JOSÉ MARTÍNEZ M.
El estado de Puebla vive una de sus mayores crisis políticas desde la llegada de Miguel Barbosa al poder. En una guerra abierta que atenta contra la autonomía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Barbosa ha criminalizado a la máxima casa de estudios de ese estado.
Producto de la ingobernabilidad y la violencia que azota al estado, en el pasado mes de febrero, la víspera de la pandemia, 120 mil estudiantes de diferentes universidades salieron a las calles a protestar en una manifestación sin precedentes, desde el movimiento estudiantil de 1964, para protestar por el asesinato de tres jóvenes estudiantes universitarios.
Barbosa desdeñó las protestas estudiantiles y lejos de atender las demandas, emprendió una campaña política y judicial en contra de la BUAP.
Ante el acoso y las amenazas de encarcelar al rector por oponerse a la injerencia del gobernador en la vida universitaria, el Consejo Universitario, que es la máxima autoridad de la BUAP, dirigió un desplegado a las más altas autoridades del país para llamar al orden legal al gobernador Miguel Barbosa. VER DESPLEGADO (https://www.e-consulta.com/assets/desplegado.pdf)
Durante 55 años la (1964/2019) la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla mantuvo una normalidad académica que le permitió sobreponerse a los acosos externos. Con la llegada de Barbosa al gobierno la BUAP comenzó a sufrir la injerencia del gobernador con el único propósito de apoderarse del control político de la máxima casa de estudios de la entidad.
Con Barbosa, la Universidad vive como en los peores tiempos del general Antonio Nava Castillo en cuyo gobierno el ambiente político era irrespirable, lo cual al final le costó su renuncia a la gubernatura.
La BUAP tiene una historia de reivindicaciones políticas. Como lo constata el movimiento de reforma universitaria de 1961, que derivó en la promulgación de la Ley Orgánica, en febrero de 1963, que reconoce la autonomía y el autogobierno de la Universidad, al Consejo Universitario como máxima autoridad, así como la libertad de cátedra e investigación.
La lucha universitaria de la pasada década de los sesenta se dio en defensa de la independencia de la Universidad respecto de la iniciativa privada, el clero y el Estado, así como la modernización y desarrollo académico de la misma.
Como hace 55 años la Universidad vuelve a ser agredida por un gobernador.
Miguel Barbosa, cuyo gobierno se ha caracterizado por la corrupción y los abusos del poder, que ameritan un juicio político contra el gobernador para que sea destituido y consignado por diversos delitos que van desde la agresión policial, la criminalización de la vida universitaria, la corrupción de su gobierno y los abusos de poder, que se reflejan en la renuncia de la mitad de los colaboradores de su equipo de gobierno en menos de dos años.
A lo largo de los años la BUAP se ha sobrepuesto a diferentes embates como la lucha entre gobierno e iniciativa Prida de 1972-1973 en contra de la Universidad y el Partido Comunista, la toma del edificio Carolina en 1976 y la crisis de 1989 siendo rector Samuel Malpica Uribe.
Ahora, ante los nuevos embates del gobierno de Barbosa la comunidad universitaria se apresta a dar una lucha más en defensa de su autonomía como repudio a los abusos del gobernador quien pretende apoderarse de la institución para imponer a un nuevo rector a su imagen y semejanza ante las lecciones para la renovación de las autoridades de la BUAP previstas en próximo octubre.
Sin argumentos legales y sin las atribuciones constitucionales el gobernador Barbosa ha manipulado al Congreso Local y a la Auditoría Superior del Estado para intervenir en los manejos presupuestales de la Universidad.
Las universidades públicas como la BUAP son sujetas del escrutinio público del Congreso federal y de la Auditoría Superior de la Federación y no de los gobiernos estatales como pretende imponer Barbosa.
Es por esa razón que la máxima autoridad de la Universidad, que es el Consejo Universitario dirigió un desplegado a las más altas autoridades del país (el presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Congreso de la Unión, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos), para denunciar las atrocidades del gobernador Barbosa, en el que se señala entre otras cosas lo siguiente:
Toda vez que el ejercicio del gobierno local, encabezado por Luis Miguel Barbosa Huerta, atenta contra los derechos fundamentales de los poblanos, especialmente en materia de seguridad, certeza jurídica y libertad de pensamiento. Desde el más reciente cambio del Titular del Poder Ejecutivo, el Rector ha sido blanco del asedio, de la acción articulada y sistemática del gobierno local, incluso de órganos estatales que debieran ser autónomos e imparciales en su actuar, como la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos titulares han emprendido acciones arbitrarias no sólo contra la cabeza de esta universidad, sino contra su familia. Ejemplo de ello es la persecución política que el Gobierno del Estado de Puebla ha emprendido contra el Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz y, por lo tanto, contra la propia institución educativa; la cual consiste principalmente en una manipulación de las instituciones del Estado para fabricar procesos judiciales sin fundamento, así como en el uso de un aparato propagandístico para afectar la imagen de nuestra máxima autoridad universitaria. Tenemos claro que todos estos hechos, como el propio Gobierno del Estado de Puebla lo ha manifestado en diversas comunicaciones oficiales, son represalias a la negativa del Rector para renunciar a su cargo y para entregar al Poder Ejecutivo estatal el control de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hemos sido incluso testigos de declaraciones en las que el Gobernador Barbosa, asumiendo facultades exclusivas de la FGE, asegura tener pruebas de que el Rector Esparza ha participado en operaciones de desvío de recursos. Más aún, el Ejecutivo estatal se ha atrevido a asegurar que en la Universidad ha detectado desvíos hasta por 1,000 millones de pesos; es decir, un monto que habría dejado inoperante a una institución que, en los hechos, ha alcanzado, e incluso superado, todos sus objetivos académicos. Cuando se juzga sin mediar un juicio o resolución conforme a derecho es condenar a priori por un interés o predisposición personal. Las mencionadas denuncias, difundidas irregularmente por la ASE a través de redes sociales, en clara violación a la presunción de inocencia, se interpusieron además sin que el órgano auditor hubiera iniciado su facultad de revisión y, por lo tanto, sin que hubiera existido un proceso de confronta con el ente obligado, como lo establece el marco jurídico de la actividad de auditoría. Prueba de lo anterior son las denuncias que la Auditoría Superior del Estado anunció contra el Rector Alfonso Esparza, por presuntamente obstaculizar la revisión de una Cuenta Pública, cuando la mencionada revisión era a todas luces ilegal; primero, por considerar una gestión financiera de sólo 11 meses del año 2019 y, después, por pretender revisar los recursos autogenerados por la BUAP y los correspondientes a pardas federales; estos últimos competencia exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación.
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