jueves, 17 de septiembre de 2020

Contracolumna • OBRADOR Y SU COMPLICIDAD CON EXPRESIDENTES • ¿POR QUÉ SLIM Y SALINAS DEBEN SER ENJUICIADOS?



JOSÉ MARTÍNEZ M.

Cuando el presidente Salinas privatizó Telmex, Cuauhtémoc Cárdenas respaldado por Obrador y Muñoz Ledo presentaron una denuncia por traición a la patria. El PRI en el poder le dio carpetazo a la demanda que se presentó ante el Congreso, la Suprema Corte y la PGR. Carlos Slim se hizo inconmensurablemente rico y Salinas creó a su alrededor un grupo de poder que lo hizo intocable.
Así nació la mafia del poder.
Gobiernos van, gobiernos vienen, y Slim sigue acumulando riquezas.
Si el presidente Obrador pretende abrir un proceso penal contra los últimos cinco expresidentes (Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña), tiene argumentos de sobra. La esencia de tal propósito consiste en una especie de juicio sumario basado en el tema de la corrupción. Un maxiproceso de esta dimensión sería como abrir la caja de Pandora.
Obrador tiene los argumentos jurídicos para proceder en contra de Salinas y Slim, pero en realidad su discurso y sus encuestas para enjuiciar a los expresidentes tienen un carácter exclusivamente político y netamente populista. Si se quiere proceder contra los expresidentes nada lo impide. Si de una carpeta de investigación se desprenden elementos que hagan suponer la probable responsabilidad de quien ocupó la titularidad del poder ejecutivo, ello es suficiente para abrir un proceso judicial.
Pero al revés Obrador se ha hecho cómplice de los expresidentes al incorporar a su círculo íntimo del poder a los empresarios beneficiarios del salinismo y de otros gobiernos, como Slim, Salinas Pliego, Azcárraga, los Hank y al propio Alfonso Romo.
En los últimos 30 años Obrador ha mantenido un discurso antisalinista. Acusó al expresidente de haberse amafiado con Slim. Pero a la hora de la verdad no actúa. Tiene el poder pero muestra poco ánimo para hacerlo, está a tiempo para emprender acciones y se muestra pusilánime.
En el año 2023, uno antes de que concluya su mandato, Obrador deberá refrendar el Título de Concesión de Telmex que Peña Nieto dio entrada en el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Vayamos por partes:
Salinas le otorgó a Slim en 1990 un título de Concesión por 26 años para explotar comercialmente a la telefónica. En el primer año las ganancias de Telmex fueron espectaculares: 8 billones de pesos. Con ese dinero Slim quería comprar los cinco principales bancos de México, pero le dijeron que no. Slim todo lo quería comprar. Su apetito insaciable lo llevó a crear América Móvil basado en el esquema de Telmex y se expandió a 30 países. Llegó a la cima del poder y el dinero. Durante cuatro años (2010-2014) Slim encabezó la lista de Forbes como el más rico del mundo.
A cambio de 7 mil millones de pesos (280 millones de dólares), Peña Nieto le dio entrada a la petición de Slim en diciembre de 2016 para la renovación del Título de Concesión por otros 30 años. De esa manera Slim y sus descendientes tienen garantizada la explotación comercial hasta el año 2056 de la telefónica. Pero todo dependerá de la decisión de Obrador quien deberá refrendar la solicitud de Slim.
Si el presidente Obrador realmente está comprometido con abrir un proceso contra los expresidentes, tiene de sobra muchos argumentos. El caso Telmex-Salinas es un ejemplo de ello.
Este caso que involucra tanto a Salinas como a Peña puede ser el punto de partida. Cárdenas, Muñoz Ledo y Obrador acusaron a Salinas de traición a la patria por entregar Telmex a Slim.
El refrendo del Título de Concesión se le dará a Slim en marzo de 2023, tres años antes del vencimiento del actual título. La prórroga será por 30 años y está sujeta a la aceptación por parte de Telmex de las condiciones de esta resolución y las nuevas que resulten aplicables en el nuevo título.
El 8 de diciembre de 2016 el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvió, en cumplimiento a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con una votación mayoritaria de seis a uno, prorrogar la vigencia de la concesión para construir, instalar, mantener, operar y explotar una red pública telefónica, otorgada a Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., (Telmex) en el año 1990.
Si bien el título de concesión de Telmex vence hasta el año 2026, de acuerdo con la ley los concesionarios deben solicitar la prórroga de sus concesiones a más tardar en el año previo a la última quinta parte de la vigencia de su concesión, y el Instituto debe resolver lo conducente dentro de los 180 días siguientes a la solicitud.
La prórroga de vigencia de dicha concesión será por 30 (treinta) años contados a partir del 11 de marzo de 2026 y está sujeta a que Telmex manifieste por escrito, dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución respectiva, la aceptación de las siguientes condiciones:
a) Que el IFT le notificará, dentro del primer trimestre calendario del año 2023, el proyecto de título de concesión habilitante para la prestación de los servicios respectivos, de conformidad con la normatividad vigente en ese momento, y
b) Que en un plazo de 30 (treinta) días hábiles, contados a partir de la notificación del proyecto de título de concesión señalado en el inciso anterior, Telmex manifieste por escrito al Instituto su conformidad con las condiciones que al efecto se establezcan en el citado proyecto de título de concesión.
En caso de que Telmex no dé puntual cumplimiento a las condiciones anteriormente descritas, dentro de los plazos establecidos para tales efectos, quedará sin efectos la prórroga otorgada. VER a continuación el enlace del acuerdo del IFT:
(http://www.ift.org.mx/…/el-pleno-del-ift-prorrogo-telmex-la…)
Si obrador busca castigar a sus antecesores por actos de corrupción, muchos empresarios –al menos una veintena de ellos pertenecientes a la lista de la Mafia en el Poder– deberán ser incluidos en las investigaciones.
Lo malo es que con el tabasqueño no sabe uno a qué atenerse. Un día dice una cosa, otro día dice otra. Cambia con facilidad su manera de ser. Todos somos testigos que se trata de un político voluble que se rige por sus estados de ánimo. No hay ninguna certeza en sus palabras. Su ambivalencia la vemos todos los días en su mañanera. Como un péndulo su pensamiento primero oscila hacia un lado y luego hacia el contrario, por esa razón mantiene sentimientos opuestos hacia una misma persona. Manuel Bartlett es un ejemplo de ello: primero se refería a él como un pillo como lo exhibió en su libro “Entre la historia y la esperanza” (editorial Grijalbo 1995) y luego lo elevó a los altares de la patria como una víctima del sistema. (https://www.e-consulta.com/…/amlo-ya-denuncio-la-fortuna-de…). Lo mismo ocurre con La Maestra, a la que primero la incluyó en los anexos de la Mafia del Poder y luego la purificó al igual que Barteltt (https://expansion.mx/…/…/11/04/la-mafia-del-poder-segun-amlo)
Obrador ve a los expresidentes como sus enemigos a quienes ha colocado en el limbo, es decir al borde del infierno, pero a los que primero busca someter a las leyes terrenales de la cuarta transformación.
Salinas y Slim serían un buen comienzo para empezar a cumplir la palabra empeñada, de lo contrario Obrador pasará a formar parte de las complicidades del poder.
MAÑANA publicaremos en este espacio la demanda de Cárdenas, Muñoz Ledo y Obrador contra Salinas y Slim por el delito de traición a la patria

miércoles, 16 de septiembre de 2020

El fraude de 86 en Chihuahua contado por AMLO es la versión de Krauze

 

Carlos Ramírez

 

El “fraude patriótico” en las elecciones de gobernador en Chihuahua en 1986 que contó y desglosó el presidente López Obrador en una reciente conferencia matutina fue centralizado en la historia negra del sistema político priísta por Enrique Krauze en 1997 en su libro La presidencia imperial. Auge y caída del sistema político mexicano (1940-1996), hasta ahora la narrativa más completa del sistema-PRI.

En medio de la polémica por las revelaciones presidenciales sobre la publicidad gubernamental en las revistas Nexos y Letras Libres, el propio presidente rescató el papel de Krauze como historiador de la debacle del PRI. El fraude en Chihuahua, operado por Manuel Bartlett Díaz como secretario de Gobernación y por la maestra Elba Esther Gordillo como lideresa del SNTE precipitó, fue, en efecto, el principio de la caída del PRI-sistema porque fue un elemento que impulsó la creación de la Corriente Democrática del PRI de Cuauhtémoc Cárdenas a las que se sumaron Porfirio Muñoz Ledo y el propio López Obrador.

El fraude en Chihuahua en 1986 fue el hundimiento de la promesa aperturista del presidente Miguel de la Madrid e involucro la sucesión presidencial de 1988 que se resolvió en 1987: Bartlett operó el fraude para De la Madrid y su candidato Salinas de Gortari y prefiguró el fraude electoral también operado por Bartlett de 1988 contra la candidatura presidencial de Cárdenas y en ese año también contra la elección local de gobernador en Tabasco contra López Obrador, candidato cardenista del Frente Democrático Nacional.

Una crisis local poselectoral logró la construcción de un bloque crítico que hizo el milagro de la confluencia en un desplegado de intelectuales de todos los grupos para exigir la anulación de las elecciones. Pero Bartlett, a pesar de reconocer que había habido un fraude, se negó a aceptar anulación por el significado histórico de Chihuahua para el PRI.

En una cena con intelectuales firmantes, entre ellos, Krauze y Aguilar Camín, Bartlett explicó las razones no electorales por las cuales el PRI no podía “soltar” la gubernatura de Chihuahua: el simbolismo de esa entidad en la historia priísta de la Revolución Mexicana y porque el triunfo del PAN “abría las puertas a tres enemigos históricos de México: la iglesia, los Estados Unidos y los empresarios”.

Krauze termina así la parte de Chihuahua:

“Bartlett --que en su juventud había sido un colaborador y ardiente partidario de Carlos Madrazo-- escuchó los argumentos y no movió un ápice su posición. AL final de la cena sugirió que se había cometido un fraude, pero era un fraude patriótico. Cualquier disturbio, advirtió, se toparía con la fuerza pública”.

Presente en la conferencia presidencial donde López Obrador recordó hace días ese fraude chihuahuense, Bartlett guardó silencio. El final histórico fue diferente: el Salinas beneficiario del fraude patriótico en 1986 cedió como presidente de la república la gubernatura al PAN en 1992, año en que Bartlett esperaba que el PRI, vía la operación política del superasesor salinista Joseph-Marie Córdoba Montoya, lo hiciera gobernador de Puebla, como pago de lealtades.

En este sentido, en el análisis de Krauze, el “fraude patriótico” de Bartlett a favor del viejo PRI fue el detonador de la ofensiva de Cárdenas en el PRI para exigir una elección interna del candidato presidencial, impulso la creación de la Corriente Democrática del PRI que fue aplastada por Salinas y Bartlett en la XIII asamblea nacional de 1987 y lanzó el ciclo salinista neoliberal en 1988.

El “fraude patriótico” de Bartlett a favor del PRI fue el principio de la debacle priísta que terminó en julio de 2018 con la victoria de López Obrador, pero con el dato sobresaliente de que el responsable de ese fraude --y otros simbólicos para el PRI-- hoy es miembro del gabinete presidencial ampliado del presidente López Obrador.

 

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Política para dummies: La memoria es el veneno de los políticos.

 

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lunes, 14 de septiembre de 2020

Grupos intelectuales: Revueltas o Benítez/ Fuentes/Monsiváis/Camín o Paz/Zaid/Krauze

 

 

Carlos Ramírez

 

Aunque con el debate de los intelectuales y la política va a ocurrir con lo que otros temas de que llegan, estallan en escándalo y se van sin resolver conflictos, se trata de uno de los asuntos de cultura política prioritaria de la sociedad.

Los intelectuales legitimaron al régimen priísta hasta 1958, luego pasaron a una crítica al sistema hasta 1968, llegó Echeverría y los regresó al redil y dejaron de ser útiles desde 1978.

A la fecha siguen existiendo tres modelos intelectuales en sus relaciones con el poder/política/Estado/PRI: el sistémico de Fernando Benítez, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis y Héctor Aguilar Camín de formar parte del aparato ideológico del régimen; el autónomo de Octavio Paz, Gabriel Zaid y Enrique Krauze, cuyas coordenadas se pueden localizar dentro del régimen pero con autonomía crítica severa, sin depender de los recursos públicos y en la línea de defensa de la libertad ante el Estado; y el disidente de José Revueltas, quizá el único con talla creativa y voz tronante, desde la perspectiva marxista.

Los posicionamientos se presentan en sus principales textos: los primeros, los sistémicos, se asentaron en el enfoque del nacionalismo revolucionario o “izquierda priísta”, cualquier cosa que esto pudiera ser, abrevado en el cada vez ojo de agua seco del cardenismo al que Revueltas calificó como “iglesia sin papa”. Se autodenominaron “progresistas” como coartada, defendiendo las posiciones populistas del régimen tricolor. Colaboran con Echeverría y con Carlos Salinas de Gortari para darle base cultural a los proyectos presidencialistas, el populista progresista y el populista neoliberal.

Los segundos, los autonomistas, definieron sus posiciones primero respecto al comunismo represor ruso-chino-coreano-cubano y en lo interno han defendido la democracia liberal basada en la libertad de optar y contra el autoritarismo sistémico del Estado priísta. En 1985 Paz y Zaid, en la revista Vuelta, prefiguraron el fin del PRI y fueron atacados por los fascios priístas y comunistas. Nunca dependieron de recursos públicos y fueron cuestionados por recibir publicidad y apoyos privados abiertos.

De los terceros sólo destacó la figura de Revueltas, aunque su objetivo crítico primario fue la estructura comunista partidaria en México. Su ensayo México: una democracia bárbara de 1958 fue el primer ensayo del sistema priísta desde el marxismo. Su tesis principal fue que el enfoque nacionalista revolucionario del PRI se metió como virus en el cuerpo orgánico de la izquierda marxista y lo infectó. Y la historia le dio la razón: en 1989 el Partido Comunista Mexicano, como PSUM-PMS, le cedió su registro legal como partido marxista a los priístas cardenistas de la Corriente Democrática del PRI y su mutación hasta Morena, desapareciendo el pensamiento crítico marxista. Eso sí, Revueltas murió comunista.

Los tres grupos siguen vigentes: los sistémicos se reaglutinaron en Nexos y siguen a la espera del regreso del PRI al poder para recuperar su esencia; los autonomistas perdieron Plural y Vuelta, tienen Letras Libres, padecen del fanatismo populista excluyente, su mercado de lectores se ha reducido por la falta de interés ideológico de los jóvenes y han reinsertado el interés por los textos de análisis político de Octavio Paz; y Revueltas parece haber sido olvidado por sus camaradas, pero a veces se aparece como el fantasma marxista que recorre las conciencias para sacudirlas de su modorra y para decirles en sus peores pesadillas que hace falta un partido socialista, ideológico, dialectico, histórico, y no las caricaturas que andan buscando una izquierda liberal inexistente.

 

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Política para dummies: La política es el mejor diccionario de la realidad.

 

NOTA: mañana 16 de septiembre, por ser día de descanso obligatorio, no habrá Indicador Político. Nos leemos jueves.

 

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EE. UU. 2020: no es democracia, sino disputa por conducción del imperio

 

 

Carlos Ramírez

 

Las elecciones presidenciales en los EE. UU. no muestran una lucha entre los dictadores que siguen a Trump y los democráticos que quieren a Biden-Obama. Al final del día, los dos representan dos corrientes del mismo imperio estadunidense que anda en busca de reorganizar su dominación interna: la derechista de los demócratas y la puritana de los republicanos.

Muchos analistas mexicanos han caído en la trampa retórica de suponer que Trump es un enemigo de la democracia y que quiere imponer una dictadura en una nación controlada por los intereses financieros, mediáticos, militares y corporativos y que la pareja Biden-Obama es la salvadora de la democracia idealizada por el vizconde de Tocqueville. Las gestiones de Reagan y Obama demostraron que la Casa Blanca es el trono de un imperio mundial, el único hasta ahora.

La dominación de los intereses hegemónicos sobre las élites se puede permitir el lujo de impulsar corrientes “socialistas” como las de Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez que no pasan de ser populistas tercermundistas y estatistas. El triángulo del poder en los EE. UU. tiene sus tres vértices: el Pentágono, Wall Street y los ricos y corporaciones de Forbes y Fortune.

El error de Trump ha estado en su negativa a someterse a los dictados de ese Estado profundo del establishment demócrata-republicano y gobernar a partir de sus caprichos que, por lo demás, responden a los sentimientos antiautoridad del Estado por parte de los granjeros y trabajadores que no disfrutan de las mieles de la riqueza y el confort. La brutalidad policiaca contra los afroamericanos responde a la lógica del establishment demócrata-republicano y no a las huestes de Trump. Al buscar un modelo económico que genere más empleo, salarios y bienestar, Trump aparecería más populista, aunque lo repudian por su estilo atrabancado de referirse a mujeres y a los migrantes.

El discurso del miedo que ha desarrollado la candidatura Biden-Obama contra Trump en el sentido de que va a cometer fraude, suspendería las elecciones o de plano se negaría a dejar la Casa Blanca si pierde estaría en la argumentación de campaña. Como todos los presidentes en ejercicio, Trump ha hecho uso de todas las estratagemas e instrumentos de poder de la Casa Blanca para ganar, como antes lo hicieron todos, incluyendo al John F. Kennedy que pactó con la mafia cubana operaciones de fraude electoral.

La victoria de Trump en el 2016 atrapó distraído al establishment, quienes creyeron las encuestas de la estructura de sondeos de los grandes diarios que pertenecen a esa organización de poder ya no tan secreto. Trump en la Casa Blanca desplazó a los personeros del Estado-establishment y gobernó a capricho porque era la única forma de administrar el poder. Pero en estos casi cuatro años, Trump no se salió de la agenda imperial estadunidense. En cambio, con tal de construir una opción, la pareja Biden-Obama está comprometiendo una agenda progresista contraria a los intereses dominantes del complejo militar-industrial-mediático.

Lo que hay que entender es que los EE. UU. no votarán entre democracia o dictadura, sino por un administrador del mismo imperio. A Trump le critican sus frases hirientes contra migrantes, pero Obama en sus dos periodos deportó a más de tres millones de indocumentados hispanos y se ganó a pulso el título de Deportador en Jefe.

La imagen nada democrática de falta de respeto a las instituciones democráticas la dio la demócrata Nancy Pelosi en el último informe de gobierno de Trump cuando delante de la asamblea rompió en pedazos su copia del informe gritando ¡mentiras!, un acto de repudio a las instituciones.

De la ahí la importancia de fijar las elecciones estadunidenses en sus verdaderos parámetros: hay dos candidatos --Trump y Biden/Obama-- que representan al mismo imperio explotador, invasor y racista.

 

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Política para dummies: La política consiste en saber identificar los demonios.

 

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domingo, 13 de septiembre de 2020

Contracolumna • LA JORNADA RECIBE 700 MIL PESOS DIARIOS • OBRADOR Y LA CLOACA DE LA PUBLICIDAD



JOSÉ MARTÍNEZ M.


El campeón de la austeridad republicana, dice estar dispuesto a someter a los trabajadores del gobierno a una “pobreza franciscana” mientras le entrega dinero a manos llenas a sus amigos de La Jornada que ahora se han convertido en aliados de Televisa y Tv Azteca como defensores del presidente.
Obrador actúa al revés de Robin Hood: le quita dinero a los pobres para dárselo a sus aliados para que lo llenen de halagos en su periódico favorito.
El presidente Obrador debería ser sujeto de juicio político por transgredir la ley de la publicidad oficial al utilizar el dinero público de manera discrecional para premiar y castigar a la prensa, en lugar de fortalecer la pluralidad democrática con la participación decidida de los medios, tal y como lo señala la Ley General de Comunicación Social.
VER DETALLES del gasto oficial en publicidad en el siguiente enlace 

https://www.animalpolitico.com/…/gobierno-amlo-gasto-publi…/

No solamente el presidente desconoce las leyes que regulan esa materia sino que además incurre en una escandalosa violación a la Constitución.
Obrador le ha dado a La Jornada un manejo especial como si se tratara de una paraestatal del gobierno al inyectarle recursos públicos como si fueran subsidios.
El trato discrecional con el periódico La Jornada huele más a un contubernio que a un acuerdo comercial que contrasta con el manejo perverso con el resto de la prensa. La Jornada, es el medio con más publicidad oficial en el sexenio de la cuarta transformación, al concentrar la quinta parte del gasto público en materia de publicidad.
El tema de la publicidad fue uno de los 100 compromisos que estableció en el discurso de su toma de posesión. A la hora de la verdad incumplió además de incurrir en un conflicto de interés.
A lo largo de 2019, La Jornada recibió el equivalente a 700 mil pesos diarios durante el primer año de gobierno del presidente Obrador. En ese período sumó más de 251 millones de pesos tan solo del gobierno federal. Antes, el gobierno “neoliberal” de Peña Nieto favoreció a La Jornada con 530 millones de pesos de publicidad durante ese sexenio.
Acostumbrado a disponer del dinero público de manera cerril, Obrador está expuesto al escrutinio de las leyes y deberá ajustarse a ellas. El hecho de ser presidente no le otorga ningún derecho a imponerse como el rey de los presupuestos y actuar con denodada impunidad. Es el primero de los servidores públicos obligado a actuar con apego a derecho en la rendición de cuentas pero de manera inversa actúa con total impunidad.
El tabasqueño por sus cojones se atribuye la calificación de decir cuál es la “buena” y la “mala” prensa.
La Auditoría Superior de la Federación está obligada como la Secretaría de la Función Pública, lo mismo que el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda a intervenir en el caso de La Jornada. Además de la participación de la Secretaría del Trabajo para dar cumplimiento a las resoluciones de la Junta de Conciliación y Arbitraje en el caso de la sentencia favorable a los trabajadores despedidos de ese periódico cuyos directivos se niegan acatar.
Así como el gobierno de Obrador ha actuado de manera deleznable en contra de las revistas Letras Libres y Nexos y los periódicos como Reforma y El Universal, La Jornada, que es alabado de manera lisonjera –como cualquier otro medio que recibe recursos oficiales– debe ser parte del escrutinio público por el simple hecho de ser empresas de interés público.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó jurisprudencia sobre el tema de la publicidad oficial conforme a la resolución basada en el Amparo Directo 1434/2013 que dio pauta a la sentencia emitida el 15 de noviembre de 2017.
En base a esta resolución la Suprema Corte ordenó al Congreso de la Unión expedir una ley para regular el gasto de la publicidad oficial.
En acatamiento a lo dispuesto por el máximo tribunal del país, el Congreso emitió la Ley General de Comunicación Social que entró en vigor mediante el decreto promulgado por el presidente Peña Nieto el 11 de mayo de 2018.
Esta Ley es de orden público e interés social, de observancia general en toda la República y reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para nadie es un secreto el favoritismo del presidente Obrador con La Jornada. En su relación con los directivos de ese periódico el tabasqueño incurre en un conflicto de interés que viola la ética de ese rotativo y además infringe la normatividad del conflicto de intereses y de la transparencia gubernamental.
El presidente está obligado a priorizar el interés público sobre sus intereses personales. Obrador es el primero en violar lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos al no informar a las autoridades competentes de su vínculo con los directivos de La Jornada, específicamente con la directora Carmen Lira con quien mantiene una relación de compadrazgo, así como los moneros que son militantes de Morena y propagandistas de su gobierno.
Pero es más grave que el presidente Obrador no acate lo dispuesto en la Ley General de Comunicación Social y todavía peor que insulte y agreda a los medios, como en el caso de Reforma a, que ha llamado “pasquín inmundo” –tan solo por denunciar la corrupción en el torno familiar del tabasqueño–.
La aplicación de la ley en materia de publicidad, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Comunicación Social es un asunto de naturaleza colectiva.
En su sentencia la Suprema Corte reconoce que la asignación opaca, discrecional y excesiva del gasto de comunicación social a los medios de comunicación es un medio de control de las líneas editoriales que constituye una forma de censura sutil o indirecta. Al mismo tiempo, amplía las posibilidades de juicio de amparo y le dota de efectividad al permitir que por esta vía se reclame la vulneración de un mandato constitucional.
El mensaje es claro: ningún órgano político ni el presidente debe estar por encima de la Constitución.
De tal suerte es que todas las autoridades, comenzando por el presidente, tienen la obligación de respetar la Constitución.
Aún peor para el gobierno del presidente Obrador. México ha suscrito tratados internacionales en materia de derecho a la libertad de expresión en el marco de su adhesión a la Organización de los Estados Americanos (OEA) cuyos lineamientos jurídicos se dan en el marco de las atribuciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En los acuerdos internacionales con la OEA en el punto 8 de los principios para la regulación de la publicidad oficial de la Organización de los Estados Americanos se establece que debe acompañarse de una definición y regulación de los mecanismos de fomento del pluralismo y de la diversidad. Se deben definir mecanismos que permitan que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de promoción del pluralismo informativo.
Los objetivos de estos apoyos deberán ser a) la promoción del pluralismo y de la diversidad cultural y lingüística, b) combatir la concentración y c) ayudar a la industria mediática.
Con las reformas constitucionales a los artículos 108 y 111, el presidente Obrador puede ser juzgado no solo por traición a la Patria, sino también por corrupción y delitos electorales.
El uso discrecional del presupuesto público para la asignación de la publicidad oficial es un delito por el cual el presidente Obrador puede ser sujeto de juicio político.
El caso de La Jornada es un ejemplo de la cloaca de la corrupción en el reparto discrecional de la publicidad.
VER TARIFAS publicitarias de 
La Jornada: 

viernes, 11 de septiembre de 2020

Contracolumna • TAIBO II EL APRENDIZ DE BRUJO • LA INTOLERANCIA DE UN SICARIO


JOSÉ MARTÍNEZ M.


En su exilio México acogió a la familia Taibo cuando el país era gobernado por el PRI. López Mateos era el presidente.
Años atrás, en 1936 cuando estalló la guerra civil en España, nuestro país les abrió las puertas a los exiliados. En 1947 España fue declarada una república monárquica y el general Francisco Franco se proclamó regente vitalicio, enarbolando las banderas del nacionalismo español, el catolicismo y el anticomunismo. El saldo de la guerra fue de más de 270 mil españoles (hombres y mujeres) detenidos en las prisiones del Estado, entre estas más de 180 eran campos de concentración, en tanto más de 500 mil optaron sin remedio por el exilio y más de 100 mil españoles perdieron la vida.
El director del Fondo de Cultura Económica Paco Ignacio Taibo II olvida su origen y va contra su propia historia.
Ahora él es el fascista que pide sean expulsados del país quienes defienden la democracia.
Como se sabe, el gobierno de México nunca estableció relaciones diplomáticas con el de Franco. Los españoles que llegaron a nuestro país lo hicieron de las siguientes maneras, como refugiados, exiliados o inmigrantes.
El periodista Francisco Ignacio Taibo Lavilla, conocido como Paco Taibo I solicitó el asilo político del gobierno mexicano en 1959 junto con su esposa Maricarmen Mahojo. Entonces Paco Taibo II tenía diez años. Provenientes de Gijón, se asentaron en nuestro país recibiendo todo tipo de ayuda y facilidades. En 1968 cuando estalló el movimiento estudiantil de 1968 Paco Taibo II próximo a cumplir los veinte años fue enviado por sus padres a su pueblo natal para no verse involucrado en las protestas estudiantiles.
Taibo II es un izquierdista nylon. Los verdaderos comunistas le dicen “rábanos” a este tipo de activistas, también conocidos como miembros de la “izquierda caviar”. En todo caso son mercenarios que actúan como auténticos sicarios de la “cultura”.
Taibo I, el precursor de esta dinastía fue un reconocido periodista y escritor que terminó sus últimos años como un borrachín. Acudía a las oficinas del multimillonario Juan Antonio Pérez Simón a pedir ayuda económica y a asaltar la cava para beberse las botellas de finos vinos. Eso me lo contó Óscar de León el mejor amigo y socio de Pérez Simón personaje del cual escribí su biografía y me permitió hurgar en ese mundo del poder y el dinero.
El filósofo José Gaos –uno de los intelectuales perseguidos por el franquismo– durante una comida de intelectuales mexicanos y españoles, presidida por el maestro Antonio Caso agradeció la acogida e identidad con los mexicanos quienes no los hacían sentir desterrados, sino simplemente transterrados, aludiendo con este término a un traslado físico geo cultural.
Taibo II actúa como un Noroña –con todo lo que eso significa– al manejarse de manera deningrante y canallesca. Ahora pide que Krauze y Aguilar Camín se vayan del país o que se queden callados.
Ayer pidió fusilar en el Cerro de las Campanas a los legisladores que aprobaron la reforma energética y sugirió a Obrador expropiar las empresas de quienes retiren sus inversiones del país. Ahora amenaza a los intelectuales como un verdugo de Victoriano Huerta que pide cortar la lengua a los intelectuales como ocurrió con Belisario Domínguez.
Taibo fue uno de los incitadores que quemaron la efigie de Octavio Paz en 1984 en el Paseo de la Reforma por criticar el papel de México en el manejo diplomático en las revoluciones de Centroamérica al reconocer a las guerrillas como fuerzas beligerantes. No se equivocó Paz. Ahí está Nicargua con Daniel Ortega y su gobierno despótico populista.
No es extraño escuchar opiniones similares entre las hordas obradoristas. La caterva de fanáticos concentrados en Morena mantiene la misma postura medieval de “cazar brujas”.
La inquisición política parte desde Palacio Nacional donde prevalece la ignorancia sobre el “racionalismo” político.
Los intelectuales ahora son vistos como herejes y Taibo se ha erigido en el inquisidor.
Nadie ignora que estamos en uno de los periodos, económica y políticamente, más inestables, donde se han dejado escuchar voces para instaurar un nuevo aparato judicial para cazar disidentes como brujas en el medioevo.
El mismo presidente Obrador se ha encargado de crear los estereotipos de los “nuevos brujos”, todos aquellos que no comulgan con sus ideas son dignos de ser echados a la hoguera política.
Los intelectuales y los periodistas no disponen de poder político ni pueden utilizar instrumento alguno de protección o venganza. La única arma de que disponen es la libertad de expresión.
Lo peligroso son los sembradores de odio de la cuarta transformación en sus arengas contra intelectuales y periodistas pueden dejar fuera de control a sus cazadores de brujas.
Ya sabemos que estos aprendices de brujos le otorgan un poder espiritual y otros atributos a su “líder” quien se autoproclama representante de la “cultura sabia y popular”.
Pero eso no les da ningún derecho para amenazar con expulsar de su falso reino a quienes tienen el infortunio de vivir el acoso y la asechanza del personaje que se siente la reencarnación de los héroes de la patria en una misma persona.

jueves, 10 de septiembre de 2020

Hacienda se olvidó de la 4-T en el presupuesto; cayó en trampa del PIB

 

 

Carlos Ramírez

 

A pesar de las insistencias presidenciales en excluir al PIB de las mediciones macroeconómicas, el presupuesto 2021 del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, volvió a privilegiar el PIB como la medida central de la política económica. Lo que no ha sabido explicar el funcionario es la calidad de esa reactivación productiva y su efecto real en el desarrollo.

Las características del paquete económico radican en la preeminencia de lo hacendario, sin entender que las finanzas públicas y el gasto representan direcciones del rumbo del Estado y tendrán efectos, quiérase que no, en los equilibrios sociales y políticos. La caída oficial de -8% prevista para 2020 --será, en la realidad, de dos dígitos-- afectó el empleo, la planta productiva, las inversiones y la composición empresarial.

En este sentido, la consideración de que el presupuesto de ingreso-gasto es política pura, relaciones de poder y distribución de equilibrio sociales no aparece en los documentos de Hacienda. En ese sentido, el secretario Herrera se redujo a un mero contador de calculadora. Sin embargo, el principal efecto a corto plazo estará en las relaciones federales: el recorte de participaciones a gobiernos estatales provocará respuestas políticas de los gobernadores porque la baja en la entrega a gobiernos de dinero federal romperá las relaciones de poder de los mandatarios, para bien o para mal, y aumentará la inestabilidad en las entidades de la republica.

Al presupuesto le faltó también enfoque de desarrollo, quizá porque la Secretaría de Economía carece de una propuesta formal de la 4-T para reorganizar el modelo de desarrollo y las plantas industriales, agropecuarias y de servicios, los objetivos tecnológicos y las tareas inexistentes de competitividad. La falta de atención a las necesidades de la planta productiva para protegerse del frenón económico ha provocado un cierre generalizado de cadenas productivas que impedirán una reanudación inmediata de actividades. Lo más grave es que Economía carece de información del daño productivo de la pandemia.

La meta de 4.6% de PIB para 2021 que fijó Hacienda fue arbitraria, sin tener estudios técnicos sobre la planta productiva sobreviviente, las condiciones de la demanda efectiva, los accesos a insumos de las empresas que resistieron el cierre. Puede ser, inclusive, que el rebote de -8% a 4.6% será mayor porque el piso fijado por la pandemia será también más grave. Pero Hacienda fue incapaz de coordinar a otras secretarías para presentar una evaluación del daño productivo y de la reanudación de actividades y cómo el 2021 estará dentro el modelo de desarrollo pospandemia de la 4-T.

Si a Hacienda le importa sólo el PIB --que el presidente López Obrador desdeña--, entonces las cifras aisladas de 4.6% en 2021 y 1.3% promedio anual en periodo 2020-2026 no están tan mal. Pero se trataría de un presupuesto de cuánto tengo y cuánto gasto, no de una propuesta presidencial transformadora de 4-T.

Con su presupuesto técnico de calculadora, la propuesta del secretario Herrera es --horror--neoliberal.

 

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EE. UU. 2020. El establishment liberal va con todo contra Donald Trump. Al libro de la sobrina del presidente se agrega ahora un libro del periodista Bob Woodward titulado Rabia para dibujar a un loco en la presidencia. Sin embargo, a pesar de esas campañas del establishment demócrata-republicano --hasta los Bush están aliados con Obama--, las encuestas están registrando un aumento en la tendencia de votos a favor del presidente. La campaña ha sido tan sin límites, que ese grupo de poder alentó un libro de una prostituta que dicen que durmió con el presidente y su texto sólo revela, dice, el tamaño del órgano sexual presidencial. Si los demócratas no dan para más, las elecciones serán una sorpresa.

 

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