Carlos
Ramírez
En agosto de 2008 se firmó un Acuerdo Nacional de
Seguridad que establecía la necesidad urgente de capacitar a policías estatales y municipales para combatir a un
crimen organizado que se había colado
precisamente cooptando a esos niveles policiacos.
En marzo de 2019, al aprobarse la reforma
constitucional de la Guardia Nacional, el artículo Séptimo Transitorio estableció
exigencias urgentes para poner orden
en las policías estatales y municipales porque por ahí se seguía colando el crimen organizado.
Y aún no se
cumplen esos compromisos que tienen que ver con la seguridad estatal y municipal ante la delincuencia en sus
diferentes niveles y ahora los cuerpos locales de seguridad aparecieron reprimiendo protestas sociales como no
se veía desde los tiempos del PRI en mandos nacionales y estatales.
En las áreas de
seguridad y orden en las calles, las policías estatales y municipales aparecen
con grandes márgenes de autonomía
relativa del mando político central. O gobernadores y alcaldes son cómplices de los comportamientos de sus
fuerzas de seguridad o han descuidado la supervisión y los policías se mueven
por su cuenta… y por sus intereses.
En materia de
seguridad, el Séptimo Transitorio de 2019 fue muy claro:
“Los Ejecutivos
de las entidades federativas presentarán ante el Consejo Nacional de Seguridad
Pública, en un plazo que no podrá
exceder de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el diagnóstico y el programa para el
fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus
respectivos cuerpos policiales estatales y municipales".
Sin ninguna
justificación jurídica o razonable, esos informes no se han presentado o algunos se entregaron con información
parcial. En la estructura local, el
control de policías por gobernadores y alcaldes es un instrumento de poder político sobre sus núcleos sociales.
El otro mandato
constitucional del Séptimo Transitorio tampoco
se ha cumplido:
“Un año
después de haberse emitido el programa referido, el Ejecutivo local enviará anualmente a la Legislatura de la
entidad federativa correspondiente y al
Consejo Nacional de Seguridad Pública, la evaluación integral del mismo con el informe sobre los avances en
los objetivos señalados y su cumplimiento en un horizonte de seis años. Los resultados de la evaluación serán
considerados para el ajuste del programa y su calendario de ejecución, por los
órganos correspondientes".
Después
de doce años de colapso de
seguridad, ahora la crisis que está llegando
de inestabilidad social en las calles ante protestas pivoteadas por grupos de
choque anarquistas y no ha habido
decisión para someter a control a las fuerzas locales de seguridad. El
gobernador jalisciense Enrique Alfaro podría tener razón en acusar a grupos provocadores de Morena, pero las
policías de su estado están fuera de su
control.
Y
ante las protestas sociales que van a ir aumentando
de intensidad y fuerza, como se vio en Jalisco y Ciudad de México, las fuerzas
policiales municipales han sido dotadas
de equipamiento represivo, pero no
han sido capacitadas en control y administración
de movilizaciones masivas. Los reglamentos para el uso de la fuerza que existen
a nivel municipal, estatal y federal son letra muerta, sobre todo en sus artículos que señalan la negociación antes que la represión.
La
salida intermedia del mando único se
quedó en el mero control de las policías estatales y municipales, sin capacidad ni entrenamiento de esos
mandos únicos en materia de criminalidad y protestas sociales. Las policías
municipales siguen en el ojo de la
crisis de seguridad porque han quedado subordinadas
a las células del crimen organizado, además de que no se ha resuelto la capacitación requerida para entender las
nuevas reglas y políticas de seguridad federal y tampoco recibido el equipo de trabajo. Jefes policiacos en
Guanajuato, Chihuahua, Colima, Michoacán y Guerrero, entre otros estados,
aparecen en el centro de denuncias
por complicidad con grupos delictivos.
Lo
que queda es la aplicación urgente
de los programas de capacitación y control de policías locales que ha
presentado el secretario federal de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, que se
han ido posponiendo en Palacio por
presiones de gobernadores.
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Política para dummies: La política es lo policiaco con mano suave.
@carlosramirezh
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