viernes, 12 de junio de 2020
Contracolumna UN PRESIDENTE PARANOICO PARTE 2
jueves, 11 de junio de 2020
2021 + 2022 = 2024: polarización para construcción de bloques de poder
Policías, guardianes del régimen; ¿represión o Estado de derecho?
Carlos
Ramírez
1.- La jefa de
gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quiso ser irónica el martes al explicar la marcha violenta del lunes y sobre
todo justificar la inacción
policiaca, sólo que con una mueca y no con una sonrisa: “ayer se quedaron con
las ganas de ver a un policía
reprimiendo”.
Y así fue: los
policías no intervinieron en dos
ocasiones ante los desmanes de los grupos violentos. Pero el saldo de la inacción policiaca del lunes fue alto:
10,200 comercios afectados y pérdidas por 70 millones de pesos en la zona del
Centro Histórico. Sin embargo, esos comercios han pagado sus impuestos para
obtener seguridad y sólo han recibido un “ni
modo, alguien tiene que pagar”.
El problema no radica en la inacción policiaca.
Para ello, entonces habría que disolver
a los cuerpos policiacos y que cada comercio contrate seguridad
privada. Sheinbaum desapareció el
cuerpo de granaderos y trasladó en
automático esas labores a grupos especiales de policías con funciones de… granaderos.
Las fuerzas de
seguridad estatales tienen ya
reglas, protocolos y leyes para el uso de la fuerza, pero ninguno de los policías destinados a esas labores siquiera las ha
ojeado. Lo más grave le toca a alcaldes y gobernadores: no han capacitado a sus fuerzas de seguridad en las calles para respetar derechos humanos, negociar con movimientos sociales y contener protestas violentas.
Más grave aun:
las fuerzas policiacas no aprenden siquiera de sus propios errores: los granaderos reprimiendo en el 60 estudiantil,
los grupos de choque de los sótanos del Estado en 1971 con el halconazo,
los golpes a maestros en el zócalo en 1977, la golpiza a campesinos en
Atenco y ahora el asesinato de un
ciudadano en Jalisco por no portar cubrebocas y la agresión a una adolescente en Ciudad de México por
protestar contra ese asesinato.
Hoy están igual, que es decir peor.
Los gobiernos
municipales y como apoyo los estatales van a tener trabajo extra con las protestas que vienen ante la agudización de la crisis
de empleo y de la crisis productiva derivada del frenón productivo por la pandemia del coronavirus. Puede ser más
grave la inacción, que los errores de represión por la falta de capacitación policiaca en administración de multitudes. No
se trata de reprimir sino de aplicar
el Estado de derecho.
2.- El caso de
George Floyd en los EE UU entró ya en la zona de la vulgar politización por parte del candidato demócrata Joe Biden y
de la disparatada líder legislativa
demócrata Nancy Pelosi. El afroamericano asesinado por un policía de un
gobierno estatal demócrata se
convirtió en bandera electoral demócrata.
Con tal de
ganar algunos puntos electorales, los dos están destruyendo el eje de dominación autoritaria del sistema
estadunidense: la dureza policiaca
como mecanismo de control social.
Ante delincuentes y milicias conservadoras que tienen acceso libre a las armas, la decisión de
atarle las manos a los policías dejaría a los ciudadanos a merced de delincuentes armados y radicales sin freno.
Las redes
demócratas están difundiendo fake news, como el video de un
afroamericano con camiseta roja que fue arrestado con agresividad por dos
policías. El suceso se está situando
en las marchas contra el asesinato de Floyd, pero en realidad ocurrió hace un
año en otro escenario: una alerta a
policías para arrestar a un individuo de las características del detenido;
luego de esposarlo, los policías revisaron su identificación y no era el buscado. Enseguida lo soltaron. La segunda parte de la
falsedad de la nota radica en el hecho de que no era agente del FBI, como se quiere hacer creer ahora.
La crisis
política de los demócratas los está exponiendo
a situaciones de rupturas de los consensos de dominación imperial: el retiro de
tropas que prometió Obama en Berlín y que nunca cumplió, el asesinato de Osama bin Laden sin cumplir con los requerimientos
legales, la escena del ultimo informe de Trump donde Nancy Pelosi destruyó hojas del informe como si
fuera una vándala anarquista y la
escena de Pelosi arrodillándose en
honor de Floyd por un acto de violencia policiaca del sistema autoritario y de seguridad estadunidense y como crítica a las policías que cumplen con
su deber y sus funciones que los legisladores les han aprobado.
Los demócratas
de Estado quieren ganar votos medrando
con las víctimas del autoritarismo de Estado.
-0-
Política para dummies: La política es el uso de la fuerza por el camino de la
razón.
@carlosramirezh
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Contracolumna OBRADOR Y EL SÍNDROME DEL CANGREJO | PARTE 1
martes, 9 de junio de 2020
Seguridad estatal y municipal con convenios incumplidos desde 2008
Carlos
Ramírez
En el Acuerdo
Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad de 2008, presidente de la república, gobernadores y alcaldes se
comprometieron en un plazo de seis
meses a dos años a limpiar sus
cuerpos locales de seguridad, profesionalizar a su personal y abatir las cifras de delincuencia. Hoy
la situación es peor.
Hubo entonces
compromisos estrictos asumidos por
las asociaciones de alcaldes: depurar y fortalecer las instituciones de
seguridad y procuración de justicia, programa de procedimientos policiales,
mejorar las condiciones de seguridad pública, programa para incorporar el
componente social a la estrategia de seguridad, indicadores de evaluación y
seguimiento y reasignación presupuestal para policías municipales.
Once años
después, en 2019, el secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana,
Alfonso Durazo Montaño, definió el “Modelo nacional de policía y justicia
cívica” que se ha topado con el muro
de resistencia de los intereses de gobernadores y alcaldes. El proyecto partió
de una realidad; hacia 2018 la población mantenía un 48.2% de confianza en las policías municipales y 54.3% en las policías estatales.
La desconfianza
en policías locales era parte del deteriorado
ciclo de justicia local: de 33 millones de delitos, sólo se denunciaba el
10.4%, el 6.76% derivaba en investigaciones iniciadas y había un 0.4% de acusados a disposición del
juez.
La seguridad y
justicia a nivel local fue desdeñada
en el pasado y en la actualidad son los gobernadores y alcaldes los que se resisten a profesionalizar sus cuerpos
de seguridad y justicia. Por ello ocurren hecho como la complicidad de policías estatales y municipales con el crimen
organizado, la poca capacitación para atender delitos más allá de los cívicos y
abusos de uso de la fuerza ante
manifestaciones sociales de protesta.
Hasta ahora, el
nuevo modelo policial que involucra
a cuerpos de los tres niveles de gobierno se ha centrado en supervisar el funcionamiento, pero sin
pasar antes por la reordenación de los cuerpos de seguridad, la unificación de
criterios legales, el equipamiento y, de manera principal, la capacitación de los policías para
atender los diferentes grados de la inseguridad; los delitos que afectan al ciudadano y a sus propiedades, la
violencia criminal, la impunidad, la baja confianza en la policía.
Las protestas sociales en Guadalajara y
Ciudad de México que generaron respuestas agresivas y violentas de policías sin
capacitación para enfrentar motines sociales improvisados o intencionales han
vuelto a colocar a las fuerzas locales de seguridad en el ojo de la crisis de la seguridad. Los policías usan exceso de fuerza contra ciudadanos que
protestan por asuntos sociales, pero se notan sumisas ante la penetración de bandas delictivas en
comunidades sociales que debieran de ser protegidas por los cuerpos locales de
seguridad y justicia.
El modelo
policial nacional que involucra a las policías estatales y municipales consta
del dieciocho comisiones de control,
capacitación, medición de resultados, evaluación, atención de delitos más
conflictivos y hasta de salarios policiales, pero por falta de colaboración de gobernadores y alcaldes no se han podido
aplicar con diligencia, rapidez y resultados.
Una de las
aportaciones del nuevo modelo policial ha sido cerrada a piedra y lodo por los propios policías: el desarrollo del
modelo de consejero ciudadanos de la
policía y de comités ciudadanos de seguridad, porque implicaría abrir las
instituciones policiacas y de justicia a la supervisión y participación de los
ciudadanos afectados por la inseguridad.
Si el nuevo
modelo policial se aplicara en dos
años, la calidad de la seguridad y justicia a nivel local impediría los abusos, cerraría las puertas a las bandas delictivas
y elevaría la confianza ciudadana. Pero gobernadores, alcaldes y policías
siguen rechazando esa propuesta.
-0-
BC, sucesión. Como nada más pudo tener
dos apretados años de gobierno, al mandatario estatal Jaime Bonilla le urge
colocar a su delfín en posición
ventajosa de salida para la elección del 2021, aun violando las reglas de
equidad. Pero a su preferido Mario Jesús Escobedo Carignan se le tienen ya
expedientes de irregularidades que lindan en la corrupción, tráfico de
influencias, abuso de autoridad y hasta de soborno por parte de la gasera Blue
Propane. Como es usual, datos han sido radicados ya en la Unidad de
Inteligencia Financiera de Hacienda.
Política para dummies: La política es la sensibilidad para atender los
problemas sociales y no callarlos a toletazo limpio.
@carlosramirezh
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Contracolumna DIARIO DE UN LOCO
lunes, 8 de junio de 2020
Policías locales con el crimen y contra la sociedad; urge aplicar Plan Durazo
Carlos
Ramírez
En agosto de 2008 se firmó un Acuerdo Nacional de
Seguridad que establecía la necesidad urgente de capacitar a policías estatales y municipales para combatir a un
crimen organizado que se había colado
precisamente cooptando a esos niveles policiacos.
En marzo de 2019, al aprobarse la reforma
constitucional de la Guardia Nacional, el artículo Séptimo Transitorio estableció
exigencias urgentes para poner orden
en las policías estatales y municipales porque por ahí se seguía colando el crimen organizado.
Y aún no se
cumplen esos compromisos que tienen que ver con la seguridad estatal y municipal ante la delincuencia en sus
diferentes niveles y ahora los cuerpos locales de seguridad aparecieron reprimiendo protestas sociales como no
se veía desde los tiempos del PRI en mandos nacionales y estatales.
En las áreas de
seguridad y orden en las calles, las policías estatales y municipales aparecen
con grandes márgenes de autonomía
relativa del mando político central. O gobernadores y alcaldes son cómplices de los comportamientos de sus
fuerzas de seguridad o han descuidado la supervisión y los policías se mueven
por su cuenta… y por sus intereses.
En materia de
seguridad, el Séptimo Transitorio de 2019 fue muy claro:
“Los Ejecutivos
de las entidades federativas presentarán ante el Consejo Nacional de Seguridad
Pública, en un plazo que no podrá
exceder de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el diagnóstico y el programa para el
fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus
respectivos cuerpos policiales estatales y municipales".
Sin ninguna
justificación jurídica o razonable, esos informes no se han presentado o algunos se entregaron con información
parcial. En la estructura local, el
control de policías por gobernadores y alcaldes es un instrumento de poder político sobre sus núcleos sociales.
El otro mandato
constitucional del Séptimo Transitorio tampoco
se ha cumplido:
“Un año
después de haberse emitido el programa referido, el Ejecutivo local enviará anualmente a la Legislatura de la
entidad federativa correspondiente y al
Consejo Nacional de Seguridad Pública, la evaluación integral del mismo con el informe sobre los avances en
los objetivos señalados y su cumplimiento en un horizonte de seis años. Los resultados de la evaluación serán
considerados para el ajuste del programa y su calendario de ejecución, por los
órganos correspondientes".
Después
de doce años de colapso de
seguridad, ahora la crisis que está llegando
de inestabilidad social en las calles ante protestas pivoteadas por grupos de
choque anarquistas y no ha habido
decisión para someter a control a las fuerzas locales de seguridad. El
gobernador jalisciense Enrique Alfaro podría tener razón en acusar a grupos provocadores de Morena, pero las
policías de su estado están fuera de su
control.
Y
ante las protestas sociales que van a ir aumentando
de intensidad y fuerza, como se vio en Jalisco y Ciudad de México, las fuerzas
policiales municipales han sido dotadas
de equipamiento represivo, pero no
han sido capacitadas en control y administración
de movilizaciones masivas. Los reglamentos para el uso de la fuerza que existen
a nivel municipal, estatal y federal son letra muerta, sobre todo en sus artículos que señalan la negociación antes que la represión.
La
salida intermedia del mando único se
quedó en el mero control de las policías estatales y municipales, sin capacidad ni entrenamiento de esos
mandos únicos en materia de criminalidad y protestas sociales. Las policías
municipales siguen en el ojo de la
crisis de seguridad porque han quedado subordinadas
a las células del crimen organizado, además de que no se ha resuelto la capacitación requerida para entender las
nuevas reglas y políticas de seguridad federal y tampoco recibido el equipo de trabajo. Jefes policiacos en
Guanajuato, Chihuahua, Colima, Michoacán y Guerrero, entre otros estados,
aparecen en el centro de denuncias
por complicidad con grupos delictivos.
Lo
que queda es la aplicación urgente
de los programas de capacitación y control de policías locales que ha
presentado el secretario federal de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, que se
han ido posponiendo en Palacio por
presiones de gobernadores.
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Política para dummies: La política es lo policiaco con mano suave.
@carlosramirezh
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