JOSÉ MARTÍNEZ M.
Ningún gobernador –ni aun el más crítico de la cuarta transformación
como Enrique Alfaro, de Jalisco– ha recibido una humillación pública
como el poblano Miguel Barbosa por parte del presidente Obrador.
Aunque Alfaro y Obrador mantienen fuertes diferencias políticas por los
temas de la violencia, la pandemia y el tema fiscal, ambos fumaron la
pipa de la paz en una de las recientes vistas del tabasqueño por
territorio jalisciense. No ocurrió en el caso de Barbosa cuando Obrador
acudió hace poco a Cholula y en un evento público ni siquiera lo saludó a
sabiendas de que el gobernador poblano se maneja de manera caciquil.
Eso explica por qué Obrador trató a Barbosa de manera pueril, es decir
sin interés, como un político de poco valor y sin importancia. Tan es
así que Morena considera que en el caso de Barbosa se equivocaron y
tarde que temprano le van a cobrar la factura.
Los excesos de
Barbosa lo han llevado a implantar un estado de terror en Puebla. Desde
el más humilde vendedor ambulante hasta los empresarios más encumbrados
han sido víctimas de los abusos de poder de este conspicuo personaje.
Barbosa ha puesto en el centro de sus ataques a la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla en un abierto atentado a la autonomía de
la BUAP.
La BUAP es una de las principales universidades públicas
del país que se ha ganado a pulso un lugar en el ámbito de la
investigación científica y la formación académica de sus más de 100 mil
estudiantes y de atender a miles de jóvenes universitarios aún en los
lugares más apartados del estado.
Y todavía peor, Barbosa que se
maneja de manera autoritaria se ha lanzado en contra del sistema
educativo rebasando sus facultades constitucionales al tratar de
apoderarse de las instituciones de enseñanza privada.
En el afán de
mantener el control autoritario del estado Barbosa recurre a la política
del garrote. Desde que asumió su mandato protagonizó una disputa con la
alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, no obstante su pertenencia al mismo
partido.
Así como pretender apoderarse por la fuerza de la
Universidad para imponer a sus sicarios, Barbosa se hizo del control de
la Policía en todo el estado. En la capital poblana la alcaldesa llevó a
las más altas instancias legales del país su diferendo con el
gobernador. La Suprema Corte de Justicia de la Nación negó la suspensión
a las autoridades municipales y Barbosa mediante un decreto asumió el
pleno control de la Policía Municipal.
Mediante ese control Barbosa
ha implantado un estado de terror basado en el abuso de la fuerza
pública y centenares de vendedores ambulantes que trabajan para
subsistir en medio de la pandemia han sido tratados de manera criminal,
usando incluso cárceles clandestinas como castigo violando los más
elementales derechos humanos.
Ante la impunidad que priva en el
estado de Puebla, los delitos se han disparado mientras el gobernador ha
minimizado la crisis de seguridad que prevalece.
Cuando los
periodistas le cuestionaron sobre el tema de los femenicidios, el
gobernador Barbosa negó que se tratara de un asunto grave y burlonamente
señaló que las desapariciones de decenas de mujeres, eran asuntos
menores porque se trataba de personas que se fugan con los novios.
Puebla ocupa el cuarto lugar nacional en los delitos de femenicidios,
pero ante la frivolidad para tratar la gobernanza y garantizar la paz
social, decenas de miles de jóvenes –la gran mayoría estudiantes de todo
el estado– salieron a protestar en contra del gobernador.
Fue así
que en el mes de marzo más de 150 mil alumnos de más de 80 instituciones
de educación superior de todo el estado realizaron la marcha de
protesta más numerosa en toda la historia de esa entidad.
Jamás ningún gobernante había recibido tal repudio por los altos niveles de violencia e inseguridad pública.
La misma comunidad estudiantil ha manifestado su rechazo en contra de
Barbosa por su intromisión en la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla a donde pretende imponer a políticos ligados al partido Morena
con el propósito de desarrollar un “experimento” político al estilo de
las universidades venezolanas donde los estudiantes son parte de las
fuerzas de defensa del régimen político.
Forzado por las
circunstancias de la muchedumbre estudiantil, Barbosa se comprometió a
atender los casos de decenas de femenicidios, muchos de ellos de mujeres
jóvenes universitarias.
El Comité Estudiantil Universitario espera
emprender mayores movilizaciones si el gobernar se sigue conduciendo
arbitrariamente y minimizando los problemas del estado, como es el tema
de la seguridad pública.
Mientras tanto, en las cárceles municipales
y la penitenciaria estatal se han registrado presuntos “suicidios”,
aunque en realidad se trata de viles asesinatos a consecuencia brutales
golpizas en contra de reos y presuntos delincuentes que enfrentan
procesos penales.
En cuanto a la Universidad (BUAP), Barbosa no
quita el dedo del renglón y ha declarado una guerra sucia en contra de
las autoridades universitarias que se han negado a conducirse de manera
servil ante el gobernador.
De ello nos ocuparemos mañana en este mismo espacio.
