Carlos Ramírez
@carlosramirezh
Las leyes de la economía no entienden
de liderazgos políticos o de justificaciones discursivas: a comienzos de febrero,
antes de la parafernalia del COVID-19, el PIB de 2019 fue de -0.1% y la
meta oficial para 2020 de 2% andaba en 0.7%... y bajando. El compromiso
del Plan Nacional de Desarrollo fue de PIB anual de 2% en 2019 y 2020 para enfilar
a la economía hacia una meta de 4% en 2021 y 4% en 2022
El
problema, desde luego, no radicaba ni radica en las cifras; éstas son metas,
no resultados. Sin embargo, el PIB es el principal indicador de la economía y
se usa de referencia con otras variables para establecer el desarrollo,
no sólo el crecimiento de la producción de bienes y servicios.
Al margen de las cifras posibles, las metas del PIB fijadas en el PND mostraban que la economía debía de pasar del 2% durante el ciclo neoliberal 1983-2018 a una tasa de 4% promedio anual en el sexenio 2019-2024. El dato mayor estaba en el reconocimiento de que era imposible regresar a la tasa promedio anual de 6% del periodo populista 1934-1982; inclusive, la meta de PIB promedio anual de 6% en 2023 y 2024 iba a ser imposible de alcanzar por la desarticulación en las principales variables macroeconómicas.
Esta
larga introducción sirve para fijar el centro del debate económico
actual: si la planta productiva y el empleo estaban en recesión antes
del parón productivo obligado por la pandemia del coronavirus y
la capacidad de producción estaba atada al techo de 2.5% porque arriba
de esta cifra se desatarían las presiones inflacionarias-devaluatorias,
entonces el fin de la crisis sanitaria regresará la economía productiva
a su triste realidad: no más de 2% de PIB, cuando menos sin cambiar
la planta productiva y el modelo de desarrollo y sin un Estado rector de
la economía.
La
población de 120 millones de personas, los 58 millones de
población económicamente activa, los 33 millones de trabajadores en el
sector informal y la incorporación de un millón 600 mil mexicanos por
primera vez al año a la población económicamente activa requieren, como
mínimo, una tasa promedio anual de PIB de 6%. La economía de 2% de PIB
estaría atendiendo sólo a un tercio de los mexicanos, dejando a dos
tercios fuera del desarrollo, del crecimiento y del bienestar.
Sin una propuesta de nuevo modelo de desarrollo, el regreso
de México a la normalidad anterior al COVID-19 no debería ser una meta
de ningún gobierno, ni de ningún sector productivo. Aquí es donde se ubica la
propuesta de acuerdo que hasta ahora ningún grupo social, político o
profesionista ha querido debatir. Inclusive, el pacto para disminuir el
impacto productivo de la pandemia y para proteger la planta productiva y el
empleo podría ser el inicio de un acuerdo para un nuevo modelo de
desarrollo.
El
consenso productivo y de desarrollo posrevolucionario duró hasta 1970.
El populismo 1971-1982 y el neoliberalismo 1983-2018 se aplicaron sin un
modelo de desarrollo. El problema radicó en que todas las medidas de policía
industrial, de comercio exterior y macroeconómicas eludieron el punto
central de todo modelo de desarrollo: la modernización o reconversión de
la planta productiva y la redefinición del papel rector del Estado.
El
modelo posneoliberal lopezobradorista se centró sólo en la
constitucionalización de las políticas asistencialistas, pero sin fijar
el modelo de desarrollo y de creación de riqueza para repartir. Se ha tratado a
secas del reparto del presupuesto, no de la modificación de la
estructura de redistribución del ingreso.
La
crisis del coronavirus será oportunidad para cambiar el modelo de
desarrollo y el papel promotor del Estado o regresar a la comodidad del
2% de PIB promedio anual y a asignaciones asistencialistas improductivas.
modelo
que condujo a una parte del Fobaproa en 1995 de pedir dinero prestado a su
banco y regresarlo como capital, para aumentar sus acciones con dinero de los
cuentahabientes. Ya se detectaron 450 millones de pesos.
Bartlett. El director de la CFE, Manuel
Bartlett Díaz, está tratando a los consumidores como si fueran partidos y
electores en una votación fraudulenta. Por obligación, muchos despachos de
trabajo obedecieron el trabajo en casa, sus oficinas quedaron cerradas, no
llegaron o llegaron los recibos de la luz, no se pudieron pagar y la CFE cortó
el servicio de energía. Ahora, además, habrá que pagar físicamente y con
castigo. El chiste se cuenta solo.
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