Carlos
Ramírez
Sin tener
suficientes datos sobre su capacidad real
de fuego, su control dominante de zonas territoriales, su configuración real de
efectivos, sus objetivos específicos
como banda delictiva y sus acuerdos
específicos con el Cártel Jalisco Nueva
Generación, la aparición del
grupo armado Cartel Zicuirán Nueva
Generación en La Huacana, Michoacán, prendió
focos de alarma en el mapa regional de seguridad del Estado federal.
Si bien puede
ser que se trate sólo de un pequeño
grupo armado o de una pantomima, de todos modos deja el mensaje de que a nivel regional el Estado federal carece de instancias estatales y
municipales de control, inteligencia y operatividad de fuerzas oficiales de
seguridad.
En
consecuencia, el decreto de hace una semana para enviar a las fuerzas armadas a
labores de seguridad pública tiene como escenario
de emergencia la perdida paulatina de control del Estado federal y de las
autoridades locales de porciones del territorio nacional. Lo de La Huacana se añade a las evidencias de asaltos en
masa en la carretera de Cumbres de
Maltrata, Veracruz, y balaceras como de Magdalena
de Kino, en Sonora, o el ataque contra la familia LeBaron en Bavispe, Sonora, o el colapso de
seguridad en Guanajuato.
Los datos de actividades delictivas
violentas crecientes, el número de homicidios dolosos que no baja y el activismo provocador el Cártel Jalisco Nueva Generación de
Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho
revelan una verdadera crisis de
seguridad no sólo de la ciudadanía, sino del Estado como la autoridad superior de seguridad y la instancia que
debe tener el monopolio de la fuerza. Asimismo, indican que la crisis de
seguridad es una crisis de la autoridad
del Estado.
Y por las
presiones de seguridad de los EE. UU., su presencia en México para atrapar a El Mencho, sus acciones que están agitando el avispero de bandas delictivas y la aplicación en Washington del
criterio de que los cárteles
mexicanos son transnacionales y
requieren de acciones de la comunidad de los servicios militares y civiles de
los EE. UU., hay condiciones para declarar que las bandas delictivas
representan ya una crisis de seguridad
nacional que exigen la acción inmediata del Estado.
Los temores de que los militares hayan sido
enviados s acciones interpresas de represión
social son inexistentes, porque por ahora no
hay organismos populares en la lucha clandestina contra el Estado. El último
grupo fue el EZLN y sólo duró unos diez
días en la lucha armada. El riesgo de seguridad del Estado se localiza en las bandas delictivas armadas que reparten
dinero entre la gente para sembrar, producir, traficar y promover el consumo de
drogas entre la población civil.
En los últimos
meses los cárteles de la droga y
algunas bandas criminales organizadas han exhibido
armamento superior al de las policías y la Guardia Nacional, como lo revelan
los videos ostentosos del CJNG y del
nuevo Cártel Zicuirán. Al asumirse
estos grupos como organizaciones armadas
clandestinas y criminales, entonces la responsabilidad
de la seguridad de la sociedad y del Estrado corresponde a las fuerzas armadas
como última línea de defensa de la
gobernabilidad.
En todo caso,
la estrategia nacional de seguridad pública no debería descansar sólo en la participación de las fuerzas
armadas en labores de seguridad pública, sino insistir que necesita avanzar en la construcción --prometida
pero no cumplida-- de una estructura
aledaña de seguridad que ayudará, sin dudas, a las labores de los cuerpos de
seguridad: el sistema nacional de inteligencia,
la profesionalización de policías locales
tardada y obstaculizada por gobernadores y alcaldes y la acción de la Unidad de Inteligencia Financiera que
hoy funciona para labores de persecución política
de disidentes y críticos y no de
delincuentes a quienes bloquear sus activos financieros los podría al borde del
colapso.
El decreto de
lunes pasado debe llevar al debate sobre la estrategia de seguridad en una circunstancia en que los
delincuentes están aprovechando la
paralización de la estructura de seguridad para consolidar nuevas zonas de poder territorial y de acotamiento del Estado. Las
cifras de inseguridad no bajan
porque se discute la autoridad del Estado y no el poder creciente de las bandas delictivas.
-0-
Política para dummies: La política es la razón del Estado, que no es siempre es la razón de Estado.
@carlosramirezh
---30---
No hay comentarios.:
Publicar un comentario