Carlos
Ramírez
A pesar de que
aún debe determinarse de manera
oficial si el pequeño cartel en La
Huacana, Michoacán, es real o pantomima, de todos modos, su comunicado tiene
elementos para revelar una crisis
declarada de seguridad interior, porque anuncia el posicionamiento criminal de una parte de la soberanía territorial
del Estado nacional.
Por primera vez
un cártel anunció la ocupación de territorio --antes lo
hacían sin anunciarlo ni presumirlo-- y, peor aún, advirtió que también tomó el
control del espacio aéreo soberano
del Estado porque toda aeronave no civil seria derribada, lo que haría suponer la posesión de misiles
tierra-aire.
En
consecuencia, ese nuevo cártel será
un poder armado dentro del Estado
nacional y podría ser también una declaración de rebelión de su asociado Cártel Jalisco Nueva Generación contra el Estado. Desde luego, este
análisis tendría que pasar por la veracidad
probada por las autoridades sobre el nuevo cártel.
Pero el asunto,
con o sin certeza sobre el nuevo cártel,
es grave porque sin declararlo
algunos cárteles ha asumido el control de zonas territoriales del Estado
desde el cártel de Miguel Angel Félix
Gallardo a mediados de los ochenta del siglo pasado. Hoy hay zonas
territoriales --Iztapalapa, para no ir más lejos-- que prohíben la presencia de las fuerzas de seguridad.
Se trata, en
suma, de una crisis de seguridad
interior o el control soberano del Estado sobre todo el territorio nacional. Asimismo, quiere decir que los cárteles no son un problema de seguridad pública sino de seguridad interior porque los cárteles
cumplen en sus pequeños territorios
con las características de los Estados: territorio, población, gobierno y fuerza. El nuevo cártel en La Huacana debió de haber prendido focos de alarma,
porque dejaron ver las características de una fuerza beligerante que podría obtener el reconocimiento de la ONU.
Pero resulta
que la estructura jurídica del
Estado tiene reglas legales para la seguridad pública y para la seguridad
nacional, pero no para la interior.
La abrogada ley de Seguridad Interior de 2017 definió la seguridad interior:
La Seguridad Interior es la
condición que proporciona el Estado
mexicano que permite salvaguardar la
permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así́
como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional,
el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio
nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones
destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el
territorio nacional, así́ como para prestar auxilio y protección a las
entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que
comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente Ley.
En la Ley
abrogada por la Corte, el presidente de la república podría movilizar a las fuerzas armadas en
situaciones de emergencia para evitar
que el crimen organizado se apodere de porciones territoriales del Estado; y
habría amenazas a la seguridad
interior cuando
I.
Comprometan o
superen las capacidades efectivas de
las autoridades competentes para atenderla, o
II.
Se originen por la falta o insuficiente colaboración de
las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad
Nacional, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1
de la Ley de Seguridad Nacional.
Lo ocurrido en
La Huacana se ajusta a los temores
de la Ley de Seguridad Interior abrogada: autoridades locales superadas o
compradas, grupos criminales supliendo
al Estado en parte del territorio y riesgo de la integridad territorial como esencia de la seguridad nacional.
El decreto que permite la participación de
fuerzas armadas en labores de seguridad pública no tiene que ver con los delincuentes comunes, sino con estructuras
criminales que están quitándole al
Estado partes de su soberanía. De ahí que lo que falla no es el decreto, sino la necesidad
de una ley de seguridad interior, concepto, por cierto, que viene desde la
Constitución de Cádiz de 1812 como “orden interno” y que se mantuvo en las Constituciones
republicanas de 1824, 181547 y 1917.
Las fuerzas
armadas van a defender la soberanía
del Estado ante el avance evidente,
publicitado y peligroso de los cárteles
del crimen organizado.
-0-
Política para dummies: La política es el Estado.
@carlosramirezh
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