JOSÉ MARTÍNEZ M.
Existen las condiciones para someter al presidente Obrador a un juicio político por el manejo irresponsable ante la pandemia.
Su gobierno ha jugado con la vida.
Hemos llegado a un punto crítico con demasiado evidencia para actuar ahora, quizás podría ser peor si actuamos más tarde.
Las cifras de los muertos por el Covid -19 lo colocan en una situación incómoda.
Arrogante, violó la disciplina interna del gobierno al pasar por encima de las recomendaciones sanitarias del Consejo General de Salud.
Existen evidencias de que mintió a la opinión pública. Puso en riesgo la salud de los mexicanos.
Y todavía tuvo el descaro de emprender una campaña política bajo el disfraz de “giras de trabajo” cuando el país en pleno se encontraba bajo el “semáforo rojo”.
Desde el principio asumió la pandemia como un asunto banal, como un mal menor, como un problema de poco interés y trascendencia y ahí están las consecuencias de su frivolidad.
Todos atestiguamos como azuzó a la gente a salir, mientras él delirante se protegía con sus fetiches y se refocilaba con una expresión reprobable, como la que dijo, al señalar que “la pandemia nos cayó como anillo al dedo”.
Todavía el lunes 11 de mayo, cuando se registraban apenas 3,465 fallecidos por el covid -19, tuvo la desfachatez de declarar que se había “aplanado la curva”. Resultó falso. Hasta ahora suman 30 mil muertos, aunque el vocero de salud, Hugo López-Gatell ha admitido que la cifra podría ser mucho mayor, la cifra podría rebasar los 60 mil e incluso llegar a un número mucho mayor.
El presidente Obrador y su vocero de la pandemia están obligados a rendir cuentas.
Jurídicamente –y eso lo saben los expertos en materia jurídica– se puede exigir y votar la revocación de su mandato por su irresponsabilidad ante la crisis sanitaria.
Desde un principio se cuestionó la tenebrosa Guía Bioética y el Triaje por ser completamente inconstitucional. Se le advirtió al gobierno y la propia UNAM se deslindó como parte del Consejo General de Salud.
La guía –se insistió– atenta contra el derecho elemental de la preservación de la vida.
Es violatoria del Artículo 1, Constitucional de los derechos humanos.
Es violatoria del derecho a la Salud, previsto en el Artículo 4, Constitucional.
El Triaje, al decidir a quién no le ponen el aparato Respirador u otro que pueda salvar la vida, incurre en probable responsabilidad penal con sus agravantes.
Desde luego que procede el Amparo plenamente. Y hay incluso precedentes en este tema.
Da lugar a denuncias penalmente a quien resulte responsable desde el Consejo de Salubridad General que preside el Presidente y de quienes votaron a favor y para quien lo ordenó publicar y aplicar en lo general y en lo particular.
Primero se puede abrir un proceso nacional, igual contra cada funcionario que incurra en corrupción, violación de garantía y del Estado de derecho.
Sobran los argumentos en este tema, que van desde los ajustes draconianos al sector de la salud con los ajustes al presupuesto hospitalario, reajustes al personal de la salud y después la contratación desesperada de especialistas médicos y enfermeras, así como la contratación de personal médico del extranjero sin la capacitación ni la preparación pertinente, como es el caso de los médicos cubanos, la insuficiencia de medicamentos ni equipo médico y la improvisación de infraestructura médica.
Y aún peor, el Presidente posando para actos de propaganda en un hospital como escenografía teatral con falsos pacientes.
Aun cuando Obrador dispone del manto protector del Congreso donde predomina y manda la mayoría de Morena para evitar un juicio político, queda la posibilidad de exigir la revocación de su mandato de acuerdo a las últimas reformas constitucionales conforme a lo establecido en los artículos 35, 36, 41, 73, 81, 83, 99, 116 y 122 de la Constitución con el propósito de que la ciudadanía tenga instrumentos legales, para decir, al término de la mitad de su gobierno, si el Presidente, algún gobernador o un alcalde puedan seguir en sus cargos.
Lo importante es de acuerdo a las modificaciones que se hicieron a la propuesta original es que ni el jefe del Ejecutivo ni el Congreso podrán solicitar la revocación, derecho que solo los ciudadanos podrán hacer valer a través del INE. Para tal efecto solo se requiere el 2% de los electores para ser convocada una consulta ciudadana y entonces sí en una consulta nacional votar sobre su permanencia o la revocación de su mandato.
Es por eso que Obrador ve al INE como un “enemigo”. El INE con el respaldo ciudadano pueden poner un hasta aquí al Presidente.
Es suficiente con una petición suscrita por 2 millones de ciudadanos al INE para actuar. El asunto es cuestión de saber encauzar la indignación de la gente ante un Presidente pequeño al que le quedó muy grande el cargo.
