Carlos
Ramírez
Cuando el
presidente Felipe Calderón decidió
enviar a las fuerzas armadas en apoyo de la seguridad pública en diciembre de
2006 por el alto grado de violencia
criminal, su argumentación fue la facultad
constitucional de la seguridad interior. Desde entonces se sigue debatiendo la participación castrense
en seguridad pública sin atender el
enfoque de seguridad interior.
En el fondo los
debates son procedimentales, de
derechos humanos, de daños colaterales; hasta ahora no ha habido ninguna queja de que las fuerzas armadas hayan atacado de manera intencionada a
movimientos sociales de protesta. La Ley de Seguridad Interior de 2017 fue bloqueada en la Suprema Corte en 2018,
pero sin entrarle al punto central:
el papel de las fuerzas armadas en la estabilidad social, política y económica
del Estado ante los ataques de los
grupos criminales nacionales y locales a la seguridad interior.
Más que acercarse las policías civiles a las
doctrinas militares por el contacto cotidiano en operativos, el fenómeno ha
sido al revés: los militares han
tenido que asumir los valores
civiles de la seguridad; imperio de la ley, respeto a los derechos humanos,
tribunales civiles en casos de exceso de fuerza y acatamiento de la existencia y movilidad de los movimientos de
protestas sociales civiles.
El decreto del 11 de mayo que autoriza a
las fuerzas armadas a apoyar labores de seguridad, el Cuatro Transitorio
constitucional que lo permite y el incumplimiento del Séptimo Transitorio
que obliga a gobernadores y alcaldes a profesionalizar sus cuerpos de
seguridad, aunado al activismo
impune de los cárteles del crimen
organizado --El Marro, El Mencho y Ovidio--, crean las condiciones de una nueva fase de crisis
de la seguridad interior porque el Estado ha dejado de funcionar en las zonas dominadas por esos grupos.
Y, de paso, hay
ya presiones de seguridad nacional
por la ofensiva de las agencias de seguridad de los Estados Unidos en su país y
en México en contra de esos tres
líderes criminales, en tanto que el presidente Trump ha ordenado perseguirlos en México.
Por lo tanto,
el escenario estratégico, de
seguridad interior y nacional y de presiones internacionales obliga a la revisión del decreto en
función de las doctrinas de seguridad del Estado y de la sociedad. Los
militares no han llegado a la
seguridad pública con la consigna de
matar, sino a cumplir con su función de garantizar
la soberanía, la independencia y la seguridad del Estado, de la sociedad, del
desarrollo económico ante el fracaso de las policías civiles.
Lo interesante del caso es que políticos,
partidos, oposición, legisladores, abogados y hasta ministros de la Corte
siguen preguntándose qué rayos es la seguridad interior que avala
la participación de las fuerzas aradas en situaciones de emergencia del Estado,
la sociedad y el desarrollo, cuando viene desde la Constitución de Cádiz de
1812. Durante catorce años se ha debatido el papel de los militares en seguridad pública, excluyendo la seguridad interior. Ahora parece que nos enfilamos al mismo debate inútil de la militarización
de la seguridad pública cuando leyes, reglamentos, vigilancias y protocolos son
civiles, aunque sean operados por
militares.
Y queda al
final de cuentas la percepción de
que las fuerzas armadas son la garantía
de defensa de la libertad, la soberanía y la estabilidad para el desarrollo y
no han abusado de su fuerza y que los casos excepcionales han sido investigados
y castigados por tribunales civiles.
El problema de
fondo parte de premisas equivocadas:
el problema no son los militares,
sino los funcionarios, policías, organizaciones sociales --todas ellas civiles-- que no han podido con el
problema de la seguridad y que su ineficacia ha llevado a la decisión de convocar a las fuerzas armadas a
defender al Estado y a la sociedad del avance impune de los criminales, con el apoyo de las corrupciones civiles en
seguridad y política.
Si las fuerzas
armadas son la última línea de
defensa del Estado, la soberanía y la sociedad, entonces quitarlos de labores en la que han fracasado políticos,
gobernantes, ministros y abogados significaría cederles la plaza a los delincuentes. Si gobernadores y alcaldes se
niegan a profesionalizar sus
policías y con ello impulsar al alza los delitos de furo común, entonces quién defenderá a la sociedad.
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Política para dummies: La política es la continuación de la guerra por otros
medios, con el permiso de Clausewitz para una lectura de su tesis.
@carlosramirezh
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