JOSÉ MARTÍNEZ M.
Nadie duda del fracaso en los temas de seguridad nacional en el gobierno de Obrador. Mientras los cárteles de la droga y las mafias del crimen organizado viven en el paraíso de la impunidad, el gobierno recurre a la añeja práctica del espionaje como un recurso para intimidar a sus adversarios políticos. Algunos gobiernos emanados de Morena lo han puesto en práctica. El caso de Puebla es un ejemplo revelador del uso político del espionaje, lo cual contrasta con el escándalo que desató la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum cuando descubrieron la existencia de una madriguera desde la cual operaban los servicios de espionaje de su antecesor Miguel Ángel Mancera.
Como ocurre en otros gobiernos estatales, en Puebla el espionaje político es un “pilar” en el que se apoyan las tareas de “seguridad pública” ordenadas por el gobernador. El objetivo de Barbosa es intimidad y provocar a sus adversarios, incluso de su mismo partido que han demandado su destitución y un juicio político.
En los últimos meses el espionaje ha estado orientado a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, empresarios, periodistas y los partidos políticos que se preparan para las campañas del próximo año. Algunas de las intercepciones son filtradas a algunos medios que las reproducen y las difunden en las redes sociales.
Al inicio del mandato de Miguel Barbosa, el vice almirante Miguel Idelfonso Amezaga Ramírez ocupaba la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado pero a principios de marzo del presente año fue sustituido por el abogado Raciel López Salazar, un personaje tenebroso que carga con una polémica y sucia trayectoria.
En febrero pasado cuando recién iniciaba la pandemia del coronavirus, en la Casa Puebla hubo una reunión un tanto informal, ahí el “extraño” visitante era ni más ni menos que el ex gobernador de Chiapas Juan Sabines Guerrero, habló con Barbosa sobre “los nuevos tiempos políticos”. Le dijo:
– Es muy importante tener controlados a tus enemigos. Para ello, agregó Sabines, necesitas tener la mejor tecnología y un equipo con experiencia.
–La gente que te recomiendo, dijo Sabines, ha sido entrenada por el Mossad, la CIA, el MI6… han sido formados por los mejores…
–Me encanta la idea, respondió Barbosa, quien estuvo de acuerdo. “Adelante, adelante”, le dijo.
Sabines recomendaba a uno de sus viejos colaboradores que en Chiapas había fungido como procurador y que pasó a despachar como delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de México, donde ya empezaba a tener problemas, Raciel López Salazar quien no encajaba en el equipo del fiscal general Alejandro Gertz Manero. Tarde que temprano López Salazar sabía que con Gertz podía terminar mal por sus nefastos antecedentes y sus relaciones peligrosas con las mafias del crimen organizado.
Así que ha Barbosa la recomendación de Raciel López, “le cayó como anillo al dedo”, como diría el clásico.
Pero Raciel no llegó solo a Puebla. Antes de él, llegó otro tenebroso personaje que había trabajado con el gobernador Sabines en Chiapas. Moisés Grajales Monterrosa, quien antes de Raciel había sido nombrado secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Moisés pronto se vio envuelto en escándalos de corrupción donde se había amafiado con los presos que controlan las prisiones en el estado. Entonces habían circulado videos e información sobre supuestos actos de tortura y corrupción en el penal de San Miguel.
Antes de llegar a Puebla, Moisés Grajales había estado al frente del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Chiapas en el gobierno de Juan Sabines sin haber aprobado nunca los exámenes de control de confianza, pero aun así el sucesor de Sabines, Manuel Velasco –el amigo del presidente Obrador y de su hermano Pío– designó a Grajales como director del Centro Estatal de Control de Confianza para que él mismo se autoevaluara.
En Chiapas Moisés Grajales no pudo acreditar su riqueza mal habida; en el 2002 se le abrió un acta y la averiguación previa 91FESP2/2012 por homicidio, y el expediente 3887FESP6/2012 por violencia familiar y violencia de género, además de otras averiguaciones por diversos delitos.
Al final el gobernador Barbosa lo sustituyó por Raciel López, otro pájaro de cuenta como Grajales.
Como procurador de Chiapas Raciel López protagonizó numerosos escándalos. Veamos algunos ejemplos:
Sin contar con evidencias ni una investigación metió a la cárcel durante 18 meses al líder transportista Walter León Montoya por el delito de homicidio en agravio del dirigente minero Mariano Abarca Roblero en el municipio de Chicomuselo, Chiapas. El verdadero “delito” de Walter León Montoya fue por iniciarle juicio político a Juan Sabines, por la corrupción desmedida en su gobierno.
El 10 de abril de 2019, Walter León envió una carta al gobernador Rutilio Escandón Cadenas. En ella no pedía más que lo justo: “Instruir al Fiscal General del Estado para continuar con la investigación del homicidio perpetrado en contra del señor Mariano Abarca Roblero. Disculpa pública por haber quedado sujeto a un proceso penal sin haber tenido ninguna responsabilidad en el delito imputado. Atención médica y psicológica por la tortura sufrida durante el tiempo que estuvo privado de mi libertad. Investigar todas las irregularidades cometidas durante el proceso penal a que fue sometido”.
Otra víctima de los abusos de poder de Raciel López y el gobernador Sabines fue el abogado Horacio Culebro Borrayas, acusado también del homicidio de Mariano Abarca. Recluido durante 13 meses tampoco se le pudo comprobar participación alguna. Liberado por falta de pruebas alcanzó su libertad. Sólo que al momento de salir de prisión, en ese mismo instante fue detenido y, de nuevo, recluido por el delito de ecocidio, también inventado.
En Puebla, Raciel López ha sido dotado de un inconmensurable poder por el gobernador Barbosa.
Bajo el argumento de los altos índices de violencia en el estado y la presencia de los cárteles de la droga, Barbosa ordenó un aumento de 64 por ciento en el presupuesto para la Secretaría de Seguridad Pública, cuya dependencia dispone de recursos por 4 mil 253 millones de pesos para el año en curso.
Raciel, fiel a su costumbre, ahora goza de dinero, poder e impunidad. Es una mala copia del inefable Genero García Luna. Y no cabe duda de que sigue los mismos pasos del colaborador estrella en el gobierno de Calderón.
Barbosa y Raciel están involucrados en la turbia adquisición de mil patrullas que se adquirieron a sobreprecios. A más de un millón 350 mil pesos cada una. Un negociazo con un tufo de corrupción, en el que la Auditoría Superior del Estado está coludida, sin duda alguna.
Lo de las patrullas no es un asunto menor, lo grave es el espionaje político con fines perversos.
El espionaje de Barbosa incluye los teléfonos y toda la variedad de los dispositivos electrónicos de sus adversaros políticos, lo mismo que periodistas, defensores de derechos humanos y activistas.
El gobierno de Barbosa incurre en delitos federales que se consideran graves. El espionaje que realiza su gobierno bajo la conducción de Raciel López se hace sin ningún tipo de autorización judicial lo cual es violatorio del artículo 16 constitucional que protege las comunicaciones privadas.
El espionaje de Barbosa no cabe en ninguna de las excepciones previstas en la ley para que un juez otorgue la autorización correspondiente.
La violación al artículo 16 de la Constitución está prevista en el Código Penal Federal por violar los artículos 177 y 211 Bis del citado código, los cuales contemplan penas de 6 a 12 años de prisión para cada uno de los implicados. En el caso del secretario de Seguridad Pública se pueden presentar cargos por al menos dos delitos en su contra lo mismo en contra de los funcionarios que hayan ordenado y autorizado la intervención ilegal de las comunicaciones privadas de los afectados.
Raciel López montó un sofisticado equipo de espionaje con el sistema Pegasus desarrollado por la compañía israelí NSO Group. El malware de espionaje Pegasus, es comercializado a gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de drogas por la empresa NSO, y en Puebla se aplican de manera ilegal, sin autorización judicial y para fines ilegítimos.
El software utilizado por Raciel López se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto.
El software Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó. Incluso el fabricante, NSO Group, señala que no se puede determinar exactamente quién está detrás de los intentos específicos de hackeo.
Pero los ciberexpertos pueden verificar en qué momento se ha utilizado el software en el teléfono de un objetivo, lo cual les deja pocas dudas de que el gobierno mexicano o algún grupo corrupto interno están involucrados.
Al gobernador Barbosa y su testaferro Raciel no les importan las leyes, pues solo un juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas y solo cuando los funcionarios demuestran que tienen un caso bien armado para realizar esa solicitud.
Pero en Puebla sin mediar ninguna justificación, el gobierno de Barbosa a nadie pide permiso para hacerlo.
