AMLO y el coronavirus Estado-empresarios: disputa por la hegemonía

Carlos Ramírez

Toda crisis oculta disputas por el poder. La actual, en su doble dimensión salud-economía, no podía ser la excepción, aunque se trata de algo singular por la manera en que el presidente impone su estilo particular de ejercer el poder.

A lo largo de la historia del país, los mexicanos hemos sido testigos de luchas por el control de la hegemonía del Estado, muchas de las cuales condujeron a crisis --aunque otras fueron producto de éstas--, que buscaron un realineamiento de los principales actores para la conducción de la nación.

2020 no es sino otro escenario de otra lucha por el mismo objetivo, aunque también es una oportunidad para alcanzar un acuerdo para modificar el modelo de desarrollo, lejado de la confrontación neoliberalismo populismo, que encuentre un nuevo rumbo para el crecimiento del país.

De esto trata este texto, de cómo se han dado dichas confrontaciones, el resultado de el mismo, las crisis por la que ha travesado México y la manera en que se han dado los acuerdos para salir adelante, una lección que se necesita repetir en el presente.

La presentación del programa nacional de emergencia económica del presidente López Obrador el domingo 5 de abril para encarar el desafío productivo del coronavirus, encontró un ambiente negativo en redes y medios. Sin embargo, se trata de una lectura de circunstancias que es válida, pero insuficiente para entender las razones profundas que explican la confrontación: el programa de emergencia, los mensajes presidenciales y la crítica en contra exhiben el marco de referencia de una disputa por la hegemonía del Estado.

Ante la decisión de un parón productivo para romper las rutas de contagio, el escenario de una baja drástica de la actividad económica llevó al cierre temporal de empresas y al envío de trabajadores a sus casas y muchos al desempleo. El dilema presidencial quedó planteado: salvar la república con un programa de apoyo a empresas y trabajadores o salvar su proyecto político ajustando la economía para evitar el endeudamiento. El presidente López Obrador optó por el segundo camino, aunque con decisiones de usar el poco dinero fiscal en apoyos a sectores vulnerables no productivos y a las obras emblemáticas de su administración.

Este escenario fijó las coordenadas de una disputa por el programa económico anticrisis, pero con el trasfondo de una lucha entre empresarios/trabajadores y gobierno por el dominio de las decisiones.
El modelo hegemonista lo elaboró el académico Miguel Basáñez en su estudio La lucha por la hegemonía en México 1968-1980 y luego ampliado a 1968-1990 (Siglo XXI Editores). La tesis central explica que la estructura priísta-corporativa del Estado y el papel dominante de la ideología del Estado de la Revolución Mexicana tergiversaron el papel de las ideas y llevaron la disputa por el control del aparato público a un escenario diferente: “más que el gobierno del pueblo --‘democracia’--, México parece ser el caso de un gobierno de la hegemonía ideológica: ‘hegemocracia’”.
Lo que fue el modelo ideológico histórico de la Revolución Mexicana derivó en un equilibrio de intereses sectoriales y corporativos por el control del Estado, del gobierno y de sus instituciones políticas. Para Basáñez, la crisis pasó de sistémica, proyecto histórico popular y de clases a hegemónica-elitista en 1968, con el efecto del movimiento estudiantil del 68 aprovechado por élites con intereses de dominación. Desde entonces, la política en México se maneja como bloques de poder y redes de intereses.

La corporativización del PRI y de la élite gobernante y el fortalecimiento de la oposición antipriísta y del sector empresarial como grupo de poder generaron crisis como expresión de la lucha por la hegemonía del Estado.

La hegemonía es un concepto centrado por Antonio Gramsci, el ideólogo del comunismo italiano de principios del siglo XX, como una etapa más precisa del marxismo, y se refiere al control de la dirección política del Estado por una élite de intelectuales y funcionarios, una superestructura cultural encima de la clase obrera. La hegemonía parte de la fragmentación de las élites políticas hacia el interior de corrientes y de grupos fuera de sus circunstancias y la finalización del ciclo de los líderes carismáticos: los liderazgos de partidos y grupos de poder pasaron a ser coaliciones dominantes oligárquicas, con debilitamiento de ideas, proyectos y jefaturas máximas. Aunque se ha dado el caso en que esos liderazgos únicos tengan que construir hegemonías con grupos y corrientes. Es el México de López Obrador: el tabasqueño es un liderazgo personal y único que hasta ahora no ha necesitado de una hegemonía funcional sino pragmática, de sótano, aunque sus adversarios --lo busquen o coincidan en oportunidad vayan consolidando hegemonías opositoras.
La pérdida de valor de los proyectos, la dispersión de la militancia en masas informes y la fragmentación de las corrientes ideológicas han consolidado la fase de las hegemonías en dos escenarios: al interior del grupo dominante o en las oposiciones. López Obrador creó Morena como instrumento electoral para su victoria, pero ha gobernado como líder personal a partir del control de todos los recursos del Estado que antes se repartían entre organizaciones, medios y corrientes. De la hegemonía de grupos y corrientes ha pasado a la hegemonía de uno sólo: un caudillismo absolutista.

Las crisis políticas, económicas y sociales desde la ruptura del bloque obrero revolucionario cardenista en 1958 hasta la actual confrontación empresarial provocada por el coronavirus en 2020, han tenido orígenes circunstanciales, pero en su desarrollo han derivado en la disputa por la hegemonía del Estado: todas ellas han ocurrido al interior del sistema priísta y sus subsistemas opositores y pelean por el control de la dirección del Estado. Los presidentes de la república han construido hegemonías mayoritarias de López Mateos a Peña Nieto y equilibradas incluyendo los
gobiernos panistas de Fox y Calderón con espacios otorgados a la sociedad civil para evitar confrontaciones rupturistas. La hegemonía es el espacio de consenso de toma de decisiones, con reparto de poder y recursos entre una pluralidad de organizaciones, corporaciones y personas que al final de cuentas constituyen una nueva coalición gobernante de tipo pragmática.
A partir del modelo de Basáñez se pueden enlistar las crisis económicas, políticas y sociales de México que formaron parte de la disputa por la hegemonía en el periodo 1958-2020, es decir, la lucha por el control de la dirección del Estado al margen de los causes sistémicos-institucionales.
Analizado el sistema político en circunstancia de crisis en 1977, antes de Basáñez en 1981, el entonces politólogo Manuel Camacho Solís escribió en El Colegio de México una caracterización de las crisis del sistema político priísta para derivar en “nudos” de intereses muy propios de las hegemonías complicadas. En su ensayo Los nudos históricos del sistema político mexicano, Camacho definió dos tipos de crisis:

- Estamos ante un límite del sistema político cuando las instituciones políticas dejan de funcionar dentro de sus propósitos de dominación política y administración social o cuando la clase política pierde su capacidad de hacer uso de las instituciones políticas. Ello puede ocurrir por la falta de cohesión de la clase política, insuficiencia de representación de las fuerzas políticas, pérdida de legitimidad y falta de capacidad administrativa.

- Estamos ante un límite del Estado cuando el “orden” de las clases y fuerzas sociales prevalecientes pierde su capacidad para crear las máximas posibilidades para la expansión de grupo o clase en el poder o cuando una de las clases subalternas --y sus aliados-- adquiere capacidad política, intelectual y moral para imponer un nuevo “orden”.

Los modelos de Camacho y Basáñez para teorizar las crisis se complementan para explicar las desajustes y disputas por espacios de poder en el sistema en los problemas de liderazgo, control de clases y corrientes.

1.- En 1958 se dio una fuerte ruptura al interior del bloque sindical que

era parte clave del PRI por la toma de espacios de poder por militantes del

Partido Comunista Mexicano. El gobierno revolucionario de Ruiz Cortines, con el aval del candidato priísta a la presidencia Adolfo López Mateos, acudió a la represión de obreros y el encarcelamiento de líderes.

2.- De 1958 a 1964 estalló una larga serie de conflictos urbanos, campesinos, estudiantiles y de clases medias, con la organización de médicos en 1964. De 1960 a 1964 el núcleo central de la oposición dentro del sistema/régimen fue la revista Política, en cuyo seno se percibió la configuración de dos grupos dominantes: los progresistas-cardenistas impulsores del nacionalismo revolucionario y los institucionales priístas que apuntalaron la candidatura de Díaz Ordaz a la presidencia en 1963-1964. Ahí estalló una guerra de posiciones.

3.- La crisis de 1968 fue un estallido al interior del régimen priísta potenciado por el autoritarismo del presidente Díaz Ordaz. Al no representar a oposición alguna, la disputa de trasfondo fue por el dominio de un grupo en la mira de la sucesión presidencial de 1970 que se resolvería en el segundo semestre de 1969. Los estudiantes fueron liderados por el rector de la UNAM Javier Barros Sierra, un priísta que compitió con desventaja en 1963 por la candidatura presidencial del PRI que logró con facilidad el secretario de Gobernación Díaz Ordaz. En el concepto de Basáñez, el 68 fue una lucha por la hegemonía de grupos al interior del Estado priísta.

4.- La crisis de 1970 se dio también en la lucha por la hegemonía: el grupo de Echeverría derrotó al grupo de Díaz Ordaz y la salida fue un nuevo realineamiento de las políticas del Estado: del desarrollo estabilizador de la economía mixta empresarios-Estado al populismo de Estado. El nuevo grupo condujo la economía a una expansión presupuestal y de empresas del Estado, no tuvo instrumentos para absorber la crisis de precios petroleros de 1973 y aumentó el gasto público y el déficit en 1973-1976 y llevó al país a la crisis económica de 1976: inflación de 2.7% promedio anual sexenal con Díaz Ordaz y de 15% anual sexenal con Echeverría.
La expansión del Estado consolidó una nueva hegemonía dominante de políticos progresistas, contra los burócratas diazordacistas. La salida de la hegemonía echeverrista condujo a la candidatura de José López Portillo, amigo personal de la infancia del presidente saliente, más administrativista que político y por lo tanto una puerta al Estado para los neoliberales que le siguieron en su sexenio.

5.- López Portillo encaró la disputa de proyectos al arrancar su gobierno:

el populista-nacionalista de Carlos Tello Macías como secretario de Programación y Presupuesto y neoliberal del FMI liderado por Julio Rodolfo Moctezuma en la Secretaría de Hacienda. El presidente cesó a los dos y se lanzó a la búsqueda de una nueva opción intermedia: el neodesarrollismo elefantiásico a cargo del petróleo. En 1979 decidió por Miguel de la Madrid Hurtado como secretario de Programación sin atender al hecho de que se trataba de una nueva hegemonía en construcción: la tecnocrática-neoliberal encabezada por Carlos Salinas de Gortari. El espacio de definición ideológica y política de la nueva hegemonía dentro del PRI fue el Plan Global de Desarrollo 1980-1982 y la opción del mercado. El nuevo grupo de poder se alzó con la candidatura presidencial en 1981 para las elecciones de 1982 a partir de la definición de que el viejo modelo de nación de la Revolución Mexicana había llegado a su fin. La nueva hegemonía de los tecnócratas duró hasta 2018 con el arribo de López Obrador a la presidencia. López Portillo fortaleció la hegemonía del Estado con la expropiación de la banca privada en septiembre de 1982 rompiendo la columna vertebral del poder empresarial y el sector privado se salió de sus alianzas con el PRI y pasó a la lucha frontal por la alternancia en la presidencia.

6.- La disputa por la hegemonía se salió de los cauces formales y se profundizó con dos fases de crisis económica en 1983 y 1986 y la fractura en el PRI en 1987 con la salida del partido de Cuauhtémoc Cárdenas y la Corriente Democrática y la candidatura presidencial disidente de Cárdenas en 1988. La hegemonía quedó en manos del delamadridismo-salinismo y sus reformas para terminar con el Estado social, optar por el modelo de Robert Nozick de Estado mínimo, entregar la economía al mercado y subordinar el sistema productivo a las necesidades de los EE. UU. vía el Tratado de Comercio Libre. Los sectores progresistas pasaron por un camino tortuoso de fracturas y desacuerdos hasta que el liderazgo personal de López Obrador ganó la presidencia en julio de 2018 para instaurar una nueva hegemonía en el Estado.

7.- La crisis financiera de 1995 fue producto de la disputa entre Salinas y Zedillo por el control de la clase gobernante tecnocrática, es decir, por el control de la hegemonía neoliberal. En la lucha entre Salinas y Zedillo se introdujo el grupo populista sobreviviente que quiso reconstruirse al amparo de Luis Donaldo Colosio, pero sólo pudo cerrar el camino a los precandidatos tecnócratas de Zedillo --Guillermo Ortiz Martínez y José Angel Gurría Treviño-- con candados para impedirles ser candidatos a la presidencia y Zedillo prefirió entregarle el poder al PAN con la garantía de consolidar a la corriente tecnocrática neoliberal encabezada por Francisco Gil Díaz, el jefe de los Chicago boys mexicanos desde principios de los setenta y profesor adjunto de Milton Friedman en la Universidad de Chicago. El gobierno de Calderón reforzó a esa hegemonía neoliberal con Agustín Carstens en Hacienda, sacado nada menos que de la subgerencia general del FMI. Ya sin crisis, la continuidad neoliberal en Hacienda y Banco de México se reforzó en el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2012-2018 con un paquete de reformas estructurales de carácter neoliberal.

Las crisis económicas tuvieron soluciones ortodoxas, ante presiones populistas:

1.- La de la devaluación de 1954 condujo al modelo de desarrollo estabilizador: control de la inflación, PIB de 6% promedio anual y políticas de control salarial y de demanda. Esa devaluación preparó el reinado de doce años de Antonio Ortiz Mena en Hacienda y su desarrollo estabilizador.

2.- La crisis 1973-1976 fue producto de la lucha por la hegemonía política por encima de la economía: aumento de gasto público, dominio del Estado, inflación, déficit presupuestal y PIB alto. La devaluación de agosto de 1976 terminó con el modelo de desarrollo estabilizador. El país entró en una lucha por la hegemonía de la política económica; los populistas y los neoliberales. En 1979 López Portillo entregó la política económica al grupo De la Madrid-Salinas, con el franco-mexicano Joseph Marie Córdova Montoya como el ideológico del neoliberalismo del Estado (Diez lecciones de política económica, febrero de 1991, revista nexos). De 1982 a 1994 Salinas limpió el PRI de progresistas, entregó la economía a los EE. UU., entronizó a los Chicago boys mexicanos en el gobierno y amarró las sucesiones presidenciales de 1994, 2000, 2006 y 2012 a la economía neoliberal. De 1979 al 2018 la hegemonía dominante fue la neoliberal.

3.- La crisis de 1981-1982 condujo a la disputa por el enfoque económico; luego de entregarle la economía y la candidatura a los neoliberales, el presidente López Portillo hizo un intento por regresar a la economía de Estado con la expropiación de la banca y el control generalizado de cambios, pero De la Madrid y su operador Salinas de Gortari controlaban la hegemonía neoliberal que anuló el efecto político de la expropiación
bancaria. La salida de la crisis fue un programa neoliberal de reducción del
Estado, de salvamento de las empresas y de ajuste de precios relativos que afectaron a la población.

4.- La crisis inflación-devaluación de 1983 (PIB de -3.5%) y 1986 (-3.1%) reforzó y profundizó la estrategia ortodoxa de bajar la inflación por el lado de la demandad en tres rubros: control salarial, disminución del déficit presupuestal y baja del PIB. El centro de la estrategia fue el salvamento de las empresas para permitir la reactivación económica pasada la emergencia inflacionaria (91% promedio anual de inflación en el sexenio) y devaluatoria (el peso pasó de 26 pesos por dólar al iniciar la nueva administración en diciembre de 1982 a 2 mil 300 pesos en diciembre de 1988).

5.- La estabilización económica con Salinas de Gortari aprovechó el desplome productivo del sexenio anterior, potencio la recuperación en la negociación del tratado comercial con los EE. UU. y apostó a la neoliberalización de la producción controlada por las grandes empresas.
La crisis de 1994 fue política con alto costo en tipo de cambio que quemó las reservas y la devaluación de diciembre de 1994 condujo al colapso económico de 1995: crédito de 50 mil millones de dólares de los EE.UU.,
alza del IVA, compra de créditos incobrables de la banca privada y pérdida de bienestar social; el objetivo fue salvar a las empresas para reiniciar el crecimiento en 1996.

6.- La crisis de 2009 fue financiera por la quiebra de las empresas especuladoras en los EE. UU., con un efecto de PIB negativo de -5.3% en 2009, pero con impulso 2000-2008 y luego 2010-2012 para un PIB promedio anual de 1.8%.

Los secretarios de Hacienda en las crisis definieron rumbo de pensamiento económico neoliberal de 1954 a 2018: Antonio Carrillo Flores en 1954, Antonio Ortiz Mena 1958-1970, Mario Ramón Beteta 1976, David
Ibarra Muñoz-Jesús Silva Herzog 1981-1986, Pedro Aspe Armella-Jaime Serra-Guillermo Ortiz 1994-1996 y Agustín Carstens en 2009 en Hacienda y Luis Videgaray de 2012 a 2018.
En la revisión de personajes, los economistas hacendarios de 1976 a 2018 fueron, todos, de la corriente del neoliberalismo de la Escuela de Chicago. Los jefes de los Chicago boys mexicanos han sido tres: Córdova
Montoya con Salinas, Francisco Gil Díaz con De la Madrid, Salinas, Zedillo y Fox y Carstens (de subgerente general del FMI pasó a secretario de Hacienda de Calderón y luego gobernador del Banco de México de 2010 a 2017) con Calderón. Luis Videgaray en la Hacienda de Peña Nieto se alineó a Gil Díaz y sobre todo Carstens.
Los economistas neoliberales pasaron de técnicos en las áreas de decisión de Los Pinos, Hacienda y Programación y Presupuesto a una hegemonía en el Estado: de 1973 a 2018 las decisiones fueron técnicas, a favor de la empresa privada y con sacrificio social, promotoras de la jibarización del Estado en tamaño y objetivos sociales.

De 1988 a 2018, López Obrador fue construyendo un liderazgo personal que fue anulando a otras figuras de la disidencia priísta a la que pertenecía: Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, sobre todo.

El formato de hegemonía lopezobradorista comenzó a perfilarse en el 2000 desde la jefatura de gobierno del DF, con márgenes crecientes de autonomía del neocardenismo y del perredismo. La victoria lopezobradorista en el 2018 fue personal, con Morena como estructura legal y no como inexistente partido político.
La crisis económica de 2020 con la expectativa de -8% de PIB no fue provocada por desequilibrios económicos. Inclusive, la desaceleración en 2019 con un PIB anual de -0.1% no tuvo factores internos, sino que se trató de una decisión política de reasignación del gasto productivo a programas asistencialistas para sectores vulnerables no productivos y para las tres obras sexenales --tren maya, refinería en Dos Bocas y aeropuerto en Santa Lucía--, dejando sin fondos los apoyos a la producción.
El año de 2020 abrió con los mismos enfoques asistencialistas por encima de los productivos. La crisis de la pandemia por el virus COVID-19 llevó a la decisión extrema de un parón productivo por el cierre de empresas y negocios para confinar a las personas en sus casas como forma de romper la cadena de transmisión de la enfermedad. El efecto económico fue la clausura de actividad productivas generalizadas, el cierre de negocios y la concentración de trabajadores en sus casas. Y el desmoronamiento del PIB.
El presidente López Obrador enfrentó, en consecuencia, un dilema brutal: salvar a las empresas y subsidiar el sistema productivo por los meses de parón productivo a costa de un sacrificio adicional en el nivel de vida de
las mayorías por las decisiones neoliberales de recorte de salarios, baja de PIB y alza de bienes y servicios o apoyar a los sectores vulnerables como ancianos, mujeres solas, niñas y niños y becas de jóvenes abandonando la producción. Los costos sociales de la primera opción son de sobra conocidos: el deterioro de nivel de vida por las crisis de 1954, 1976, 1981-1986, 1995 y 2009; los del segundo, de manera lamentable, son los mismos:
deterioro social de la mayoría de los mexicanos no propietarios, sólo con atención a determinados sectores muy identificados. Los destinatarios de los beneficios sociales directos no se localizaron en las indagaciones del CONEVAL --Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Sociales--, sino por
razones políticas: ancianos, mujeres vulnerables, niños y niñas y jóvenes estudiantes.
Se trató, otra vez, de optar entre el programa de choque neoliberal o el programa de choque populista. Los dos, por desgracia, tienen altos costos productivos y sociales, sin importar que el modelo populista beneficie a sectores vulnerables porque su efecto será una baja en el papel estimulante del Estado en la economía. En todas las crisis anteriores se aplicaron programas económicos de emergencia de tipo neoliberal.
La decisión del presidente López Obrador ante la crisis del 2020 parte del desconocimiento político del papel del PIB como indicador de la producción y dedica los fondos presupuestales disponibles a sus programas asistencialistas a sectores vulnerables no productivos y a las obras insignia de su administración y niega programas de apoyo a empresas y a trabajadores afectados por el padrón productivo. En sus discursos oficiales y en sus conferencias de prensa ha sido bastante explícito en negar un programa de rescate de empresas y trabajadores con cargo a costo sociales. Las recomendaciones empresariales, de organizaciones sociales y de economistas para un programa de rescate con enfoques de reactivación productiva hacia el segundo semestre han sido rechazadas por el presidente de la república.
En el fondo, lo que está en disputa no es sólo la resistencia a la crisis por el frenón productivo y a la caída del PIB de -8% en este año, sino que la crisis ha sido colocada por el presidente López Obrador en la lucha por la hegemonía dentro del Estado y del Estado sobre la sociedad. La aplicación de un modelo de ajuste neoliberal podría, en efecto, reducir el efecto recesivo a un año, pero con mayores costos sociales y de dominación política. Por ello sus críticas severas a los empresarios de todos los niveles.
Lo malo, en todo caso, radica en el hecho de que el programa presidencial atiende a las necesidades de sectores vulnerables no productivos, a costa de abandonar a empresas y trabajadores a una especie de darwinismo de crisis porque solo sobrevivirán los más fuertes y se romperán cadenas productivas. Y los sectores vulnerables tendrán ingresos que no funcionarán como factores multiplicadores de la demanda efectiva que ayude a una reactivación más fuerte. Por sí solo el Estado y el gasto gubernamental no alcanza para reactivar la economía porque necesita del 85% de la inversión privada total.
Asimismo, la fase de conflicto de la crisis ha llevado a una lucha por la hegemonía en el Estado: López Obrador aparece como el representante del modelo populista, aunque carece de apoyo de corrientes y se centra en
su figura y liderazgo personal. En cambio, la crítica está avanzando hacia un bloque opositor plural, disperso y dominado por el círculo rojo de la crítica personal al presidente caracterizándolo como populista. La tensión
dinámica populismo-neoliberalismo está impidiendo la construcción de un programa plural de sectores diversos para neutralizar la crisis económica por la pandemia cuando menos a este año y reactivar la economía hacia el último trimestre de 2020.
López Obrador y sus críticos están desarrollando una lucha por la hegemonía del Estado y de la sociedad y no están pensando en la dimensión de la crisis, en la oportunidad para un gran acuerdo nacional a favor de un nuevo modelo de desarrollo con políticas económicas que se salgan de la dinámica neoliberalismo-populismo y para catapultar la crisis hacia la construcción de una economía con reformas estructurales que permitan una nueva fase del desarrollo. El neoliberalismo y el populismo, cada uno por su cuenta, no garantizan que la economía regrese a tasas de PIB de 6% anual sin inflación ni devaluaciones. Los dos están apostando a regresar a la normalidad anterior a la pandemia, sin entender que no era una normalidad productiva ni de crecimiento con distribución de la riqueza; y la normalidad se puede resumir en 2019: PIB de -0.1%.
La crisis puede servir para construir un nuevo consenso nacional tipo las crisis de 1954, 1976, 1983 y 1995, aunque ahora con la posibilidad de concertar un nuevo modelo de desarrollo con distribución de la riqueza.
En términos históricos, el proyecto de la Revolución Mexicana 1917-1982, de la Constitución a la expropiación de la banca que deshizo el acuerdo de economía mixta, fue posible por el funcionamiento de una gran hegemonía nacional, con una minoría opositora --10% o menos-- sin capacidad de ofrecer una alternativa al modelo de desarrollo revolucionario-posrevolucionario.
Esa hegemonía permitió el acuerdo político, el alejamiento de la violencia

de las relaciones en las élites y una tasa promedio de PIB de 6% promedio anual.

Ese acuerdo de hegemonía posrevolucionaria --en el enfoque de Basáñez-- se dio en 1968, estalló en crisis por la sucesión presidencial y el programa económico en 1976, 1982, 1988, 1994 y 2000, no generó una nueva hegemonía de bloques de poder institucionales y tuvo como invitado externo a Cárdenas en 1994 y 2000 y a López Obrador en 2006, 2012 y 2018.
La disidencia cardenista y lopezobradorista construyó una base social de apoyo no sólo de sus seguidores tradicionales, sino de disidentes de la vieja hegemonía priísta-panista que creyeron en el discurso de López Obrador; de los 30 millones de votos del 2018, López Obrador tuvo 15 millones de seguidores y de 15 millones de flotantes del viejo régimen. Cárdenas y López Obrador construyeron cada uno un pequeño boque de poder, pero no consiguieron la dimensión de hegemonía dominante mayoritaria.
En el gobierno, López Obrador ha estado trabajando para convertir su bloque de poder en una hegemonía, pero para ello ha necesitado de los grupos del viejo régimen, como Manuel Bartlett como el símbolo de esta opción. En lugar de convencer y sumar a los grupos de la vieja hegemonía PRI-PAN, los ha estado hostigando hasta la confrontación. Los sectores de la hegemonía son, por así decirlo, los sectores invisibles del viejo sistema/régimen/Estado priísta: los empresarios, los medios de comunicación, los EE. UU., los grupos sociales callejeros, los intelectuales, la oposición leal, los beneficiarios de programas sociales, la iglesia católica, los poderes fácticos legales e ilegales y la burocracia del poder, es decir: los beneficiarios del gasto gubernamental. Sin un PRI o PAN que los organice y con un López Obrador que los quiere mediatizar hasta la anulación, estos sectores invisibles operan como opositores a la construcción de la hegemonía lopezobradorista.
Las conferencias de prensa diarias del presidente López Obrador se han convertido en la arena de lucha de López Obrador y adversarios en la disputa por construir una nueva hegemonía. La idea central del presidente, a partir de su experiencia en el régimen priísta de 1975 a 1988, se basa en la urgencia de ese espacio de poder pactado entre los grupos dominantes y los bloques de poder. El saldo de 2019 podría ser leído como la dimensión de los resultados negativos para López Obrador y para los opositores. La crisis sanitaria por la llegada masiva del COVID-19 tuvo efectos colaterales severos en todos los grupos de poder y sirvió para polarizar las posiciones; López Obrador centró en el gobierno-Estado el programa de resistencia con defensa de sectores vulnerables identificados y se negó a un programa de rescate de la economía y la economía funcional ha ido que ir cerrando empresas y despidiendo trabajadores ante la negativa del Estado a un programa anticrisis. Como López Obrador controla el presupuesto –quien tiene el dinero, tiene el poder, dice una máxima funcionalista de la ciencia política--, entonces está fortaleciendo a sus sectores sociales y debilitando a sus opositores.
En este sentido, la crisis del coronavirus está construyendo un nuevo orden económico interno y, por lo tanto, una nueva hegemonía.
Paulatinamente el presidente López Obrador irá soltando ayuda a empresas, pero a condición de sumarse a su proyecto, Esa el sentido de su declaración el martes 7 de que los grandes empresarios --Calos Slim, Alberto Bailleres, Ricardo Salinas Pliego y Germán Larrea-- habrían abandonado el cubículo de la “mafia del poder” y “minoría rapaz” para acceder al paraíso del Estado benefactor lopezobradorista. La estrategia de López Obrador es que los empresarios pierdan sus asientos en el sistema de toma de decisiones políticas, económicas y sociales, se dediquen a invertir y ganar dinero y apoyen al gobierno. El Estado, sería el mensaje, ya no es ni será otra vez el consejo de administración del sector empresarial.
El nuevo orden económico interno está siendo conducido, de modo natural, a una nueva hegemonía de poder tipo Cárdenas y Echeverría, con un presidente fuerte y empresarios, sindicatos y grupos menores subordinados al presidencialismo y el Estado como el instrumento de dominación política que había destruido el neoliberalismo, como lo señalo con claridad Carlos Salinas de Gortari en 1986 como secretario de Programación y Presupuesto, al explicar las reformas de Estado del presidente Miguel de la Madrid en 1983 como una forma de regreso al Estado dominante por arriba de las relaciones de producción: “El Estado no es la arena política donde se dirimen los conflictos sociales. Hay una autonomía relativa del Estado respecto de los diversos grupos que actúan y compiten en una sociedad plural. Por ello debe rechazarse la posición reduccionista que considera que las formas del Estado varían simplemente en correspondencia con los modos de producción”.
López Obrador quiere sacar al Estado de la lucha por la hegemonía, regresar a los empresarios a producir, dejar a partidos debilitados e incapaces de alcanza el poder y movilizar a las fuerzas sociales como las bases del nuevo Estado. La nueva estructura de poder tendrá sus universos separados: el Estado conductor, el sistema productivo y las relaciones sociales de producción.

Sin embargo, en el camino que tiene cuando menos tres años de posibilidades --dos perdidos, el primero por la desaceleración y el segundo por el COVID-19--, una crisis como la del coronavirus está sirviendo como arena de lucha por la hegemonía entre neoliberales y populistas. Y como no se ven acuerdos para pactar la reconstrucción del modelo de desarrollo, entonces los escenarios para después de la pandemia son tristes: un populismo que mantenga al país en tasa de PIB de 1% máximo y un neoliberalismo improductivo y con alto costo social que nunca recuperará el 6% de PIB anual.

En este sentido, la crisis por el COVID-19 tiene tres pistas: la pandemia sanitaria que causará muchos daños sociales, la lucha por la hegemonía entre grupos de poder y la construcción de un bloque de poder lopezobradorista.