JOSÉ MARTÍNEZ M.
El próximo martes 3 de noviembre habrá elecciones en Estados Unidos. Si Trump gana será más de lo mismo. Su contrincante Joe Biden es un político de larga carrera y un conocedor del tema de las drogas. Tiene cincuenta años de trayectoria. Un demócrata belicoso e inflexible a la hora de negociar. Un hueso duro de roer. De resultar ganador, sin duda el asunto del narcotráfico será uno de los principales componentes en la agenda con México. Y ese punto es el más vulnerable del gobierno del presidente Obrador. Ahora mismo está en la discusión pública el proceso en contra del general Salvador Cienfuegos, el militar de más alto rango bajo señalamientos de estar coludido con un grupo de traficantes de drogas.
Hace ya 50 años que surgió la Operación Cóndor diseñada desde el Departamento de Estado y que dio pauta al surgimiento de la DEA en la pasada década de los setenta. En octubre de 1969 el gobierno estadounidense dio a conocer al mundo la implementación de un plan intervencionista en los países sudamericanos, donde en su mayoría regían las dictaduras militares para contener a las masas disidentes durante el periodo de la guerra sucia. Bajo esa misma cobertura se incluyó a México para intervenir en el tema del combate a las drogas.
En la pasada década de los sesenta Estados Unidos ya se había convertido en uno de los principales países consumidores de drogas. De entonces para acá son ya varias generaciones de estadounidenses víctimas de una sociedad narcotizada.
Cada año –desde hace cinco lustros– mueren alrededor de 75 mil estadounidenses por sobredosis de narcóticos, la mitad de ellos por drogas sintéticas como el fentanilo y el tramadol, según los reportes anuales del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.
Es una guerra perdida que ha dejado millones de víctimas mortales no sólo en Estados Unidos sino en los propios países productores que al paso de los años se convirtieron en consumidores.
Colombia fue un importante proveedor pero fue desplazado por México, aunque el problema de las drogas es un asunto global.
El Observatorio Geopolítico de las Drogas, con sede en Francia, ha sido puntual en las definiciones de los narco-Estados, tales como Burma y Pakistán. En Turquía como en México y Colombia prevalecen las relaciones entre la política y el crimen, entre el dinero del narcotráfico y las instituciones bancarias. En estos países las organizaciones criminales que se financian con el tráfico de las drogas, están protegidas por figuras de alto nivel dentro de sus respectivos gobiernos. Panamá en los tiempos del general Noriega fue un ejemplo de ello. Fue puesto bajo la lupa de la DEA. El ejército estadounidense intervino en su derrocamiento en la famosa “Operación Causa Justa”, a finales de 1989.
En el caso de México el dinero generado por la marihuana y la amapola constituye una creciente contribución a la economía rural del país. Al sembrar una docena de plantas de marihuana los campesinos pretenden obtener una ganancia que no tendrían al sembrar sus cultivos tradicionales o al contratarse como peones en sus localidades.
A su vez las grandes organizaciones criminales prefieren las drogas sintéticas pues les reditúan enormes ganancias que les dan el suficiente poder para “comprar” políticos y militares de cualquier nivel.
Al menos en las últimas tres décadas la prensa mexicana ha recogido innumerables historias de capos del crimen organizado que emergieron de la pobreza y que se convirtieron en malas leyendas. Son varias las generaciones de narcotraficantes que han mantenido un control sobre el territorio nacional dividiéndolo en parcelas de poder.
Así con el transcurso de los años México sucumbió a la narcopolítica. Gobiernos van gobiernos vienen y todo sigue igual. La guerra contra las drogas ha dejado cientos de miles de muertes. Somos el país más mortífero del mundo en esta materia.
Lo malo es que vivimos en una sociedad que glorifica al narco. Es una realidad. Películas, bioseries, música y narcoliteratura nos retratan como un país narcotizado. Las drogas, con todo lo que ello implica, se han convertido, para nuestra desgracia, en una segunda naturaleza. Un asunto de salud pública y de seguridad nacional.
Las más importantes cabezas de los encargados de combatir a este flagelo han sucumbido a la tentación del narco. Gutiérrez Rebollo, García Luna y Cienfuegos son apenas una muestra de ese sórdido mundo en el que la hiedra de las drogas llega hasta los niveles más insospechados.
Las denuncias sobre financiamiento de campañas políticas con dinero del narco es lo de menos. Eso ya lo sabemos.
En la agenda política de los Estados Unidos, nuestro país aparece como una amenaza a su seguridad nacional. El intervencionismo de la DEA y otras agencias de inteligencia de ese país no es una novedad. Nuestra soberanía ha sido puesta en sus manos mediante pactos políticos que rebasan la agenda bilateral.
El general Cienfuegos enfrenta un proceso judicial que pone contra la pared al gobierno mexicano. Lo peor que nos pudo pasar lo vivimos con el gobierno del presidente Obrador, quien se conduce como un avestruz. Todos fuimos testigos como agachó la cabeza en su encuentro con Trump por aquello lares, lo llenó de elogios y le rindió pleitesía.
Quién gané las elecciones del próximo martes no importa, de todas maneras México seguirá perdiendo. Al menos eso nos ha pasado en materia de narcotráfico desde los tiempos de la Operación Cóndor. Y peor aún con la política del avestruz que aplica Obrador sin menoscabo alguno que nos deshonra como país.
Cienfuegos es y será una mera anécdota en esta historia. Y peor para él, con un gobierno que llegó derrotado y entregado a las organizaciones del crimen organizado. El Culiacanazo por la liberación de Ovidio Guzmán es la síntesis de la política del presidente Obrador contra las drogas. Un rotundo fracaso.
Qué importa. Brindemos por el Chapo Guzmán, que desde ahora ya no será llamado así por nuestro presidente, ahora es el respetable señor Joaquín Guzmán Loera.
¿Y?
¿Biden o Trump?
