Carlos
Ramírez
Cada vez que se
mete en medios el debate sobre la
presunta militarización de la
seguridad pública se crean condiciones que benefician
al crimen organizado. Las fuerzas armadas no
participan en seguridad pública por decisión propia ni hacen labores de
policías, sino como parte de sus
funciones de seguridad nacional en el ámbito interior: la delincuencia en general ha ocupado estructuras del Estado y sus instituciones.
A pesar de que
es una doctrina antigua que viene en
el constitucionalismo mexicano desde la Constitución de Cádiz en 1812,
inclusive algunos ministros de la Suprema Corte siguen ignorantes de las caracterizaciones de la seguridad interior. Las
fuerzas armadas tienen la misión de
intervenir en seguridad pública cuando se trata de delitos que afectan al
Estado y sus instituciones, al territorio interno de la soberanía interior y
los delincuentes posean pertrechos superiores a los de las fuerzas policiacas
para construir zonas beligerantes
reconocidas por el derecho internacional para fragmentar la soberanía del Estado nacional.
El otro punto ha sido analizado aquí en varias
ocasiones: no existe la militarización porque las fuerzas
armadas son parte de las
instituciones del Estado y de la sociedad y no representan intereses
particulares y tienen facultades
legales-constitucionales para apoyar acciones de seguridad pública en
situaciones de crisis de la seguridad nacional y de la seguridad interior.
Cárteles del crimen organizado dominan espacios territoriales de
Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit,
Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Veracruz y Quintana Roo, entre otras
entidades, y tienen presencia que
excluye a las instituciones y a las fuerzas gubernamentales de seguridad. Una
facción del Cártel Jalisco Nueva
Generación ya declaró su propio
espacio aéreo y prohibió sobrevuelos comerciales y de fuerzas federales de
seguridad.
La militarización de la seguridad pública no existe porque las fuerzas armadas
forman parte del modelo histórico de seguridad integral; es decir, no hay seguridad civil ni seguridad militar. Lo
que faltaba y ya ha sido subsanado
era un cuerpo legal para darle enfoque civil a las fuerzas de seguridad donde
participen militares, terminando con
fueros exclusivos.
Los que
critican la participación extraordinaria
de fuerzas armadas en seguridad pública por crisis de seguridad interior nada dicen del fracaso de las fuerzas de seguridad civiles, las policías federales
y sobre todo las policías locales que son focos de infección controlados por el crimen organizado. Y tampoco critican
a gobernadores y alcaldes que se han negado
a profesionalizar a sus policías locales, a pesar de existir mandatos
constitucionales.
Si se sabe entender la argumentación oficial, las
fuerzas armadas llegaron a seguridad de manera coyuntural y se irán cuando exista un cuerpo civil de seguridad ya
profesionalizado. Sacarlos ahora que han aumentado
las acciones delictivas de los cárteles
representaría, en palabras sencillas, la entrega
de las plazas del Estado a las bandas dominantes de delincuentes de diferentes cárteles.
El problema de los militares en acciones
de seguridad interior no es del
ejército, sino de la inexistencia de
una fuerza de seguridad civil profesional, vacunada contra la corrupción y eficaz.
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EE. UU. 2020. La experiencia de la violencia social en el escenario
electoral de hace cuatro años beneficio
al republicano Donald Trump y hoy los demócratas cometen el mismo error. Las protestas sociales
violentas han rebasado a los
alcaldes demócratas en las ciudades incendiadas y marcadas por golpes y
balazos.
Y como en 2016,
un dato comienza a preocupar a los
demócratas: la comunidad hispana quiere pensar
como estadunidense que quiere los beneficios del capitalismo, no la condición social hispana que no
genera empleos ni bienestar.
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Política para dummies: La política es el escenario de las definiciones de
espacios de poder.
@carlosramirezh
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