Carlos Ramírez
Toda crisis oculta disputas por el poder. La actual, en su doble
dimensión salud-economía, no podía ser la excepción, aunque se trata de algo
singular por la manera en que el presidente impone su estilo particular de
ejercer el poder.
A lo largo de la historia del país, los mexicanos hemos sido testigos de
luchas por el control de la hegemonía del Estado, muchas de las cuales
condujeron a crisis --aunque otras fueron producto de éstas--, que buscaron un
realineamiento de los principales actores para la conducción de la nación.
2020 no es sino otro escenario de otra lucha por el mismo objetivo,
aunque también es una oportunidad para alcanzar un acuerdo para modificar el
modelo de desarrollo, lejado de la confrontación neoliberalismo populismo, que
encuentre un nuevo rumbo para el crecimiento del país.
De esto trata este texto, de cómo se han dado dichas confrontaciones, el
resultado de el mismo, las crisis por la que ha travesado México y la manera en
que se han dado los acuerdos para salir adelante, una lección que se necesita
repetir en el presente.
La presentación del programa nacional de emergencia económica del
presidente López Obrador el domingo 5 de abril para encarar el desafío
productivo del coronavirus, encontró un ambiente negativo en redes y medios.
Sin embargo, se trata de una lectura de circunstancias que es válida, pero
insuficiente para entender las razones profundas que explican la confrontación:
el programa de emergencia, los mensajes presidenciales y la crítica en contra
exhiben el marco de referencia de una disputa por la hegemonía del Estado.
Ante la decisión de un parón productivo para romper las rutas de contagio, el
escenario de una baja drástica de la actividad económica llevó al cierre
temporal de empresas y al envío de trabajadores a sus casas y muchos al
desempleo. El dilema presidencial quedó planteado: salvar la república con un
programa de apoyo a empresas y trabajadores o salvar su proyecto político
ajustando la economía para evitar el endeudamiento. El presidente López Obrador
optó por el segundo camino, aunque con decisiones de usar el poco dinero fiscal
en apoyos a sectores vulnerables no productivos y a las obras emblemáticas de
su administración.
Este escenario fijó las coordenadas de una disputa por el programa
económico anticrisis, pero con el trasfondo de una lucha entre
empresarios/trabajadores y gobierno por el dominio de las decisiones.
El modelo hegemonista lo elaboró el académico Miguel Basáñez en su estudio La
lucha por la hegemonía en México 1968-1980 y luego ampliado a 1968-1990 (Siglo
XXI Editores). La tesis central explica que la estructura priísta-corporativa
del Estado y el papel dominante de la ideología del Estado de la Revolución
Mexicana tergiversaron el papel de las ideas y llevaron la disputa por el control
del aparato público a un escenario diferente: “más que el gobierno del pueblo
--‘democracia’--, México parece ser el caso de un gobierno de la hegemonía
ideológica: ‘hegemocracia’”.
Lo que fue el modelo ideológico histórico de la Revolución Mexicana derivó en
un equilibrio de intereses sectoriales y corporativos por el control del
Estado, del gobierno y de sus instituciones políticas. Para Basáñez, la crisis
pasó de sistémica, proyecto histórico popular y de clases a hegemónica-elitista
en 1968, con el efecto del movimiento estudiantil del 68 aprovechado por élites
con intereses de dominación. Desde entonces, la política en México se maneja
como bloques de poder y redes de intereses.
La corporativización del PRI y de la élite gobernante y el fortalecimiento
de la oposición antipriísta y del sector empresarial como grupo de poder
generaron crisis como expresión de la lucha por la hegemonía del Estado.
La hegemonía es un concepto centrado por Antonio Gramsci, el ideólogo
del comunismo italiano de principios del siglo XX, como una etapa más precisa
del marxismo, y se refiere al control de la dirección política del Estado por
una élite de intelectuales y funcionarios, una superestructura cultural encima
de la clase obrera. La hegemonía parte de la fragmentación de las élites
políticas hacia el interior de corrientes y de grupos fuera de sus
circunstancias y la finalización del ciclo de los líderes carismáticos: los
liderazgos de partidos y grupos de poder pasaron a ser coaliciones dominantes
oligárquicas, con debilitamiento de ideas, proyectos y jefaturas máximas.
Aunque se ha dado el caso en que esos liderazgos únicos tengan que construir
hegemonías con grupos y corrientes. Es el México de López Obrador: el
tabasqueño es un liderazgo personal y único que hasta ahora no ha necesitado de
una hegemonía funcional sino pragmática, de sótano, aunque sus adversarios --lo
busquen o coincidan en oportunidad vayan consolidando hegemonías opositoras.
La pérdida de valor de los proyectos, la dispersión de la militancia en masas
informes y la fragmentación de las corrientes ideológicas han consolidado la
fase de las hegemonías en dos escenarios: al interior del grupo dominante o en
las oposiciones. López Obrador creó Morena como instrumento electoral para su
victoria, pero ha gobernado como líder personal a partir del control de todos
los recursos del Estado que antes se repartían entre organizaciones, medios y
corrientes. De la hegemonía de grupos y corrientes ha pasado a la hegemonía de
uno sólo: un caudillismo absolutista.
Las crisis políticas, económicas y sociales desde la ruptura del bloque
obrero revolucionario cardenista en 1958 hasta la actual confrontación
empresarial provocada por el coronavirus en 2020, han tenido orígenes
circunstanciales, pero en su desarrollo han derivado en la disputa por la hegemonía
del Estado: todas ellas han ocurrido al interior del sistema priísta y sus
subsistemas opositores y pelean por el control de la dirección del Estado. Los
presidentes de la república han construido hegemonías mayoritarias de López
Mateos a Peña Nieto y equilibradas incluyendo los
gobiernos panistas de Fox y Calderón con espacios otorgados a la sociedad civil
para evitar confrontaciones rupturistas. La hegemonía es el espacio de consenso
de toma de decisiones, con reparto de poder y recursos entre una pluralidad de
organizaciones, corporaciones y personas que al final de cuentas constituyen
una nueva coalición gobernante de tipo pragmática.
A partir del modelo de Basáñez se pueden enlistar las crisis económicas, políticas
y sociales de México que formaron parte de la disputa por la hegemonía en el
periodo 1958-2020, es decir, la lucha por el control de la dirección del Estado
al margen de los causes sistémicos-institucionales.
Analizado el sistema político en circunstancia de crisis en 1977, antes de
Basáñez en 1981, el entonces politólogo Manuel Camacho Solís escribió en El
Colegio de México una caracterización de las crisis del sistema político
priísta para derivar en “nudos” de intereses muy propios de las hegemonías
complicadas. En su ensayo Los nudos históricos del sistema político mexicano,
Camacho definió dos tipos de crisis:
- Estamos ante un límite del sistema político cuando las instituciones
políticas dejan de funcionar dentro de sus propósitos de dominación política y
administración social o cuando la clase política pierde su capacidad de hacer
uso de las instituciones políticas. Ello puede ocurrir por la falta de cohesión
de la clase política, insuficiencia de representación de las fuerzas políticas,
pérdida de legitimidad y falta de capacidad administrativa.
- Estamos ante un límite del Estado cuando el “orden” de las clases y
fuerzas sociales prevalecientes pierde su capacidad para crear las máximas
posibilidades para la expansión de grupo o clase en el poder o cuando una de
las clases subalternas --y sus aliados-- adquiere capacidad política,
intelectual y moral para imponer un nuevo “orden”.
Los modelos de Camacho y Basáñez para teorizar las crisis se
complementan para explicar las desajustes y disputas por espacios de poder en
el sistema en los problemas de liderazgo, control de clases y corrientes.
1.- En 1958 se dio una fuerte ruptura al interior del bloque sindical
que
era parte clave del PRI por la toma de espacios de poder por militantes
del
Partido Comunista Mexicano. El gobierno revolucionario de Ruiz Cortines,
con el aval del candidato priísta a la presidencia Adolfo López Mateos, acudió
a la represión de obreros y el encarcelamiento de líderes.
2.- De 1958 a 1964 estalló una larga serie de conflictos urbanos,
campesinos, estudiantiles y de clases medias, con la organización de médicos en
1964. De 1960 a 1964 el núcleo central de la oposición dentro del
sistema/régimen fue la revista Política, en cuyo seno se percibió la
configuración de dos grupos dominantes: los progresistas-cardenistas impulsores
del nacionalismo revolucionario y los institucionales priístas que apuntalaron
la candidatura de Díaz Ordaz a la presidencia en 1963-1964. Ahí estalló una
guerra de posiciones.
3.- La crisis de 1968 fue un estallido al interior del régimen priísta
potenciado por el autoritarismo del presidente Díaz Ordaz. Al no representar a
oposición alguna, la disputa de trasfondo fue por el dominio de un grupo en la
mira de la sucesión presidencial de 1970 que se resolvería en el segundo
semestre de 1969. Los estudiantes fueron liderados por el rector de la UNAM
Javier Barros Sierra, un priísta que compitió con desventaja en 1963 por la
candidatura presidencial del PRI que logró con facilidad el secretario de Gobernación
Díaz Ordaz. En el concepto de Basáñez, el 68 fue una lucha por la hegemonía de
grupos al interior del Estado priísta.
4.- La crisis de 1970 se dio también en la lucha por la hegemonía: el
grupo de Echeverría derrotó al grupo de Díaz Ordaz y la salida fue un nuevo
realineamiento de las políticas del Estado: del desarrollo estabilizador de la
economía mixta empresarios-Estado al populismo de Estado. El nuevo grupo
condujo la economía a una expansión presupuestal y de empresas del Estado, no
tuvo instrumentos para absorber la crisis de precios petroleros de 1973 y
aumentó el gasto público y el déficit en 1973-1976 y llevó al país a la crisis
económica de 1976: inflación de 2.7% promedio anual sexenal con Díaz Ordaz y de
15% anual sexenal con Echeverría.
La expansión del Estado consolidó una nueva hegemonía dominante de políticos
progresistas, contra los burócratas diazordacistas. La salida de la hegemonía
echeverrista condujo a la candidatura de José López Portillo, amigo personal de
la infancia del presidente saliente, más administrativista que político y por
lo tanto una puerta al Estado para los neoliberales que le siguieron en su
sexenio.
5.- López Portillo encaró la disputa de proyectos al arrancar su
gobierno:
el populista-nacionalista de Carlos Tello Macías como secretario de
Programación y Presupuesto y neoliberal del FMI liderado por Julio Rodolfo
Moctezuma en la Secretaría de Hacienda. El presidente cesó a los dos y se lanzó
a la búsqueda de una nueva opción intermedia: el neodesarrollismo elefantiásico
a cargo del petróleo. En 1979 decidió por Miguel de la Madrid Hurtado como
secretario de Programación sin atender al hecho de que se trataba de una nueva
hegemonía en construcción: la tecnocrática-neoliberal encabezada por Carlos
Salinas de Gortari. El espacio de definición ideológica y política de la nueva
hegemonía dentro del PRI fue el Plan Global de Desarrollo 1980-1982 y la opción
del mercado. El nuevo grupo de poder se alzó con la candidatura presidencial en
1981 para las elecciones de 1982 a partir de la definición de que el viejo
modelo de nación de la Revolución Mexicana había llegado a su fin. La nueva
hegemonía de los tecnócratas duró hasta 2018 con el arribo de López Obrador a
la presidencia. López Portillo fortaleció la hegemonía del Estado con la
expropiación de la banca privada en septiembre de 1982 rompiendo la columna
vertebral del poder empresarial y el sector privado se salió de sus alianzas
con el PRI y pasó a la lucha frontal por la alternancia en la presidencia.
6.- La disputa por la hegemonía se salió de los cauces formales y se
profundizó con dos fases de crisis económica en 1983 y 1986 y la fractura en el
PRI en 1987 con la salida del partido de Cuauhtémoc Cárdenas y la Corriente
Democrática y la candidatura presidencial disidente de Cárdenas en 1988. La
hegemonía quedó en manos del delamadridismo-salinismo y sus reformas para
terminar con el Estado social, optar por el modelo de Robert Nozick de Estado
mínimo, entregar la economía al mercado y subordinar el sistema productivo a
las necesidades de los EE. UU. vía el Tratado de Comercio Libre. Los sectores
progresistas pasaron por un camino tortuoso de fracturas y desacuerdos hasta
que el liderazgo personal de López Obrador ganó la presidencia en julio de 2018
para instaurar una nueva hegemonía en el Estado.
7.- La crisis financiera de 1995 fue producto de la disputa entre
Salinas y Zedillo por el control de la clase gobernante tecnocrática, es decir,
por el control de la hegemonía neoliberal. En la lucha entre Salinas y Zedillo
se introdujo el grupo populista sobreviviente que quiso reconstruirse al amparo
de Luis Donaldo Colosio, pero sólo pudo cerrar el camino a los precandidatos
tecnócratas de Zedillo --Guillermo Ortiz Martínez y José Angel Gurría Treviño--
con candados para impedirles ser candidatos a la presidencia y Zedillo prefirió
entregarle el poder al PAN con la garantía de consolidar a la corriente
tecnocrática neoliberal encabezada por Francisco Gil Díaz, el jefe de los
Chicago boys mexicanos desde principios de los setenta y profesor adjunto de
Milton Friedman en la Universidad de Chicago. El gobierno de Calderón reforzó a
esa hegemonía neoliberal con Agustín Carstens en Hacienda, sacado nada menos
que de la subgerencia general del FMI. Ya sin crisis, la continuidad neoliberal
en Hacienda y Banco de México se reforzó en el gobierno de Enrique Peña Nieto
en 2012-2018 con un paquete de reformas estructurales de carácter neoliberal.
Las crisis económicas tuvieron soluciones ortodoxas, ante presiones populistas:
1.- La de la devaluación de 1954 condujo al modelo de desarrollo
estabilizador: control de la inflación, PIB de 6% promedio anual y políticas de
control salarial y de demanda. Esa devaluación preparó el reinado de doce años
de Antonio Ortiz Mena en Hacienda y su desarrollo estabilizador.
2.- La crisis 1973-1976 fue producto de la lucha por la hegemonía
política por encima de la economía: aumento de gasto público, dominio del
Estado, inflación, déficit presupuestal y PIB alto. La devaluación de agosto de
1976 terminó con el modelo de desarrollo estabilizador. El país entró en una
lucha por la hegemonía de la política económica; los populistas y los
neoliberales. En 1979 López Portillo entregó la política económica al grupo De
la Madrid-Salinas, con el franco-mexicano Joseph Marie Córdova Montoya como el
ideológico del neoliberalismo del Estado (Diez lecciones de política económica,
febrero de 1991, revista nexos). De 1982 a 1994 Salinas limpió el PRI de
progresistas, entregó la economía a los EE. UU., entronizó a los Chicago boys
mexicanos en el gobierno y amarró las sucesiones presidenciales de 1994, 2000,
2006 y 2012 a la economía neoliberal. De 1979 al 2018 la hegemonía dominante
fue la neoliberal.
3.- La crisis de 1981-1982 condujo a la disputa por el enfoque
económico; luego de entregarle la economía y la candidatura a los neoliberales,
el presidente López Portillo hizo un intento por regresar a la economía de
Estado con la expropiación de la banca y el control generalizado de cambios, pero
De la Madrid y su operador Salinas de Gortari controlaban la hegemonía
neoliberal que anuló el efecto político de la expropiación
bancaria. La salida de la crisis fue un programa neoliberal de reducción del
Estado, de salvamento de las empresas y de ajuste de precios relativos que
afectaron a la población.
4.- La crisis inflación-devaluación de 1983 (PIB de -3.5%) y 1986
(-3.1%) reforzó y profundizó la estrategia ortodoxa de bajar la inflación por
el lado de la demandad en tres rubros: control salarial, disminución del
déficit presupuestal y baja del PIB. El centro de la estrategia fue el
salvamento de las empresas para permitir la reactivación económica pasada la
emergencia inflacionaria (91% promedio anual de inflación en el sexenio) y
devaluatoria (el peso pasó de 26 pesos por dólar al iniciar la nueva
administración en diciembre de 1982 a 2 mil 300 pesos en diciembre de 1988).
5.- La estabilización económica con Salinas de Gortari aprovechó el
desplome productivo del sexenio anterior, potencio la recuperación en la
negociación del tratado comercial con los EE. UU. y apostó a la
neoliberalización de la producción controlada por las grandes empresas.
La crisis de 1994 fue política con alto costo en tipo de cambio que quemó las
reservas y la devaluación de diciembre de 1994 condujo al colapso económico de
1995: crédito de 50 mil millones de dólares de los EE.UU.,
alza del IVA, compra de créditos incobrables de la banca privada y pérdida de
bienestar social; el objetivo fue salvar a las empresas para reiniciar el
crecimiento en 1996.
6.- La crisis de 2009 fue financiera por la quiebra de las empresas
especuladoras en los EE. UU., con un efecto de PIB negativo de -5.3% en 2009,
pero con impulso 2000-2008 y luego 2010-2012 para un PIB promedio anual de 1.8%.
Los secretarios de Hacienda en las crisis definieron rumbo de
pensamiento económico neoliberal de 1954 a 2018: Antonio Carrillo Flores en
1954, Antonio Ortiz Mena 1958-1970, Mario Ramón Beteta 1976, David
Ibarra Muñoz-Jesús Silva Herzog 1981-1986, Pedro Aspe Armella-Jaime
Serra-Guillermo Ortiz 1994-1996 y Agustín Carstens en 2009 en Hacienda y Luis
Videgaray de 2012 a 2018.
En la revisión de personajes, los economistas hacendarios de 1976 a 2018
fueron, todos, de la corriente del neoliberalismo de la Escuela de Chicago. Los
jefes de los Chicago boys mexicanos han sido tres: Córdova
Montoya con Salinas, Francisco Gil Díaz con De la Madrid, Salinas, Zedillo y
Fox y Carstens (de subgerente general del FMI pasó a secretario de Hacienda de
Calderón y luego gobernador del Banco de México de 2010 a 2017) con Calderón.
Luis Videgaray en la Hacienda de Peña Nieto se alineó a Gil Díaz y sobre todo
Carstens.
Los economistas neoliberales pasaron de técnicos en las áreas de decisión de
Los Pinos, Hacienda y Programación y Presupuesto a una hegemonía en el Estado:
de 1973 a 2018 las decisiones fueron técnicas, a favor de la empresa privada y
con sacrificio social, promotoras de la jibarización del Estado en tamaño y
objetivos sociales.
De 1988 a 2018, López Obrador fue construyendo un liderazgo personal que
fue anulando a otras figuras de la disidencia priísta a la que pertenecía:
Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, sobre todo.
El formato de hegemonía lopezobradorista comenzó a perfilarse en el 2000
desde la jefatura de gobierno del DF, con márgenes crecientes de autonomía del
neocardenismo y del perredismo. La victoria lopezobradorista en el 2018 fue
personal, con Morena como estructura legal y no como inexistente partido
político.
La crisis económica de 2020 con la expectativa de -8% de PIB no fue provocada
por desequilibrios económicos. Inclusive, la desaceleración en 2019 con un PIB
anual de -0.1% no tuvo factores internos, sino que se trató de una decisión
política de reasignación del gasto productivo a programas asistencialistas para
sectores vulnerables no productivos y para las tres obras sexenales --tren
maya, refinería en Dos Bocas y aeropuerto en Santa Lucía--, dejando sin fondos
los apoyos a la producción.
El año de 2020 abrió con los mismos enfoques asistencialistas por encima de los
productivos. La crisis de la pandemia por el virus COVID-19 llevó a la decisión
extrema de un parón productivo por el cierre de empresas y negocios para
confinar a las personas en sus casas como forma de romper la cadena de
transmisión de la enfermedad. El efecto económico fue la clausura de actividad
productivas generalizadas, el cierre de negocios y la concentración de
trabajadores en sus casas. Y el desmoronamiento del PIB.
El presidente López Obrador enfrentó, en consecuencia, un dilema brutal: salvar
a las empresas y subsidiar el sistema productivo por los meses de parón
productivo a costa de un sacrificio adicional en el nivel de vida de
las mayorías por las decisiones neoliberales de recorte de salarios, baja de
PIB y alza de bienes y servicios o apoyar a los sectores vulnerables como
ancianos, mujeres solas, niñas y niños y becas de jóvenes abandonando la
producción. Los costos sociales de la primera opción son de sobra conocidos: el
deterioro de nivel de vida por las crisis de 1954, 1976, 1981-1986, 1995 y
2009; los del segundo, de manera lamentable, son los mismos:
deterioro social de la mayoría de los mexicanos no propietarios, sólo con
atención a determinados sectores muy identificados. Los destinatarios de los
beneficios sociales directos no se localizaron en las indagaciones del CONEVAL
--Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Sociales--, sino por
razones políticas: ancianos, mujeres vulnerables, niños y niñas y jóvenes estudiantes.
Se trató, otra vez, de optar entre el programa de choque neoliberal o el
programa de choque populista. Los dos, por desgracia, tienen altos costos
productivos y sociales, sin importar que el modelo populista beneficie a sectores
vulnerables porque su efecto será una baja en el papel estimulante del Estado
en la economía. En todas las crisis anteriores se aplicaron programas
económicos de emergencia de tipo neoliberal.
La decisión del presidente López Obrador ante la crisis del 2020 parte del
desconocimiento político del papel del PIB como indicador de la producción y
dedica los fondos presupuestales disponibles a sus programas asistencialistas a
sectores vulnerables no productivos y a las obras insignia de su administración
y niega programas de apoyo a empresas y a trabajadores afectados por el padrón
productivo. En sus discursos oficiales y en sus conferencias de prensa ha sido
bastante explícito en negar un programa de rescate de empresas y trabajadores
con cargo a costo sociales. Las recomendaciones empresariales, de
organizaciones sociales y de economistas para un programa de rescate con
enfoques de reactivación productiva hacia el segundo semestre han sido
rechazadas por el presidente de la república.
En el fondo, lo que está en disputa no es sólo la resistencia a la crisis por
el frenón productivo y a la caída del PIB de -8% en este año, sino que la
crisis ha sido colocada por el presidente López Obrador en la lucha por la
hegemonía dentro del Estado y del Estado sobre la sociedad. La aplicación de un
modelo de ajuste neoliberal podría, en efecto, reducir el efecto recesivo a un
año, pero con mayores costos sociales y de dominación política. Por ello sus
críticas severas a los empresarios de todos los niveles.
Lo malo, en todo caso, radica en el hecho de que el programa presidencial
atiende a las necesidades de sectores vulnerables no productivos, a costa de
abandonar a empresas y trabajadores a una especie de darwinismo de crisis
porque solo sobrevivirán los más fuertes y se romperán cadenas productivas. Y
los sectores vulnerables tendrán ingresos que no funcionarán como factores
multiplicadores de la demanda efectiva que ayude a una reactivación más fuerte.
Por sí solo el Estado y el gasto gubernamental no alcanza para reactivar la
economía porque necesita del 85% de la inversión privada total.
Asimismo, la fase de conflicto de la crisis ha llevado a una lucha por la
hegemonía en el Estado: López Obrador aparece como el representante del modelo
populista, aunque carece de apoyo de corrientes y se centra en
su figura y liderazgo personal. En cambio, la crítica está avanzando hacia un
bloque opositor plural, disperso y dominado por el círculo rojo de la crítica
personal al presidente caracterizándolo como populista. La tensión
dinámica populismo-neoliberalismo está impidiendo la construcción de un
programa plural de sectores diversos para neutralizar la crisis económica por
la pandemia cuando menos a este año y reactivar la economía hacia el último
trimestre de 2020.
López Obrador y sus críticos están desarrollando una lucha por la hegemonía del
Estado y de la sociedad y no están pensando en la dimensión de la crisis, en la
oportunidad para un gran acuerdo nacional a favor de un nuevo modelo de
desarrollo con políticas económicas que se salgan de la dinámica
neoliberalismo-populismo y para catapultar la crisis hacia la construcción de
una economía con reformas estructurales que permitan una nueva fase del
desarrollo. El neoliberalismo y el populismo, cada uno por su cuenta, no
garantizan que la economía regrese a tasas de PIB de 6% anual sin inflación ni
devaluaciones. Los dos están apostando a regresar a la normalidad anterior a la
pandemia, sin entender que no era una normalidad productiva ni de crecimiento
con distribución de la riqueza; y la normalidad se puede resumir en 2019: PIB
de -0.1%.
La crisis puede servir para construir un nuevo consenso nacional tipo las
crisis de 1954, 1976, 1983 y 1995, aunque ahora con la posibilidad de concertar
un nuevo modelo de desarrollo con distribución de la riqueza.
En términos históricos, el proyecto de la Revolución Mexicana 1917-1982, de la
Constitución a la expropiación de la banca que deshizo el acuerdo de economía
mixta, fue posible por el funcionamiento de una gran hegemonía nacional, con
una minoría opositora --10% o menos-- sin capacidad de ofrecer una alternativa
al modelo de desarrollo revolucionario-posrevolucionario.
Esa hegemonía permitió el acuerdo político, el alejamiento de la violencia
de las relaciones en las élites y una tasa promedio de PIB de 6%
promedio anual.
Ese acuerdo de hegemonía posrevolucionaria --en el enfoque de Basáñez--
se dio en 1968, estalló en crisis por la sucesión presidencial y el programa
económico en 1976, 1982, 1988, 1994 y 2000, no generó una nueva hegemonía de
bloques de poder institucionales y tuvo como invitado externo a Cárdenas en
1994 y 2000 y a López Obrador en 2006, 2012 y 2018.
La disidencia cardenista y lopezobradorista construyó una base social de apoyo
no sólo de sus seguidores tradicionales, sino de disidentes de la vieja
hegemonía priísta-panista que creyeron en el discurso de López Obrador; de los
30 millones de votos del 2018, López Obrador tuvo 15 millones de seguidores y
de 15 millones de flotantes del viejo régimen. Cárdenas y López Obrador
construyeron cada uno un pequeño boque de poder, pero no consiguieron la
dimensión de hegemonía dominante mayoritaria.
En el gobierno, López Obrador ha estado trabajando para convertir su bloque de
poder en una hegemonía, pero para ello ha necesitado de los grupos del viejo
régimen, como Manuel Bartlett como el símbolo de esta opción. En lugar de
convencer y sumar a los grupos de la vieja hegemonía PRI-PAN, los ha estado
hostigando hasta la confrontación. Los sectores de la hegemonía son, por así
decirlo, los sectores invisibles del viejo sistema/régimen/Estado priísta: los
empresarios, los medios de comunicación, los EE. UU., los grupos sociales
callejeros, los intelectuales, la oposición leal, los beneficiarios de
programas sociales, la iglesia católica, los poderes fácticos legales e
ilegales y la burocracia del poder, es decir: los beneficiarios del gasto
gubernamental. Sin un PRI o PAN que los organice y con un López Obrador que los
quiere mediatizar hasta la anulación, estos sectores invisibles operan como
opositores a la construcción de la hegemonía lopezobradorista.
Las conferencias de prensa diarias del presidente López Obrador se han
convertido en la arena de lucha de López Obrador y adversarios en la disputa
por construir una nueva hegemonía. La idea central del presidente, a partir de
su experiencia en el régimen priísta de 1975 a 1988, se basa en la urgencia de
ese espacio de poder pactado entre los grupos dominantes y los bloques de
poder. El saldo de 2019 podría ser leído como la dimensión de los resultados
negativos para López Obrador y para los opositores. La crisis sanitaria por la
llegada masiva del COVID-19 tuvo efectos colaterales severos en todos los
grupos de poder y sirvió para polarizar las posiciones; López Obrador centró en
el gobierno-Estado el programa de resistencia con defensa de sectores
vulnerables identificados y se negó a un programa de rescate de la economía y
la economía funcional ha ido que ir cerrando empresas y despidiendo
trabajadores ante la negativa del Estado a un programa anticrisis. Como López
Obrador controla el presupuesto –quien tiene el dinero, tiene el poder, dice
una máxima funcionalista de la ciencia política--, entonces está fortaleciendo
a sus sectores sociales y debilitando a sus opositores.
En este sentido, la crisis del coronavirus está construyendo un nuevo orden
económico interno y, por lo tanto, una nueva hegemonía.
Paulatinamente el presidente López Obrador irá soltando ayuda a empresas, pero
a condición de sumarse a su proyecto, Esa el sentido de su declaración el
martes 7 de que los grandes empresarios --Calos Slim, Alberto Bailleres,
Ricardo Salinas Pliego y Germán Larrea-- habrían abandonado el cubículo de la
“mafia del poder” y “minoría rapaz” para acceder al paraíso del Estado
benefactor lopezobradorista. La estrategia de López Obrador es que los
empresarios pierdan sus asientos en el sistema de toma de decisiones políticas,
económicas y sociales, se dediquen a invertir y ganar dinero y apoyen al
gobierno. El Estado, sería el mensaje, ya no es ni será otra vez el consejo de
administración del sector empresarial.
El nuevo orden económico interno está siendo conducido, de modo natural, a una
nueva hegemonía de poder tipo Cárdenas y Echeverría, con un presidente fuerte y
empresarios, sindicatos y grupos menores subordinados al presidencialismo y el
Estado como el instrumento de dominación política que había destruido el
neoliberalismo, como lo señalo con claridad Carlos Salinas de Gortari en 1986
como secretario de Programación y Presupuesto, al explicar las reformas de
Estado del presidente Miguel de la Madrid en 1983 como una forma de regreso al
Estado dominante por arriba de las relaciones de producción: “El Estado no es
la arena política donde se dirimen los conflictos sociales. Hay una autonomía
relativa del Estado respecto de los diversos grupos que actúan y compiten en
una sociedad plural. Por ello debe rechazarse la posición reduccionista que
considera que las formas del Estado varían simplemente en correspondencia con
los modos de producción”.
López Obrador quiere sacar al Estado de la lucha por la hegemonía, regresar a
los empresarios a producir, dejar a partidos debilitados e incapaces de alcanza
el poder y movilizar a las fuerzas sociales como las bases del nuevo Estado. La
nueva estructura de poder tendrá sus universos separados: el Estado conductor,
el sistema productivo y las relaciones sociales de producción.
Sin embargo, en el camino que tiene cuando menos tres años de
posibilidades --dos perdidos, el primero por la desaceleración y el segundo por
el COVID-19--, una crisis como la del coronavirus está sirviendo como arena de
lucha por la hegemonía entre neoliberales y populistas. Y como no se ven
acuerdos para pactar la reconstrucción del modelo de desarrollo, entonces los
escenarios para después de la pandemia son tristes: un populismo que mantenga
al país en tasa de PIB de 1% máximo y un neoliberalismo improductivo y con alto
costo social que nunca recuperará el 6% de PIB anual.
En este sentido, la crisis por el COVID-19 tiene tres pistas: la
pandemia sanitaria que causará muchos daños sociales, la lucha por la hegemonía
entre grupos de poder y la construcción de un bloque de poder lopezobradorista.
