sábado, 23 de mayo de 2020

Octavio Paz Cincuenta años de Posdata' de Carlos Ramirez

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📹En unos momentos iniciamos con la mesa de análisis On Line sobre el libro: ''Actualidad de Octavio Paz Cincuenta años de Posdata'', de Carlos Ramirez, con la presencia de Javier Sánchez Galicia, presidente del Instituto de Comunicación Política y Lázaro Jiménez Aquino, presidente del Instituto Reyes Heroles a través de FB Live https://www.facebook.com/ICPIberoamerica/



jueves, 21 de mayo de 2020

Desafío 4T: PIB con distribución de la riqueza o más neoliberalismo


Carlos Ramírez

El gran debate dentro del gobierno y entre los factores de la producción no es el coronavirus, sino el proyecto económico posneoliberal convocado sin definirlo. Ahí, en esa discusión, se está jugando su suerte el gobierno de la 4T.

El ensayo presidencial sobre una nueva política económica, el decreto sobre centralización del gasto en el ejecutivo, el decreto de re-estatización de la electricidad y la iniciativa de Morena para inspeccionar en la riqueza son algunos indicios de que el modelo de la 4T carece de un plan formal de reforma económica progresista, que anda picoteando recursos por aquí y por allá y que no está encarando un dilema sexenal: o una gran reforma económica o quedarse con un neoliberalismo vergonzante.

Las tres experiencias radicales de modificación del modelo de desarrollo y de la estructura de distribución de la riqueza --Cárdenas, Echeverría y López Portillo-- fracasaron porque no encontraron la fórmula para financiar al Estado. Aumentar el gasto es demasiado fácil, pero el resultado es lo más complicado: déficit presupuestal si se mantiene el gasto creciente o burocratización económica porque el incentivo para producir es la utilidad y no el bien común.

Ahora el PIB es el villano favorito. Sin embargo, hay dos detalles: será imposible desaparecerlo porque es una variable mundial y existen ya modelos alternativos de análisis económico. El PIB es un punto referencial. Y la felicidad o el bienestar tienen mecanismos existentes, entre ellos tres: la encuesta ingreso-gasto del INEGI que revela la distribución del ingreso nacional, las cifras sobre resultados de programas sociales del CONEVAL que exhiben porcentajes de bienestar y pobreza y las cifras oficiales de empleo formal, desempleo, informalidad e ingreso salarial. El cruce de estas variables daría una especie de índice global de felicidad/infelicidad.

Un dato que muestran las encuestas del INEGI y de CONEVAL exhiben una cifra que pudiera ser el índice de felicidad: el 20% de los mexicanos vive feliz sin carencias sociales y el 80% vive infeliz con una a cinco carencias sociales. Por tanto, el debate no debiera ser sobre las cifras y su medición, sino sobre las estrategias para combatir la desigualdad ya conocida de sobra.

El gobierno de la 4T ya ha gastado año y medio en tener al neoliberalismo en la hoguera, pero sigue sin definir la reorganización productiva y distribución de funciones económicas del Estado. La gran revolución de política económica no se localiza en el regreso del Estado según el modelo chileno de Salvador Allende o el esquema chavista de ingresos petroleros, sino en el tema fiscal con sus tres derivaciones: recursos para programas sociales, financiamiento del desarrollo y redistribución de la riqueza.

 Si la estrategia se basa sólo en gasto social para atender desigualdades, entonces tendrá el límite de los ingresos. Y sin cambiar la estructura fiscal, entonces el dinero para la producción se destinará a subsidios que se le quitarán al fomento productivo. La contrarrevolución neoliberal de. Salinas de Gortari achicó al Estado y su gasto social para potenciar la producción privada que sólo concentró más la riqueza entre los ricos. La nueva revolución posneoliberal se medirá no por el tamaño del Estado o la concentración de actividades productivas, sino por la capacidad para obtener ingresos para la pobreza y para el estímulo al desarrollo.

La pandemia trastocó el escenario sexenal: el desplome del PIB a -10%, la quiebra de millones de empresas, el desempleo y el pleito con los empresarios hizo encarecer la agenda de la reforma económica posneoliberal. Y el dilema quedó planteado: o revolucionar el modelo de desarrollo o mantener el modelo neoliberal. En economía no hay términos medios.

 

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Guerrero. De los gobernadores que están mostrando dedicación a la estrategia antivirus destaca el de Guerrero, Héctor Astudillo, porque, sobre todo, no anda promocionando fotos de iniciativas inexistentes, como el oaxaqueño José Murat Hinojosa, y sólo para ir a presumir a Palacio Nacional. Astudillo ha recorrido colonias, comunidades y hospitales para supervisar respuestas oficiales y sensibilizar a la población, sobre todo porque se trata de zonas marcadas por la desigualdad y la pobreza.

Política para dummies:  La política es la propuesta de soluciones de fondo, no el discurso sin decisiones.

 

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Si no son los militares, ¿entonces quién? Seguridad es su existencia

Carlos Ramírez

 

Las tres preguntas que se tienen que hacer sobre las acciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública en modo de seguridad interior son las que no se quieren hacer: si no son los militares, entonces quién garantizará la seguridad del Estado y la sociedad; la razón de la existencia de los militares y marinos es la seguridad y a eso irán; y cuál sería la alternativa inmediata, ya, para combatir el reflujo de las bandas criminales.

Las fuerzas armadas no pueden quedarse de florero mientras las bandas criminales salen a las calles con la impunidad de sus armas no solo a repartir despensas, sino a hacer las labores propias de su oficio; delinquir. Y como la acción de los grupos delictivos se ubican en la zona de la seguridad ciudadana, de las instituciones y de la soberanía del Estado, entonces lo más normal es que las fuerzas armadas ayuden sin salirse de la ley a la seguridad --y hay que reiterarlo hasta la saciedad-- en modo de seguridad interior.

El tránsito del modelo de policía federal agotado al nuevo de Guardia Nacional iba a ser complejo y tardado, pero todos los indicios revelaban que la policía federal estaba descompuesta desde tiempos de Genaro García Luna. Y, para ser realistas, los cinco años señalados en el decreto serán insuficientes para una profesionalización total, además de que falta la reorganización de las policías estatales y municipales, el replanteamiento del concepto de cárceles y la limpieza del poder judicial.

Las funciones legales de las fuerzas armadas en seguridad están establecidas en la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea son cinco muy claras y tres de ellas tienen que ver con la seguridad y la soberanía del Estado:

I. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación;

II. Garantizar la seguridad interior;

IV. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país.

La Ley Orgánica de la Armada de México, a su vez, otorga a los marinos facultades que tienen que ver con la seguridad del Estado.

II. Cooperar en el mantenimiento del orden constitucional del Estado Mexicano;

IX. Garantizar el cumplimiento del orden jurídico en las zonas marinas mexicanas por sí o coadyuvando con las autoridades competentes en el combate al terrorismo, contrabando, piratería en el mar, robo de embarcaciones pesqueras, artes de pesca o productos de ésta, tráfico ilegal de personas, armas, estupefacientes y psicotrópicos, en los términos de la legislación aplicable;

Por lo tanto, las labores centrales de las fuerzas armadas no se agotan en auxilio a la población civil ni en la organización de desfiles, sino que se centran en la defensa de la soberanía y la integridad del Estado y la gobernabilidad democrática. De ser jurídicamente estrictos, entonces todo régimen político está militarizado porque la defensa del Estado civil está en manos de los militares. El fundador del concepto del Estado, Thomas Hobbes, acuñó una frase que ilustra la existencia del Estado en su capacidad de defensa: los pactos sin espada no logran sobrevivir y el Estado ha sido el punto culminante del contractualismo político.

No es posible imaginar que las fuerzas armadas estén en sus cuarteles mientras los grupos delictivos hacen de las suyas y la Guardia Nacional termina su proceso de profesionalización. La seguridad pública es una parte de la seguridad nacional y con la seguridad nacional conforman el trípode de la estabilidad, soberanía y hegemonía del Estado.

Ahora se trata de que las fuerzas armadas protejan al Estado de grupos delictivos que atentan contra la sociedad y el Estado.

 

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Minería. Chihuahua está poniendo el ejemplo, por el pivote de empresas y trabajadores y el gobierno estatal, en un regreso controlado a las actividades mineras. Como uno de los estados productores de minerales más importantes del país, el acuerdo de egreso a las actividades cuidará la salud de sus operadores con compromisos directos: apego a las indicaciones de autoridades sanitarias; creación de un comité de contingencia con suficiente autonomía y recursos para tomar decisiones sustantivas sobre la operación, encargado de la implementación de los lineamientos y protocolos sanitarios y de que la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene se encuentre instalada y funcione adecuadamente.

Política para dummies: La política es el reino del realismo del poder.

 

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miércoles, 20 de mayo de 2020

Contracolumna: OBRADOR, ENTRE EL FASCISMO Y LA OCLOCRACIA




JOSÉ MARTINEZ M.

¿Cómo pasará Obrador a la historia?
Ese es el dilema de Obrador. Él se sueña en un lienzo al lado de los héroes de la Patria. Pero Obrador ignora que la historia no la hace un solo hombre. La verdadera historia la hacen los pueblos.
Sería un despropósito de su parte pretender convertir a México en una Venezuela, pero aunque suene a una mafufada hay quienes alientan al tabasqueño. Uno de ellos es el dominicano Héctor Díaz Polanco quien ocupa un alto cargo en la directiva nacional de Morena.
Díaz Polanco es el presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y es uno de los responsables del adoctrinamiento de las “camisas guindas” del lopezobradorismo.

Un video en el siguiente enlace (https://www.youtube.com/watch?v=izocG1gsltA) demuestra la pretensión de este conspicuo personaje quien conspira desde el poder para “integrar” a México a la “revolución bolivariana”.


Díaz Polanco y Alfonso Ramírez Cuéllar, quien ocupa interinamente la dirección nacional de Morena, fueron quienes urdieron la marranada, no se le puede llamar de otra manera, de que se faculte al Inegi para “supervisar” el patrimonio familiar de los mexicanos.
Ramírez Cuéllar amenaza con presentar la propuesta como una iniciativa de ley una vez que regrese a su curul en la Cámara de Diputados. El borrador del mencionado engendro mereció un amplio rechazó social y político. Al presidente Obrador no le quedó más opción que recular porque tenía pleno conocimiento de ese documento.
Desde la irrupción de Morena en el poder, el gobierno ha llevado a cabo una demolición del sistema económico y pretende ampliarlo a todo el sistema político. Los cambios constitucionales, incluida la reelección de los legisladores y la consulta de la revocación del mando forman parte de esas aspiraciones encaminadas a establecer un Estado fascista disfrazado de un régimen populista.
No debemos permanecer indiferentes ante las asechanzas que todos tenemos a la vista. Por un lado, la actitud totalitaria con la que se conduce Obrador. El conflicto que mantiene con la prensa es una prueba de ello. En lo económico se ha manifestado groseramente contra los inversionistas, primero fue lo del aeropuerto, luego lo de una compañía cervecera en Mexicali hasta llegar a cuestionar el rescate de la banca internacional a los empresarios mexicanos por la crisis económica derivada de la pandemia y ahora las restricciones en el sector energético.
Otro rasgo que caracteriza a su gobierno bonapartista es la tendencia autoritaria de su comportamiento como líder político del país y el apoyo en que se basa para la toma de decisiones en consultas plebiscitarias para “legitimar” sus acciones de gobierno.
Realmente Obrador es un galimatías político.
No es de izquierda ni lo será jamás. La izquierda en México (lo poco o nada que existía de ella), sucumbió desde los inicios de la pasada década de los ochenta. Muchos “comunistas” aventaron la toalla antes del derrumbe del muro de Berlín. Una izquierda nylon, sin ideólogos y sin cabeza, que terminó absorbida por el ala nacionalista del PRI con el surgimiento de la Corriente Democratizadora que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas, quien tampoco jamás militó en la izquierda.
Obrador proviene de las filas priistas más inclinadas al populismo que a la izquierda. Vaya, Obrador no se tomó el tiempo de aprender el abc del marxismo comenzando por el 18 Brumario de Luis Bonaparte.
En esa confusión mental y política, Obrador está más identificado con una oclocracia bajo falsas promesas de repartir bienes y ejercer justicia.
El champurrado de ideologías que componen a Morena y por tanto al gobierno de Obrador han incurrido en la degradación de nuestra democracia con sus defectos y sus virtudes. La de Obrador es una “mala democracia”. De ahí al despotismo hay solo un paso.
A un año y medio de su gobierno hemos atestiguado la decadencia de su gobierno mientras se refocila criticando al antiguo régimen priista y al fracaso de los panistas de la alternancia.
Obrador aún desde el poder ha puesto de manifiesto su menosprecio por la ley y su gobierno se rige por lo que digan las muchedumbres.
Lo hemos visto con sus consultas patitos para decidir sobre los destinos del Aeropuerto o del Tren Maya o para cerrar una empresa con inversión extranjera a punto de entrar a operar.
Como lo escribió en su ensayo sobre la oclocracia el politólogo Mario Arriagada Cuadriello:
“Los tipos impuros (los degradados) suelen ser más reales que los puros (¿por qué no nos molesta describir una aristocracia como oligárquica o a algunas monarquías árabes como tiránicas?). Pareciese que hoy los demagogos oclócratas nos han convencido a las multitudes que lo nuestro es puro y se llama democracia y nada más; cuando lo cierto es que el populacho al que pertenecemos está siendo víctima de la demagogia y de un típico y triste caso de borreguismo multitudinario o, como se dice más formalmente, de ‘conformidad grupal’”.
Nos guste o no, los mexicanos estamos a la mitad de una tormenta a bordo de un barco sin un capitán que atienda el timón mientras los pasajeros contemplan, algunos apacibles y otros entre horrorizados e indignados, cómo vamos directo a un choque contra un témpano de hielo.
El capitán y su equipo emborrachados de poder, en tanto, se regocijan festejando que son unos chingones, una camarilla de politicastros que ignoran que el barco corre el riego de chocar e irse a pique.

Ni régimen, ni sistema, ni Estado, ni seguridad, ni sociedad militar


Carlos Ramírez

 

La campaña contra las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en grado de seguridad interior quiere dejar al Estado, al gobierno y a la sociedad a merced de la delincuencia en todos sus niveles. Las cifras de aumento de la inseguridad y los delitos son un aviso de que la actual estructura de seguridad pública ha sido rebasada por la criminalidad y que se requiere de un dique de contención.

La militarización de un Estado requiere que leyes, instituciones de gobierno y decisiones sean militares. Por razones de configuración administrativa, sólo dos posiciones del gabinete tienen cargas castrenses: el secretario de la Defensa Nacional y el secretorio de Marina-Armada de México. Sin embargo, sus tareas son propias de sus funciones de seguridad nacional, sin ninguna intervención en ninguna otra zona de decisiones del Estado.

 Y sólo en el gobierno de Vicente Fox un militar ocupó una cartera no castrense: el procurador general de la república fue el general retirado Rafael Macedo de la Concha y en ningún momento se habló de militarización del gabinete, además de que el funcionario se ajustó de manera estricta a sus funciones civiles de persecución del delito. En esa PGR no hubo tampoco otras estructuras controladas por militares.

Los militares construyeron, bien que mal, el sistema de gobierno vigente. El general-presidente Plutarco Elías Calles ideó el Partido Nacional Revolucionario, el general-presidente Lázaro Cárdenas lo transformó en Partido de la Revolución Mexicana y dio el primer y único paso para institucionalizar a las fuerzas armadas en estructuras políticas determinantes al crear el sector militar como el cuarto sector del partido del Estado, pero el general-presidente Manuel Avila Camacho decidió al iniciar su sexenio que los militares no participaran en el partido ni en la política. El último presidente del PRI con rango militar fue Alfonso Corona del Rosal (1958-1964), pero con más carrera en la burocracia política que en el ejército.

Los militares que participaron en política fueron más políticos que militares. Un caso fue singular: en 1977, por un pésimo manejo de la crisis estudiantil en Oaxaca por el secretario de Educación del presidente López Portillo, Porfirio Muñoz Ledo, el gobernador Manuel Zárate Aquino fue destituido de su cargo y en su lugar llegó como interino el general Eliseo Jiménez Ruiz, con fama de militar experto en contrainsurgencia y en su haber el rescate del gobernador Rubén Figueroa que había sido secuestrado por Lucio Cabañas. Pero el gobernador militar no llegó a reprimir, sino que pacificó la entidad con el brazo suave de la política.

La tarea asignada ahora a las fuerzas armadas es de seguridad pública en grado de seguridad interior. En los dos sexenios anteriores no hubo ninguna queja contra militares por ejercer funciones políticas. Tampoco hay razones ni espacios para que los militares hoy rebasen sus funciones de seguridad. Las quejas de exceso de fuerza, todas investigadas y sancionadas por tribunales civiles, no fueron contra organizaciones o líderes sociales.

Las fuerzas armadas siempre han tenido menor o mayor actividad en seguridad pública, pero con más intervención directa de diciembre de 2006 a noviembre de 2018. Y en ese tiempo, no hubo ninguna denuncia, ni preocupación, ni acusacion de que se hubiese militarizado la seguridad pública, al Estado, al gobierno y a las instituciones sociales.

La Guardia Nacional nació como cuerpo civil, pero se nutrió del cuerpo de la policía militar que ha tenido más funciones de policía para hacer que los militares respeten leyes y reglamentos. Aún con origen militar, la Guardia Nacional funciona --bien o deficiente-- bajo las reglas civiles. Y los militares y marinos que tendrán incidencia en seguridad también se ceñirán a las reglas civiles.

 

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Lo bueno. Entre todo lo malo que ha causado la pandemia del coronavirus, hay experiencias que no han saltado a los medios de manera suficiente. La estrategia de Aprende en Casa, operada por el gobierno federal para impartir emergencia sanitaria a distancia, salió con buenos resultados. El experto de la OCDE en educación y responsable del modelo PISA, Andreas Schleicher, señaló que ha sido lo suficientemente buena como la que implementó en China.

Política para dummies: La política es el análisis racional de la realidad.

 

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lunes, 18 de mayo de 2020

La Contracolumna : EL COMENDADOR OBRADOR Y LA FUENTEOVEJUNA DE LAS REDES SOCIALES



JOSÉ MARTÍNEZ M.

No se puede culpar a las redes sociales de las feroces críticas al desastroso gobierno del presidente Obrador. Tampoco es una guerra de adjetivos para descalificar las tareas del gobierno.
Es innegable que el país vive días de furia. Las críticas son feroces y el desastre está a la vista. Facebook y Twitter son simples herramientas de expresión y comunicación, porque la verdadera fuerza motriz de las críticas, en buena medida, es el descontento que impera en el ánimo social. Es falso que el pueblo esté feliz como pregona el Presidente. En campaña se comportaba como Santa Claus. Ofrecía: Vamos a crecer a 6 por ciento. Vamos a generar 2 millones de empleos en un año. ¿Y usted señora, quiere ser neoliberal o progresista?
La paz social que ofreció resultó falsa. Abrazos no balazos. Lo cierto es que la violencia no cesa y el narco ha llegado a suplir al Estado en plena pandemia ofreciendo asistencia social en las zonas marginadas. Una muestra del fracaso del aparato de seguridad nacional y la evidencia de las limitaciones de las instituciones de bienestar social.
Así, mientras el presidente pierde popularidad, como lo demuestran algunos sondeos de las encuestas, se recurre a la militarización para asumir el control del país. El presidente cambia a la figura de Comendador, al asumirse claramente en el comandante en jefe de las fuerzas armadas, el papel que tantas veces criticó de su antecesor, del que se mofó al llamar con sarcasmo como el “comandante Borolas”. Ahora se ve en un espejo que refleja la incapacidad de su liderazgo para dirigir al país mediante medidas civiles y eficaces. El escritor Héctor Aguilar Camín en su columna Militarizando (https://www.milenio.com/…/hector-…/dia-con-dia/militarizando), traza un panorama dramático de cómo Obrador cada vez comparte el poder con los militares. Escribió el historiador: “No recuerdo un presidente mexicano reciente que haya entregado a las fuerzas armadas más poder y más tareas de gobierno que el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Entre menos cosas puede resolver su gobierno, más tareas tienen las fuerzas armadas…
“…el Presidente acaba de rendirse también a las fuerzas armadas, en su decreto del 11 de mayo pasado, otorgándoles la facultad legal de actuar como policía, en auxilio de su emanación previa, a la Guardia Nacional”.
Duele decirlo pero Obrador se ha tenido que tragar sus propias palabras.
Claro, no es lo mismo ser borracho que cantinero.
Siempre criticó a sus antecesores –desde Salinas hasta Peña Nieto–. Para él todos eran unos incompetentes cortados por la misma tijera. No dejaba títere sin cabeza. A los expresidentes les escupió adjetivos de corruptos y neoliberales, pero su gobierno ha resultado, hasta ahora, peor que los anteriores. Vaya, hasta el líder de Morena ahora amenaza con una propuesta inaudita para que a través del Inegi casa por casa se fiscalicé el patrimonio de los mexicanos, incluidos los perros, los gatos y los pericos, como en los tiempos de Santa Anna a quien se atribuye el invento de los impuestos a las puertas y las ventanas. Carajo.
Queda claro que no se puede gobernar al país a partir de la ignorancia, como sentenció el escritor Carlos Fuentes cuando le preguntaron sobre el nivel intelectual de los políticos mexicanos.
El de Obrador es un caso preocupante porque denigra la investidura presidencial. Como a ningún Presidente las redes sociales han hecho escarnio de Obrador. Le ha ido peor que a Peña Nieto. Y eso ya calienta, como ha dicho el propio Obrador.
Al tabasqueño no sólo se crítica por sus yerros. Se le ha criticado por tratar de erigirse en el poder de los poderes. Ya sabemos cómo mangonea a su antojo a los legisladores. Su más reciente hazaña se dio cuando solicitó al Congreso modificar la Ley hacendaria para manejar a su antojo el presupuesto con el pretexto de hacer frente a la crisis económica generada por la pandemia.
En el fondo Obrador pretendía manipular los recursos públicos para su proyecto político. Eso significa un manejo perverso del ejercicio del poder al actuar sin el menor ápice de ética.
Esa pretensión tenía de origen vicios de constitucionalidad y los expertos lo hicieron notar. Pero Obrador es incisivo. Quiere gobernar a punta de “decretazos”. Vaya, hasta el padre putativo de Obrador, Porfirio Muñoz Ledo protestó por el decreto del 23 de abril que entre las once medidas de la emergencia sanitaria proponía que los funcionarios públicos renunciaran “voluntariamente” al 25 por ciento de su salario y a su aguinaldo. Por esos excesos presidenciales Muñoz Ledo hizo un llamado para formar un frente ciudadano contra las “autoridades corruptas” e “ignorantes y abusivas”.
Como en la mafia donde los jefes dan la orden a sus sicarios de “encárgate de esto”, los diputados que han actuado como sus lacayos atendieron la instrucción de que nadie en el gobierno podía ganar más que el Presidente, no importa que sea un científico o un experto en tecnología. Se cumplió y punto.
No podía faltar la injerencia del presidente Obrador en el Poder Judicial. Primero atacó y difamó a los ministros de la Corte por sus altos salarios y luego politizó a la Suprema Corte con la propuesta de tres mujeres militantes de Morena para ocupar, una de ellas, un asiento como ministra, como ocurrió fatalmente con la designación de Yasmín Esquivel, esposa del empresario José María Riobóo, amigo y asesor presidencial y quien está detrás de la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. El mismo que se encargó de los segundos pisos cuando Obrador encabezó el gobierno de la ciudad de México y eludió responsabilidades por malos manejos financieros en el desarrollo de esas obras.
Por su injerencia en el Poder Judicial, como nunca antes jueces y magistrados se le fueron a la yugular. El magistrado Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación estalló en cólera y le reclamó que dejará de entrometerse y de difamarlos.
Tenía razón el magistrado, pues Obrador incurrió en delitos de carácter civil al poner en duda el honor y la imagen de los miembros del Poder Judicial.
Todo este odio que Obrador sembró desde su campaña lo han ido cosechando las redes sociales que ahora se han convertido en una Fuenteovejuna. Las redes sociales que piden su renuncia por su evidente incapacidad para gobernar y por dividir al país. El pueblo bueno contra el pueblo malo.
Las redes sociales que protestan contra el atropello de sus acciones gobierno y que no comparten su optimismo que va desde sus frases del “vamos requetebién” hasta el “hemos domado el coronavirus”.

Cárteles detonan crisis de seguridad interior porque desplazan al Estado






Carlos Ramírez

A pesar de que aún debe determinarse de manera oficial si el pequeño cartel en La Huacana, Michoacán, es real o pantomima, de todos modos, su comunicado tiene elementos para revelar una crisis declarada de seguridad interior, porque anuncia el posicionamiento criminal de una parte de la soberanía territorial del Estado nacional.
Por primera vez un cártel anunció la ocupación de territorio --antes lo hacían sin anunciarlo ni presumirlo-- y, peor aún, advirtió que también tomó el control del espacio aéreo soberano del Estado porque toda aeronave no civil seria derribada, lo que haría suponer la posesión de misiles tierra-aire.
En consecuencia, ese nuevo cártel será un poder armado dentro del Estado nacional y podría ser también una declaración de rebelión de su asociado Cártel Jalisco Nueva Generación contra el Estado. Desde luego, este análisis tendría que pasar por la veracidad probada por las autoridades sobre el nuevo cártel.
Pero el asunto, con o sin certeza sobre el nuevo cártel, es grave porque sin declararlo algunos cárteles ha asumido el control de zonas territoriales del Estado desde el cártel de Miguel Angel Félix Gallardo a mediados de los ochenta del siglo pasado. Hoy hay zonas territoriales --Iztapalapa, para no ir más lejos-- que prohíben la presencia de las fuerzas de seguridad.
Se trata, en suma, de una crisis de seguridad interior o el control soberano del Estado sobre todo el territorio nacional. Asimismo, quiere decir que los cárteles no son un problema de seguridad pública sino de seguridad interior porque los cárteles cumplen en sus pequeños territorios con las características de los Estados: territorio, población, gobierno y fuerza. El nuevo cártel en La Huacana debió de haber prendido focos de alarma, porque dejaron ver las características de una fuerza beligerante que podría obtener el reconocimiento de la ONU.
Pero resulta que la estructura jurídica del Estado tiene reglas legales para la seguridad pública y para la seguridad nacional, pero no para la interior. La abrogada ley de Seguridad Interior de 2017 definió la seguridad interior:
La Seguridad Interior es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así́ como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así́ como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente Ley.
En la Ley abrogada por la Corte, el presidente de la república podría movilizar a las fuerzas armadas en situaciones de emergencia para evitar que el crimen organizado se apodere de porciones territoriales del Estado; y habría amenazas a la seguridad interior cuando
              I.        Comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla, o
            II.        Se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional.
Lo ocurrido en La Huacana se ajusta a los temores de la Ley de Seguridad Interior abrogada: autoridades locales superadas o compradas, grupos criminales supliendo al Estado en parte del territorio y riesgo de la integridad territorial como esencia de la seguridad nacional.
El decreto que permite la participación de fuerzas armadas en labores de seguridad pública no tiene que ver con los delincuentes comunes, sino con estructuras criminales que están quitándole al Estado partes de su soberanía. De ahí que lo que falla no es el decreto, sino la necesidad de una ley de seguridad interior, concepto, por cierto, que viene desde la Constitución de Cádiz de 1812 como “orden interno” y que se mantuvo en las Constituciones republicanas de 1824, 181547 y 1917.
Las fuerzas armadas van a defender la soberanía del Estado ante el avance evidente, publicitado y peligroso de los cárteles del crimen organizado.

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Política para dummies: La política es el Estado.

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