El decreto del
lunes para ordenar la participación
de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública sorprendió porque no estuvo precedida de algunos mensajes
preparatorios. Sin embargo, su contenido implica un reforzamiento de la estrategia nacional de seguridad pública ante
algunos indicios de inteligencia sobre la reactivación
de las bandas criminales en el escenario de la pandemia del coronavirus.
De acuerdo con
su contenido, el decreto no va a ser
tres cosas:
1.- No implica
la militarización de la seguridad pública porque los militares seguían en activo en labores de apoyo a
la seguridad, militares pasaron a formar parte de la Guardia Nacional y su
presencia seguía abierta con
autorización del Quinto Transitorio constitucional de la reforma del 14 de
marzo del 2019. Su Tarea será la seguridad, nbo la captura del Estado ni del
gobierno.
2.- No implica
regresar al modelo de Calderón y Peña Nieto de abrir una guerra contra los cárteles
a costa de una respuesta violenta de
las organizaciones criminales que sumaron cientos de miles de homicidios
dolosos.
3.- No implica
un mecanismo de control social de la
población, porque para ello se requeriría de un gobierno federal con decisión
de reprimir, además de que los
militares se sumaron al compromiso presidencial de no reprimir al pueblo.
En todo caso,
el gobierno lopezobradorista no ha explicado que sí es el decreto y en qué escenario
estratégico aparece:
1.- El desafío de los cárteles de salir con brigadas armadas a entregar despensas y entre
ellas la hija de El Chapo con regalos
que llevaban la figura de su padre fue un mensaje
de fondo: los grupos criminales estaban iniciando su regreso al control de zonas territoriales de la soberanía del
Estado, con la complicidad activa o pasiva de instancias de gobierno municipal
y estatal.
2.- El caso de
García Luna adquirió otro cariz con
el mensaje exculpatorio de la embajadora de Obama y Trump en México, Roberta
Jacobson, en el sentido de que la Casa Blanca no tenía datos de las relaciones del funcionario mexicano con
narcos.
3.- El aviso
del presidente Trump de una ofensiva
dentro de México contra los cárteles,
sobre todo para capturar al líder del Cártel
Jalisco Nueva Generación, Nemesio Cervantes El Mencho. Fuerzas estratégicas civiles y militares ya están en México ocultadas por la
embajada estadunidense para labores operativas.
4.- Los cárteles no entendieron o no quisieron entender la estrategia nacional de
seguridad pública de cesar persecución de capos
y la leyeron a conveniencia como una derrota
pasiva del Estado. De manera silenciosa, los cárteles se volvieron a asentar
en zonas recuperadas por el Estado.
5.- El Plan
DN-III para combatir pandemia se ha encontrado
con zonas territoriales ocupadas por el crimen organizado y de ahí la nueva presencia del ejército.
6.- El enfoque
del ejército en labores de seguridad pública se basa en la doctrina de seguridad interior que no necesita de
autorización legislativa y que está contenida en las tres constituciones
mexicanas. La seguridad interior es la recuperación
de la estabilidad territorial para una actividad productiva sin delincuentes.
Los gobiernos de Calderón y Pena no
supieron darle enfoque de seguridad interior a sus estrategias.
7.- El Estado
es la institución que se define por tener el monopolio de la fuerza y los cárteles
se mueven con tranquilidad a la luz pública y con armas de calibre superior al policiaco. El ejército, por
lo tanto, es la única fuerza que puede someter
a estas bandas criminales que dominan partes territoriales y políticas del
Estado.
8.- El ejército
saldrá a las calles a combatir
a los delincuentes que hasta ahora se burlan
de la Guardia y de las fuerzas policiacas.
9.- El ejército
se someterá de manera estricta al
mando civil del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo
Montaño, y a las reglas civiles de
derechos humanos y de uso de la fuerza, sin
tener ya fuero de guerra.
10.- El decreto
del lunes se ajusta al Quinto
Transitorio de la reforma constitucional de marzo de 2019 que autoriza al presidente de la república
a usar a los militares en labores de seguridad pública.
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