Carlos
Ramírez
El relevo de
cuatro consejeros electorales del Institutito Nacional Electoral perdió la oportunidad de construir una
nueva democracia posneoliberal. Además de ser hijo directo de la Comisión
Federal Electoral de julio de 1988, el organismo electoral vigente tuvo como padrino de bautizo al Tratado de
Comercio Libre con los EE UU.
Al proponer en
1990 un nuevo organismo para borrar
las pistas de los fraudes electorales de la CFE de Gobernación, el entonces
presidente Salinas de Gortari evitó
una oficina para realizar elecciones libres y creó un aparato político que engañara con su autonomía de la autoridad
federal, pero que de manera paradójica disminuyera
su autonomía de la sociedad con intermediados forjados en la política priísta.
La democracia
priísta neoliberal era la que creaba una estructura de filtro de intermediación entre la voluntad popular y el gobierno.
Las reglas para registro de partidos y para participación electoral se centralizaron en el Instituto y sus
consejeros para evitar la democracia
libre y directa. El IFE-INE salinista opera como el calificador de lo que debe ser democracia. Y para el Instituto y
sus consejeros la democracia es lo que ellos deciden y no la voluntad del pueblo votante. El INE practica una
democracia que no cambie los valores
ideológicos de la democracia priísta.
La estructura
del IFE nació para mantener una
democracia no sólo controlada, sino vigilada
por el establishment político-partidista. Los guardianes de la democracia fueron los consejeros y el consejo
general: primer con magistrados electorales (1991-1994), luego con consejeros
ciudadanos (1994-1996 que en realidad no
representaban a los ciudadanos sino a grupos de poder que disputaban la
política) y finalmente con consejeros electorales (de 1996 en adelante).
El consejo
general del IFE-INE ha sido el principal obstáculo
para la democracia electoral real. Su papel es el de intermediar entre los intereses de los partidos, los poderes
constituidos, el régimen priísta y los electores. Pero su pecado original es que los consejeros que
hacen funcionar al INE son designados por los partidos que debieran ser vigilados. Al principio operó la fuerza
personal de Salinas de Gortari y Zedillo para imponer candidatos a modo y después los partidos que
votaban los nombramientos se repartieron
los consejeros como cuotas de poder.
El consejo
general fue presidido por los
secretarios de Gobernación en turno de 1991 a 1996 y luego fue encabezado por
un consejero votado por los demás consejeros. Pero como todos los consejeros
fueron producto de la voluntad de
los últimos presidentes de la era PRI del siglo XX --Salinas de Gortari y
Zedillo--, entonces su función fue cuidar
al PRI, controlar a la oposición y administrar
la democracia que se ahogaba en un mar de regulaciones.
Al ser un
organismo electoral creado por
presidentes de la república en la transición a la alternancia, en consecuencia,
el IFE fue un aparato de control de
la democracia priísta. La alternancia fue fácil
porque se dio a la derecha con un PAN domesticado y un Vicente Fox
desorientado.
La designación
de cuatro consejeros que le tocaba al gobierno de López Obrador fue la
oportunidad para desaparecer el INE
y crear un nuevo organismo sin
vigilancia de poderes y de partidos. En tres instancias los partidos que deben
ser vigilados por el INE están dentro
del consejo general: como partidos que representan a las dos cámaras, como
partidos en directo y como partidos que votan a los consejeros. Este mecanismo impide que haya en México un verdadero
organismo electoral democrático o cuando menos profesional.
El gobierno de
López Obrador perdió la oportunidad
de rehacer el INE a tiempo. El INE en las elecciones del 2021 garantizará el orden
político priísta, al fin y al cabo que Morena, la 4-T y más de las dos terceras
partes de los morenistas salieron
del PRI sin abandonar sus viejas prácticas de dominación social.
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Pozo negro. Las colas de corrupción de
Emilio Lozoya en Pemex no terminan en compra de votos legislativos, sino que se
metieron y continúan en las entrañas de la empresa Pemex. El caso del
empresario David Martínez, incorporado por Lozoya en asociaciones, que funcionó
más como representante de los negocios turbios del exdirector en la empresa
Seamex y su asociación con Seadrill. Y la investigación contra Lozoya se debe
extender a su sucesor en Pemex José Antonio González Anaya en el caso de la
empresa Oro Negro. Diputados, Fertinal, Nitrogenados, Odebrecht y otros asuntos
de corrupción deben refundir a Lozoya y aliados en la cárcel.
Política para dummies: La política puede engañar a muchos, pero no a todos;
con un disidente puede bastar.
@carlosramirezh
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