Carlos Ramírez
El tono en que está redactada la carta del
presidente López Obrador solicitando al Senado y a la Suprema Corte una
consulta sobre las conductas económicas presuntamente delictivas de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto
Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pudiera llevar a una
ruptura sistémica de lo que parece
ser sólo una transición dentro de una transición.
Por el
contenido del texto, López Obrador está marcando un deslindamiento histórico. No se trata sólo de acusaciones que
refieran modelos de política económica, sino acusaciones que estarían
tipificando delitos concretos contenidos en el código penal. Por lo tanto, la
única forma de legalizar ese proceso
sería con una ley de ruptura histórica
o, como ocurre en países que construyeron democracias sobre las cenizas de
dictaduras, una ley de memoria
histórica.
Ahora mismo,
por ejemplo, la alianza en España
entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Unidas Podemos y como
acompañantes los resabios del Partido Comunista de España de Santiago Carrillo
y La Pasionaria, están terminando de destruir las ruinas del franquismo --el
Valle de los Caídos y la Fundación de Franco-- para transformar a posteriori
la transición española en una ruptura revolucionaria que se eludió en la
transición pactada de 1978.
Las acusaciones del presidente López
Obrador a cinco expresidentes de la república --tres del PRI y dos del PAN, los
cinco articulados por una misma
política económica-- son lo suficientemente válidas como para crear ya una ley de memoria histórica que señale
responsabilidades legales a quienes llevaron
al país al hoyo de la gran crisis neoliberal 1983-2018.
La victoria
presidencial del PAN en julio del 2000 no
fue producto de algún modelo de transición pactada a la democracia, sino
resultado del desmoronamiento del
PRI, de la pérdida priísta del control procesal de las elecciones y del hartazgo ciudadano. Sin embargo, el PAN
en la presidencia 2000-2012 careció
de un esquema de ruptura con el sistema/régimen/Estado priísta y esos dos
sexenios fueron, en los hechos, una continuidad
del sistema-PRI.
El dilema y desafío de López Obrador, Morena y la
4-T radica en fijar, ahora sí, una ruptura
con el modelo sistémico priísta para desarrollar una transformación de
estructuras o deslindarse sólo de discurso
del viejo régimen, pero mantener las variables priístas. Hasta ahora, la 4-T sólo se asume como posneoliberal, pero sin
fijar nuevas relaciones sociales de producción que definan los objetivos de
creación y distribución social de la riqueza más allá del camino fácil de los dardos verbales que en nada modifican
la estructura neoliberal.
La carta
presidencial para juzgar a los cinco últimos presidentes de la república hermanados por un mismo modelo
neoliberal de gobierno podría ser el comienzo de una ruptura histórica de proyectos de nación o se quedará en mero
planteamiento retórico. López Obrador ha sido muy certero en establecer efectos sociales negativos de presuntos
delitos económicos y productivos, como alguna vez los planteó en una demanda en la antigua PGR.
A la carta le
falta incluir al presidente Miguel
De la Madrid --ya fallecido--, porque fue el responsable directo de las reformas constitucionales para pasar
--en el razonamiento ideológico conservador de Carlos Salinas de Gortari en
julio de 1985-- del Estado social posrevolucionario al Estado autónomo de compromisos sociales que ha
sido la esencia del ciclo neoliberal 1983-2018. Ese tránsito hubo de tener la
principal ruptura interna en el PRI
con la salida de la Corriente Democrática de Cuauhtémoc Cárdenas a la que se sumó López Obrador en 1988 al aceptar
la candidatura frentista a gobernador de Tabasco en 1988.
El presidente López Obrador tiene elementos
suficientes para fijar una ruptura
real con el neoliberalismo. El juicio a expresidentes podría ser el primer paso o quedarse sólo en un
acuerdo de sanación.
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Política para dummies: La política es el campo de las grandes decisiones
históricas o el territorio de los engaños.
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