Carlos
Ramírez
La primera
lectura mediática del decreto para
la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública ha sido
parcial, para decir lo menos, pero no desde la óptica de los enfoques de
seguridad nacional que rigen formalmente en el Estado desde el Plan Nacional de
Desarrollo 1983-1988.
La decisión
presidencial en el decreto del lunes 11 apareció sin explicaciones. Y en materia de seguridad, los contextos son vitales para entender las decisiones.
Sobre todo, hay que enfatizar el hecho de que la decisión responde a la lógica de la Estrategia Nacional de Seguridad
Pública.
Pero, sobre
todo, tiene que ver con el concepto
de Estado como la institución garante
de la soberanía territorial (seguridad nacional), del bienestar (seguridad
interior) y de las personas (seguridad pública) y los militares como la última línea de defensa del
Estado-nación.
En todo caso,
el decreto tendría que haberse contextualizado con cuatro decisiones atrasadas:
1.- El Programa para la Seguridad Nacional comprometido por la Estrategia Nacional
de Seguridad Pública, definida dentro del Pan Nacional de Paz y seguridad
2018-2024 y hasta ahora sin
publicar. Los gobiernos de Calderón y Peña Nieto decretaron su programa respectivo como marco de referencia.
2.- El Sistema Nacional de Inteligencia para
generar “productos estratégicos para sustentar
la toma de decisiones en materia de seguridad nacional”.
3.- El fortalecimiento
y mantenimiento “de la seguridad
interior”.
4.- Y “promover
el concepto de cultura de seguridad
nacional (…) para contribuir al conocimiento colectivo del tema y fortalecer
la toma de conciencia sobre los riesgos
y amenazas, así como su posible impacto en la forma de vida de los
mexicanos”.
Y además de
estos compromisos de la Estrategia,
se requieren cuando menos dos apoyos
legales urgentes e indispensables:
1.- Una ley de seguridad interior (derogada
una, y a la espera de otra) casi como reglamentaria de la facultad presidencial
de mover tropas bajo el criterio de
seguridad interior.
2.- Reformas a
la Ley de Seguridad Nacional vigente para fortalecer
las acciones de seguridad ante el amento en las tensiones provocadas por el
crimen organizado/desorganizado.
La decisión de
asignar a las fuerzas armadas labores de seguridad confirmaron las versiones de que la Guardia Nacional necesitaba de
cuando menos diez años para
profesionalizarse, con el entendido de que se requiere apresurar las otras decisiones de seguridad ya enfiladas
por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana: la depuración y profesionalización de las policías estatales y
municipales y la integración de un espíritu de cuerpo entre la Secretaría federal y las estatales de seguridad
pública.
Ante el retraso y las justificaciones estatales
y municipales de profesionalizar su seguridad y sus policías y ante evidencias
de que esos cuerpos son estructuras
de corrupción y control político local, todo el peso de la reorganización de la seguridad cayó en la Guardia
Nacional. No pasa día en que se presenten evidencias de cuerpos estatales y
municipales y algunos de la Guardia Nacional articulados al crimen organizado/desorganizado. En términos
estrictos, la delincuencia sólo puede existir por complicidades oficiales y el 95% de los delitos son de fuero local.
Analizado el
decreto sin su contexto de
estrategia de seguridad, la confusión lleva a decretar el fracaso de la estrategia. Sin embargo, la Guardia está funcionando
sin el apoyo de otras policías, ni de los gobiernos estatales y municipales, ni
de las organizaciones sociales. Por ello la importancia de apresurar el Programa para la Seguridad Nacional, la Ley de
Seguridad Interior, las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, la reforma
policiaca local y la reforma del Centro Nacional de Inteligencia y construir un
frente integral de seguridad que
pueda acotar a los cárteles e irlos
desmembrando.
El espacio
temporal de la pandemia pareció ayudar para un despliegue de fuerzas de seguridad en territorios revelados de
operación de los cárteles en su
arrogancia y para romper la
complicidad de los grupos delictivos con poblaciones rurales, semiurbanas y
urbanas.
Más que
militarización se trataría de una ofensiva
integral de seguridad contra las organizaciones criminales en toda la república
sin llegar a una nueva guerra de
violencia.
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Política para dummies: La política es lo que se quiere que sea, no lo que se
obstaculiza.
@carlosramirezh
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