lunes, 8 de junio de 2020

Policías locales con el crimen y contra la sociedad; urge aplicar Plan Durazo

Policías locales con el crimen y contra  la sociedad; urge aplicar Plan Durazo

 

Carlos Ramírez

 

En agosto de 2008 se firmó un Acuerdo Nacional de Seguridad que establecía la necesidad urgente de capacitar a policías estatales y municipales para combatir a un crimen organizado que se había colado precisamente cooptando a esos niveles policiacos.

En marzo de 2019, al aprobarse la reforma constitucional de la Guardia Nacional, el artículo Séptimo Transitorio estableció exigencias urgentes para poner orden en las policías estatales y municipales porque por ahí se seguía colando el crimen organizado.

Y aún no se cumplen esos compromisos que tienen que ver con la seguridad estatal y municipal ante la delincuencia en sus diferentes niveles y ahora los cuerpos locales de seguridad aparecieron reprimiendo protestas sociales como no se veía desde los tiempos del PRI en mandos nacionales y estatales.

En las áreas de seguridad y orden en las calles, las policías estatales y municipales aparecen con grandes márgenes de autonomía relativa del mando político central. O gobernadores y alcaldes son cómplices de los comportamientos de sus fuerzas de seguridad o han descuidado la supervisión y los policías se mueven por su cuenta… y por sus intereses.

En materia de seguridad, el Séptimo Transitorio de 2019 fue muy claro:

Los Ejecutivos de las entidades federativas presentarán ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en un plazo que no podrá exceder de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales".

Sin ninguna justificación jurídica o razonable, esos informes no se han presentado o algunos se entregaron con información parcial. En la estructura local, el control de policías por gobernadores y alcaldes es un instrumento de poder político sobre sus núcleos sociales.

El otro mandato constitucional del Séptimo Transitorio tampoco se ha cumplido:

Un año después de haberse emitido el programa referido, el Ejecutivo local enviará anualmente a la Legislatura de la entidad federativa correspondiente y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, la evaluación integral del mismo con el informe sobre los avances en los objetivos señalados y su cumplimiento en un horizonte de seis años. Los resultados de la evaluación serán considerados para el ajuste del programa y su calendario de ejecución, por los órganos correspondientes".

Después de doce años de colapso de seguridad, ahora la crisis que está llegando de inestabilidad social en las calles ante protestas pivoteadas por grupos de choque anarquistas y no ha habido decisión para someter a control a las fuerzas locales de seguridad. El gobernador jalisciense Enrique Alfaro podría tener razón en acusar a grupos provocadores de Morena, pero las policías de su estado están fuera de su control.

Y ante las protestas sociales que van a ir aumentando de intensidad y fuerza, como se vio en Jalisco y Ciudad de México, las fuerzas policiales municipales han sido dotadas de equipamiento represivo, pero no han sido capacitadas en control y administración de movilizaciones masivas. Los reglamentos para el uso de la fuerza que existen a nivel municipal, estatal y federal son letra muerta, sobre todo en sus artículos que señalan la negociación antes que la represión.

La salida intermedia del mando único se quedó en el mero control de las policías estatales y municipales, sin capacidad ni entrenamiento de esos mandos únicos en materia de criminalidad y protestas sociales. Las policías municipales siguen en el ojo de la crisis de seguridad porque han quedado subordinadas a las células del crimen organizado, además de que no se ha resuelto la capacitación requerida para entender las nuevas reglas y políticas de seguridad federal y tampoco recibido el equipo de trabajo. Jefes policiacos en Guanajuato, Chihuahua, Colima, Michoacán y Guerrero, entre otros estados, aparecen en el centro de denuncias por complicidad con grupos delictivos.

Lo que queda es la aplicación urgente de los programas de capacitación y control de policías locales que ha presentado el secretario federal de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, que se han ido posponiendo en Palacio por presiones de gobernadores.

 

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Política para dummies: La política es lo policiaco con mano suave.

 

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@carlosramirezh

 

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4T: reforma del Estado para continuidad o ruptura de neoliberalismo salinista (5/5)






Carlos Ramírez

A lo largo de cuatro partes, aquí se ha tratado de analizar el escenario de desafío de la 4T de cara a la herencia neoliberal de Carlos Salinas de Gortari (1979-1994). El punto central se puede plantear así: el neoliberalismo no es ideología, sino un modelo de desarrollo nacional y un Estado subsidiario.
Salinas de Gortari se tardó catorce años para construirlo, desde el Plan Global de Desarrollo 1979 hasta la puesta en marcha del TCL en enero de 1994. Y al dejar su proyecto bien atado en lo constitucional, el actual sistema/régimen/Estado neoliberal carece de mecanismos para operar de manera eficiente como Estado populista.
Sin una profunda reforma del Estado, la Cuarta Transformación quedará como una frase en el imaginario colectivo. Ya transcurrió año y medio y los resultados de la 4T han sido escasos, y no tanto por falta de voluntad o pasión, sino por estar desprovisto de instrumentos operativos en el actual Estado neoliberal. Reasignar presupuesto a obras insignia y a subsidios direccionados no modifica la estructura neoliberal de producción ni la mala distribución de la riqueza.
La clave del Estado de la 4T radica en la liquidación del Estado de economía de mercado que introdujo Salinas y la constitucionalización del sector privado que vive de la utilidad o plusvalía y no del servicio social; y sin llegar al Estado absolutista en lo económico, la Constitución requiere una definición del Estado productivo para no quedarse en la fase del Estado providencial que sobrevive de apoyos no-productivos.
En los hechos, el Estado lopezobradorista está marginando a los empresarios de ciertas áreas productivas de función exclusiva del Estado, pero hasta ahora no ha definido un nuevo modelo de desarrollo, ni nuevas políticas industrial y agropecuaria. El problema no es la acción del Estado en puntos sensibles del proyecto sexenal, sino que la complicación se profundiza y amplía cuando el Estado actual no define el rumbo del desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo 2029-2024 redactado en Palacio --el único legal porque se publicó en el Diario Oficial-- es doctrinario y político, pero no productivo.
El Tratado ha quedado al garete y se reformó a partir de las exigencias de Trump, sin que haya habido un proyecto de desarrollo industrial y agropecuario mexicano para reordenar beneficios. Aquí se ha escrito que la participación nacional mexicana en los productos de exportación ha bajado de 58% al comenzar el Tratado a 38% en 2019, lo que indica que las plantas industriales, agropecuarias y de servicios no aprovecharon la oportunidad para reorganizarse.
De acuerdo con el reformado y neoliberal artículo 25 Constitucional, el Estado tiene la facultad de ser el rector del desarrollo a través del PND; sin embargo, en los meses de la 4T no se existen los programas sectoriales que pudieran indicar el papel del Estado en la conducción del desarrollo.
Sin un reforma del Estado, del artículo 25 constitucional para regresar al Estado como pivote del desarrollo, sin un partido-sistema (era el PRI, no es Morena) para canalizar y administrar demandas, sin un programa para los nuevos modelos de desarrollo industrial, agropecuario y de servicios, en suma sin un programa de desarrollo para la competitividad, al final la 4T quedará sólo en temas desarticulados de subsidios a sectores vulnerables que no dinamizan la economía productiva y en obras insignia que tendrán poco efecto en la planta productiva general.
El presidente López Obrador cumplió la fase de las acusaciones retóricas, pero no ha entrado en el nivel de las reformas constitucionales para desmontar el Estado neoliberal salinista. Sin esas reformas, el modelo lopezobradorista pudiera quedarse estancado en un sencillo proyecto populista y no es una propuesta económica de Estado productivo de desarrollo con bienestar social.

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BC. Como era de esperarse, el gobierno bajacaliforniano de Jaime Bonilla encontró una cloaca de corrupción en los gobiernos panistas anteriores. Una línea de investigación involucra al antecesor panista Francisco Kiko Vega (2013-2019) por contratos a su compadre Fernando Beltrán por casi 2 mil millones de pesos en varios rubros, entre ellos agua para la planta cervecera Constellation Brands recientemente cancelada. La Unidad de Inteligencia Financiera ya tomó cartas y se espera que el caso pase a la Fiscalía.
Política para dummies: La policía es el juego de la audacia.

@carlosramirezh

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Contracolumna LA SOCIEDAD CIVIL VS OBRADOR




JOSÉ MARTÍNEZ M.*

Si Vicente Fox sacó al PRI de Los Pinos a patadas, la sociedad civil va hacer lo mismo con Obrador. Lo van a sacar de Palacio porque las cosas en el país se están haciendo mal. Obrador enfrenta un serio problema porque carece de un sólido capital social basado en la confianza, la honestidad y la transparencia. Y porque mintió en sus intenciones antes de someterse al veredicto de las urnas.
Obrador tiene a la economía mexicana en un desastre. Se han perdido millones de empleos, no habrá crecimiento en por lo menos dos años, está poniendo en riesgo el futuro de las nuevas generaciones y a los pobres los está dejando en una situación peor de pobreza. Y aun así sueña con su rocambolesca idea de la cuarta transformación.
El PRI buscaba perpetuarse en el poder y se mantuvo en él por más de siete décadas. Peña Nieto terminó como el sepulturero del PRI. Con la alternancia en el poder el PAN, durante largos 12 años, no pudo sustraerse de los viejos vicios del sistema político mexicano. Fox y Calderón decepcionaron a su partido y al electorado.
Hartos de tanta corrupción los mexicanos votaron por un cambio, aunque hay que reconocer la apatía de casi 30 millones de mexicanos que no acudieron a las urnas y otros 25 millones que siguieron confiando en esos partidos. Otros 30 millones de mexicanos votaron por Obrador y los candidatos de Morena, pero no lo hicieron por un proyecto político, sino como una forma de decir basta a la corrupción y la impunidad de la clase política.
Obrador supo capitalizar el descontento social y ofreció el paraíso, lo malo es que su gobierno ha resultado un infierno. Esa situación lo ha ido llevando a perder gradualmente su base de sustentación político-electoral.
Es cierto Obrador ganó las elecciones. Pero sus dos baluartes, la legitimidad y la legalidad, los ha tirado al cesto de la basura de Palacio Nacional por su ceguera y cerrazón.
Lo que no ha sabido ganar Obrador es el respeto y la admiración de la mayoría de los mexicanos. Por lo tanto su gobierno carece del aval social y de los consensos políticos.
Retador, ahora dice que se está a favor o en contra de la “transformación”. En otras palabras lo que dijo fue “o eres mi amigo o eres mi enemigo”.
Lo mismo dijo el presidente George W. Bush cuando el atentado a las torres gemelas de Nueva York, “O estás con nosotros o estás con los terroristas”.
En nuestro contexto político las palabras de Obrador tienen un significado especial porque no sabe razonar ni dialogar, e incluso es muy malo para discutir porque tiende a polarizar y a descalificar.
Él ha insistido en polarizar para dividir y ganar adeptos fanatizando a sus simpatizantes. Al mismo tiempo ha propiciado un descontento social que poco a poco ha ido tomando cuerpo para constituirse en lo que podría ser un verdadero contrapeso a su gobierno. Los frentes “antiamlo” han ido creciendo de manera constante y se han ido extendiendo por todo el país.
También hay grupos de choque auspiciados por Morena y el gobierno de Obrador para infiltrarse en el naciente movimiento de la sociedad civil. El propósito de estos grupos de choque obradoristas son la provocación para generar represión y desestabilización. Eso ya lo hemos percibido y atestiguado en Baja California y Jalisco.
Obrador en tanto ha roto las reglas del protocolo sanitario de la pandemia para reiniciar sus giras por el país para atraer simpatías y mantener fieles a sus fuerzas vivas. Ha politizado la crisis sanitaria. Ha mentido sobre el costo sanitario (de muertos y contagiados por el coronavirus) para tratar de minimizar el gran fracaso de su gobierno.
Su interés fundamental está en las próximas elecciones de medio gobierno. Su objetivo es contar con un Congreso a modo que lo respalde para imponerse en el poder y buscar reelegirse.
En la realidad esa conducta caciquil lo ha caracterizado toda su vida.
En la historia mexicana la figura del cacique ha estado presente. No hemos podido liberarnos de esa figura y del contrapeso dramático en el que ha persistido durante décadas.
Por desgracia Obrador ha creado un coto de poder superior a los de cualquiera de los legalmente constituidos. Los excesos de este personaje que cada vez se vuelve más siniestro.
Obrador, es producto de la pasividad del entorno que le ha permitido alcanzar tales poderes.
Los únicos que pueden frenar su insaciable apetito de poder son los miembros de la sociedad civil. Los partidos están rebasados.
Ahora la sociedad civil y los escépticos que forman la mayoría de los ciudadanos tienen en sus manos el poder del voto. El voto es el mejor antídoto contra el autoritarismo y las tiranías.
Habremos de profundizar en próximas entregas sobre el tema de la partidocracia.
Obrador ha sabido manipular a sus simpatizantes. Lo mismo hizo Fox cuando se comprometió a un cambio. Fox Dijo: “prometo ser honesto, trabajar un chingo y ser poco pendejo”.
Al final Obrador es una copia de Fox.

*José Martínez M., es periodista y escritor.