un mismo régimen sustentado en la corrupción política y las parcelas y cuotas de poder. Los adjetivos de nuestra democracia, si se le puede llamar así, han variado con el paso de los años. Pero ahora estamos inmersos en la cacocracia.
Nos gobiernan, es un decir, los peores políticos, los menos preparados y una administración caótica frente a un país con los peores ciudadanos, esa muchedumbre, que legitima las acciones absurdas del gobierno, mediante consultas amañadas, tómbolas y rifas.
Un país donde muy pocos leen y están poco informados pero cuya desesperación por manifestarse los hace expresarse de múltiples maneras en las redes sociales. La nueva plaza pública donde se discute, como en una babel, pero donde se percibe la frustración de una sociedad harta de sus gobernantes. Una opinión pública dividida que corresponde a la incitación que desde la tribuna de Palacio Nacional polariza a la sociedad y manipula la información.
La agenda de los problemas del país es complicada: crisis sanitaria y económica (productividad, desempleo, inversión); violencia exponencial (crece cada vez más rápido en el tiempo) y elecciones de medio gobierno.
Con su voto los mexicanos tendrán en sus manos la decisión de refrendar o reprobar al gobierno de Obrador. Los comicios se efectuarán el 6 de junio de 2021, se elegirá a los 500 miembros que integran la Cámara de Diputados y simultáneamente se elegirán los diputados de los congresos de las 32 entidades del país.
Lo peor es que el propio presidente Obrador se quiere erigir en el juez de las próximas elecciones. Ha amenazado con “vigilar” los comicios. Su injerencia rompe con el más elemental principio democrático.
Una inmensa mayoría de mexicanos están hartos del gobierno de la llamada cuarta transformación. Los mexicanos no quieren que se sigan contando cadáveres, quieren un país sin violencia, que el Estado fortalezca las instituciones y ejerza su derecho a la violencia legítima del Estado contra el crimen organizado, que se castigue a la delincuencia, que no haya matanza de familias ni masacres de campesinos e inmigrantes. Que se ponga un alto al secuestro y la desaparición de estudiantes. Que cese el acoso a los líderes sociales y ecologistas, que las mujeres no sean violentadas ni desaparecidas y que no haya más periodistas ejecutados.
Los mexicanos no quieren un Presidente que sea amigo de los narcos, porque los narcos no son pueblo, son criminales que destruyen al país, un gobierno sin funcionarios corruptos, un Presidente que respete las leyes, que no diga más mentiras y que fortalezca las instituciones en lugar de destruirlas.
Como nunca antes México está pagando muy caro por la incompetencia e ineptitud del gobierno de la cuarta transformación donde la corrupción se ha vuelto “habitual”. Una corrupción sistemática.
Funcionarios sin ética en la cuarta transformación que han asumido el poder como un botín.
Vivimos en el gobierno de la cacocracia. Un presidente que ha impuesto un sistema político degradado donde no caben los talentosos sino los peores, los menos preparados. Un gobierno que tolera a los criminales.
El presidente lo reconoció cuando con cinismo –no se le puede llamar de otra manera– señaló que él mismo dio la orden de liberar a Ovidio Guzmán, un criminal impresentable, cuya liberación dejó un saldo de más de una docena de muertos, decenas de heridos y medio centenar de reos fugados, daños a vehículos militares y un helicóptero.
En el país se seguirán contando cadáveres, mientras Obrador sigue hablándonos de sus ideologías y atacando a las de sus rivales mientras la gente se distrae con las fechorías de sus colaboradores cleptócratas de la que él tampoco es ajeno.
Este es uno de los temas de la agenda de las próximas elecciones, donde el presidente está empecinado en ser el diablo guardián de los comicios.

Más allá del decreto y del Cuarto Transitorio: la seguridad interior


Carlos Ramírez

 

Cuando el presidente Felipe Calderón decidió enviar a las fuerzas armadas en apoyo de la seguridad pública en diciembre de 2006 por el alto grado de violencia criminal, su argumentación fue la facultad constitucional de la seguridad interior. Desde entonces se sigue debatiendo la participación castrense en seguridad pública sin atender el enfoque de seguridad interior.

En el fondo los debates son procedimentales, de derechos humanos, de daños colaterales; hasta ahora no ha habido ninguna queja de que las fuerzas armadas hayan atacado de manera intencionada a movimientos sociales de protesta. La Ley de Seguridad Interior de 2017 fue bloqueada en la Suprema Corte en 2018, pero sin entrarle al punto central: el papel de las fuerzas armadas en la estabilidad social, política y económica del Estado ante los ataques de los grupos criminales nacionales y locales a la seguridad interior.

Más que acercarse las policías civiles a las doctrinas militares por el contacto cotidiano en operativos, el fenómeno ha sido al revés: los militares han tenido que asumir los valores civiles de la seguridad; imperio de la ley, respeto a los derechos humanos, tribunales civiles en casos de exceso de fuerza y acatamiento de la existencia y movilidad de los movimientos de protestas sociales civiles.

El decreto del 11 de mayo que autoriza a las fuerzas armadas a apoyar labores de seguridad, el Cuatro Transitorio constitucional que lo permite y el incumplimiento del Séptimo Transitorio que obliga a gobernadores y alcaldes a profesionalizar sus cuerpos de seguridad, aunado al activismo impune de los cárteles del crimen organizado --El Marro, El Mencho y Ovidio--, crean las condiciones de una nueva fase de crisis de la seguridad interior porque el Estado ha dejado de funcionar en las zonas dominadas por esos grupos.

Y, de paso, hay ya presiones de seguridad nacional por la ofensiva de las agencias de seguridad de los Estados Unidos en su país y en México en contra de esos tres líderes criminales, en tanto que el presidente Trump ha ordenado perseguirlos en México.

Por lo tanto, el escenario estratégico, de seguridad interior y nacional y de presiones internacionales obliga a la revisión del decreto en función de las doctrinas de seguridad del Estado y de la sociedad. Los militares no han llegado a la seguridad pública con la consigna de matar, sino a cumplir con su función de garantizar la soberanía, la independencia y la seguridad del Estado, de la sociedad, del desarrollo económico ante el fracaso de las policías civiles.

Lo interesante del caso es que políticos, partidos, oposición, legisladores, abogados y hasta ministros de la Corte siguen preguntándose qué rayos es la seguridad interior que avala la participación de las fuerzas aradas en situaciones de emergencia del Estado, la sociedad y el desarrollo, cuando viene desde la Constitución de Cádiz de 1812. Durante catorce años se ha debatido el papel de los militares en seguridad pública, excluyendo la seguridad interior. Ahora parece que nos enfilamos al mismo debate inútil de la militarización de la seguridad pública cuando leyes, reglamentos, vigilancias y protocolos son civiles, aunque sean operados por militares.

Y queda al final de cuentas la percepción de que las fuerzas armadas son la garantía de defensa de la libertad, la soberanía y la estabilidad para el desarrollo y no han abusado de su fuerza y que los casos excepcionales han sido investigados y castigados por tribunales civiles.

El problema de fondo parte de premisas equivocadas: el problema no son los militares, sino los funcionarios, policías, organizaciones sociales --todas ellas civiles-- que no han podido con el problema de la seguridad y que su ineficacia ha llevado a la decisión de convocar a las fuerzas armadas a defender al Estado y a la sociedad del avance impune de los criminales, con el apoyo de las corrupciones civiles en seguridad y política.

Si las fuerzas armadas son la última línea de defensa del Estado, la soberanía y la sociedad, entonces quitarlos de labores en la que han fracasado políticos, gobernantes, ministros y abogados significaría cederles la plaza a los delincuentes. Si gobernadores y alcaldes se niegan a profesionalizar sus policías y con ello impulsar al alza los delitos de furo común, entonces quién defenderá a la sociedad.

 

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Política para dummies: La política es la continuación de la guerra por otros medios, con el permiso de Clausewitz para una lectura de su tesis.

 

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El Marro y el Estado no-fallido; siguen El Mencho y Ovidio


Carlos Ramírez

 

La aprehensión de familiares cercanos a José Antonio Yépez Ortiz El Marro, jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima dedicado al huachicoleo, el cerco al propio capo y los dos videos llorando sus desventuras y amenazando con incendiar el infierno han mostrado que el Estado tiene todavía la fuerza para imponer su hegemonía sobre el crimen organizado.

En todo caso, el fondo del caso de El Marro tiene que ver más con una estrategia no conocida de persecución, arresto y desmantelamiento de cárteles y de las presiones estadunidenses. Si se sabe leer con cuidado el escenario estratégico, el Estado va tras Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, y tras de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo Guzmán que encaró el poder el Estado para librarse de arresto con fines de extradición en octubre pasado.

Esos tres cárteles rebasaron sus tareas de tráfico de drogas y buscaron asentarse en estados territoriales de la soberanía del Estado para convertirse en mini Estados en funciones criminales. La expansión violenta del CJNG en varias zonas de la república adelantaron los indicios de desplazar al Estado constitucional y crear espacios segregacionistas.

En estos tres cárteles no aparece ningún pensamiento estratégico guerrillero, es decir, un modelo de asentamiento político o de beligerancia, sino tan sólo la conquista de territorios para traficar droga y controlar micro economías. El lenguaje de odio de El Marro en los videos de respuesta al arresto de familiares de su primer círculo evidenció sólo a un individuo violento y desesperado, pero sin enfoques estratégicos. Buena parte de la violencia criminal en Guanajuato procedía de los conflictos y avances de El Marro y de la consolidación de una sociedad sólo de violencia.

El Mencho y Ovidio andan en las mismas condiciones: son jefes escaladores por circunstancias, saben manejar sicarios y no miden los efectos de la violencia. Los videos del CJNG han sido analizados sólo en función de un desafío de fuerza contra el Estado por invadir territorios institucionales y por hacer acopio de armas mayores a las policías, pero menores a las militares.

Ninguno de los tres capos ha ofrecido una idea clara de una estrategia de sustitución del Estado, sólo con algunas zonas donde vigilan, reparten beneficios y ponen a la sociedad a su servicio con salarios atractivos. Su lenguaje de violencia es preocupante porque El Marro ha acudido ya a acciones típicas del terrorismo, como los coches-bomba. Y Ovidio amenazó al poder militar del Estado con estallar camiones-bomba en zonas habitacionales castrenses para evitar su arresto.

La orden de arresto con fines de extradición contra Ovidio sigue vigente y la crisis de octubre fue producto de una estrategia fallida de seguridad del gobierno federal. El mensaje ya fue enviado en declaraciones oficiales y las fuerzas de seguridad están operando escenarios de inteligencia para localizarlo, arrestarlo y neutralizar la violencia de venganza.

El caso de El Mencho carece de información confiable. Lo único cierto es que de seguir vivo estaría en las mismas circunstancias de El Chapo después de su segunda fuga de 2015: a salto de mata, sin capacidad para dirigir operaciones drogas, desconfiando de todos por las recompensas y con reacomodos de liderazgos en su cartel. Tras de su tercera captura en 2016, El Chapo fue extraditado a los Estados Unidos y sentenciado a cárcel de por vida.

La captura de los familiares de El Marro, el arrinconamiento del capo para una inminente captura y las amenazas de violencia como venganza van a poner a prueba la fuerza del Estado y sus instituciones de seguridad. En los hechos, El Marro no es un delincuente menor y sus reacciones violentas atentan contra el Estado y sus tareas de mantener la seguridad y la paz, pero tampoco constituye una figura amedrentadora del Estado. En el caso de El Mencho involucran niveles de seguridad nacional porque la DEA tiene abierta la Operación Python contra el CJNG en los EE UU y en México, lo que escala áreas de seguridad del Estado.

A los cárteles se les dio la oportunidad de ocultarse y de desactivar la violencia de sus actividades delictivas, pero ahora están comenzando a encontrarse con el Estado como la institución garante de la seguridad.

 

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Política para dummies: La política es el juego de estrategias, no el choque de batallones.

 

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