miércoles, 22 de abril de 2020

Los abandonados del Estado, la 4T en crisis y la reforma productiva



Carlos Ramírez

@carlosramirezh


En una de sus últimas conferencias, el presidente López Obrador afirmó que su gobierno estaba preparado para proteger al 70% de los mexicanos. La cifra es de lo más importante para ilustrar la propuesta presidencial de la/una Cuarta Transformación (4T) del país y para consolidar los alcances reales de la política sexenal.

El punto central se localiza en la cifra del 70%. De acuerdo con encuestas ingreso-gasto del INEGI y las ultimas evaluaciones del CONEVAL, el 80% de los mexicanos vive con una a cinco carencias sociales y alrededor del 25% de ellas se ubica en las consideraciones de la pobreza extrema.

En términos numéricos y sobre una población de 120 millones de mexicanos, 96 millones de personas (80%) son vulnerables a las crisis, inconsistencias de la política económica y marginadas del desarrollo real. Si el Estado cubre el 70% de mexicanos, el 10% que quedó fuera representa una población de 12 millones de personas.

El problema, sin embargo, radica en el hecho de que el actual modelo de desarrollo y de política social de los gobiernos anteriores en realidad no tiene capacidad de proteger al 70% de los mexicanos, sino apenas al 45%. Sólo un dato para contrastar: el 57% de los trabajadores y sus familias vive en la zona fantasmal de la economía informal, sin protección del Estado.

Y queda en el aire el tipo de cobertura de la política del desarrollo, no sólo de la política presupuestal o económica. Todos los gobiernos de 1934 al actual han enfatizado, inclusive en el largo periodo neoliberal, el asistencialismo: es decir, los beneficios a las familias no-propietarias de medios de producción se han dado por la vía de los subsidios de diferentes niveles, pero deben ser considerados como salario no-monetario. Lo malo es que las crisis financieras del Estado han ido sacrificando esos beneficios no-salariales en retirada: política social con instituciones y disponibilidad de bienes y servicios a todas las familias no-propietarias, programas asistencialistas direccionados a trabajadores, mínimos de bienestar, solidaridad y ahora dinero directo a sectores vulnerables en grado extremo.

En este sentido, los economistas progresistas de 1973 a 1981 --en el Colegio Nacional de Economistas con sentido crítico-- pugnaron por una reforma del modelo de desarrollo, de la política económica y del proyecto nacional en función de una estrategia de “crecimiento con distribución del ingreso” (Enrique Padilla Aragón). En términos estrictos, las políticas sociales de 1970 al 2018 no movieron las cifras de distribución del ingreso: el 80% de familias marginadas o en situación de vulnerabilidad menor a extrema tiene el ingreso igual al 20% de las familias ricas.

 Empleo, salarios y bienestar serían las tres variables del desarrollo social que debiera garantizar el Estado con sus estrategias económicas no-asistencialistas. Y si no basta el PIB porque de 1934 a 1982 el PIB promedio anual fue de 6% y las cifras de pobreza se mantuvieron igual y sólo se beneficiaron las clases medias, la tasa de 2% del PIB promedio anual de 1983 a 2018 también aumentaron la marginación y la pobreza. El presidente López Obrador señaló una meta promedio anual de PIB de 4%, pero la crisis del Covid-19 pudiera dejarla en crecimiento negativo promedio anual.

Sin ser culpa directa del presidente López Obrador sino responsabilidad de los dos ciclos del crecimiento económico --el populista y el neoliberal--, la crisis económica provocada por el frenón productivo para evitar el contagio masivo del virus ha reventado el viejo modelo del Estado-eje del desarrollo. El dilema de la 4T, en consecuencia, se encuentra en dos escenarios: reconstruir la economía de Estado que no funcionará sin una verdadera revolución presupuestal-fiscal y seguirá en la vieja política social de subsidios o construir un nuevo modelo de desarrollo industrial-agropecuario-tecnológico de mercado bajo la rectoría social del Estado.

Ahí, en la segunda opción, se encuentra la posibilidad de un pacto reformador del proyecto económico-social que ningún presidente anterior quiso siquiera suponer como escenario. Ahí se localiza el desafío de la 4T para ser una verdadera transformación.


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