JOSÉ MARTÍNEZ M.
Puebla atraviesa un severo problema de gobernabilidad donde el gobernador Miguel Barbosa recurre al autoritarismo para tratar de mantener el equilibrio político, pero es insuficiente. Desde el poder se promueve la corrupción extorsionando a los presidentes municipales. A todo aquél que se resista a los chantajes, de inmediato se le inventan delitos y ¡zas! Le cae encima la Auditoria Superior del Estado. A cambio de un “moche” el auditor “aprueba” las cuentas públicas de los municipios.
Aún sin tener facultades legales esa misma práctica la pretendieron aplicar en contra de la Universidad Autónoma de Puebla para chantajear al rector con un propósito: apoderarse de la Universidad.
Las auditorías a la Universidad dependen de la Auditoría Superior de la Federación –no del estado– puesto que la BUAP recibe recursos federales no estatales, lo cual viola las más elementales normas que rigen la autonomía universitaria.
Pero en el estado nadie escapa a la cleptocracia del gobierno. El titular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco Romero Serrano maneja a la institución como un feudo personal.
Romero Serrano al margen de la ASE se amafió con un equipo de auditores externos para fiscalizar a las instituciones públicas y “arreglar” mediante componendas las cuentas públicas y pasar los controles del gobierno “sin observaciones”. Claro, todo a cambio de millones de pesos.
De 87 despachos autorizados en el Padrón de Auditores Externos, solo nueve firmas lograron obtener los contratos de 42 entes públicos que en total pagarán por la revisión de sus finanzas 34 millones 173 mil 926.03 pesos, de los cuales entregarán a Romero Serrano 20 por ciento, es decir, 6 millones 834 mil 785.2 pesos, de acuerdo con documentos de la propia Auditoría Superior de la Federación.
Un grupo de colaboradores de la Auditoría Superior del Estado se encuentran coludidos con el titular Francisco Romero Serrano, ellos son: la secretaria ejecutiva de la ASE, Luz Aída Deloya Cobián; José Maccise Flores, secretario técnico, y Juan Carlos Moreno, quien fue auditor especial de cumplimiento financiero y ahora trabaja para el auditor en el Despacho Romero Serrano y Asociados.
Desde sus tiempos de legislador Miguel Barbosa recurrió al chantaje y las extorsiones para amasar una fortuna indebida, dinero con el compró la residencia del expresidente Miguel de la Madrid, en Coyoacán a cambio de varios millones de dólares.
Los “moches” de Barbosa fueron famosos. Cobraba “comisiones” por los “trámites” de recursos públicos para gobiernos estatales y municipales.
Envalentonado llegó a protagonizar enfrentamientos con algunos periodistas, como es el caso de Francisco Zea, del Grupo Imagen, editores del periódico Excélsior.
De acuerdo a Francisco Zea, Miguel Barbosa, fue denunciado en su momento por Moreno Valle por exigir una “cuota” por el trámite de recursos para los municipios poblanos. Barbosa intervino en al menos 62 operaciones para conseguir dinero para obras municipales. De ahí que le indilgaran el mote de “el rey de los moches”. En otras palabras, se trató de verdaderos actos de extorsión.
Pero vayamos a los hechos.
José de Jesús Vázquez García –un cercanísimo colaborador del gobernador Barbosa quien lo puso al frente de las Delegaciones de la Secretaría de Gobernación en el estado de Puebla– fue pillado en una grabación de audio exigiendo “moches” de 30 por ciento a cambio de dar apoyos de la Secretaría de Bienestar a los gobiernos municipales. VER ENLACE (https://www.e-consulta.com/.../audio-director-en...)
El argumento de Vázquez García era conmovedor: “Al gobernador lo dejaron sin recursos”.
Barbosa corrió a su colaborador y se lavó las manos.
La corrupción y los malos manejos al interior del gobierno de Barbosa es tan crítica que nueve funcionarios de su gabinete renunciaron a sus cargos, entre ellos Fernando Manzanilla, quien renunció a la titularidad de la Secretaría General de Gobierno a cinco meses de iniciado su gobierno.
María Concepción Lugo Alarcón también renunció a la Secretaría de Administración y en su lugar llegó Rosa de la Paz Urtuzuastegui Carrillo, fue el segundo relevo en esta dependencia pues el primero fue Salomón Kuri solo duró 19 días.
Otro caso fue el del antropólogo Julio Glockner Rossainz quien renunció antes de cumplir un año en su puesto.
En la lista destaca la renuncia del secretario de Infraestructura Helidoro Luna Vite quien fue sustituido por Juan Daniel Gámez Murillo.
Luna Vite, al renunciar advirtió que existe una minoría “rapaz” que sólo vela por su utilidad e intereses y que se ha infiltrado en la Cuarta Transformación.
Karen Berlanga, renunció a la Secretaría de la Función Pública local y pasó a la dirección del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP).
Pedro Gómez fue echado de la dirección de Puebla Comunicaciones en medio de escándalos de supuestamente fraguar una campaña sucia contra el gobierno poblano.
Impedido físicamente para gobernar –por el deterioro a su salud, toda vez que el gobernador por causa de su diabetes ha ido perdiendo gradualmente la vista–, Miguel Barbosa podría sujeto de juicio político por la corrupción en su gobierno.
Con seguridad tarde que temprano Barbosa tendrá que abandonar el cargo, sin que antes se le llegara a fincar un juicio político. Mientras tanto hay quienes hacen apuestas sobre la permanencia de Barbosa en el puesto
